La suma urgencia dada por el gobierno a la reforma de pensiones no es consistente con el esquema de trabajo acordado en la Comisión de Trabajo del Senado con acuerdo de los dos ministros más importantes en la materia. Esta Comisión ya había comenzado a trabajar identificando seis temas prioritarios. La discusión debe hacerse en el orden correcto. Es una señal política equívoca apurar contra reloj una importante reforma que no admite errores ya que no sería sustentable. El enorme tiempo perdido en esta materia en los últimos años es producto de la falta de acuerdos de toda la clase política incluyendo a quienes hoy gobiernan cuando eran oposición.
Lo más débil del sistema de pensiones no es la solidaridad, sino que es el ahorro individual, no cabe duda. El escenario base ha cambiado por los retiros y la PGU.
El economista David Bravo que asistió como técnico a reunirse con la Comisión de Trabajo del Senado dijo: “No es cierto que el énfasis tenga que estar puesto en los pensionados actuales: los pensionados futuros son los que están más deteriorados porque tienen el problema de la expectativa de vida, que va a seguir creciendo lo que afecta la sustentabilidad del sistema”.
Se carece de políticas públicas adecuadas que resuelvan las causas importantes de las bajas pensiones. Es absolutamente necesario tener una discusión técnica seria y a conciencia ya que lamentablemente la Cámara de Diputados delegó todo esto en el Senado, y se le quita tiempo. Se debe basar la discusión en analizar datos y evidencia, luego las medidas para poder comenzar la discusión.
Una reforma del sistema de pensiones que responda a la ideologización de un tema que debe plantearse como un asunto de Estado y no como una confrontación de gobierno/oposición, puede dar lugar a un sistema totalmente insostenible. La sociedad no está informada de varias de las importantes razones que han originado las bajas pensiones.
¿Es importante llevar a cabo una reforma de pensiones? Absolutamente sí, pero sólo con un buen diagnóstico se llegará a una buena reforma. Las pensiones deben ser un reto de Estado y no una moneda de intercambio y presión política.
La reforma presentada por el gobierno se basa en “el fin de las AFP”, de un fuerte contenido ideológico. La reforma no considera otros factores de gran incidencia en las bajas pensiones que son la elevada informalidad, las lagunas previsionales y la edad de jubilación. El sistema previsional es un reflejo del mercado laboral que se debe recuperar mucho aún. Esto exige más inversión y más empleo, que a su vez requiere de crecimiento económico y reglas institucionales claras.
El Estado de Bienestar se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la educación, la salud y las pensiones. Sin embargo, con la pirámide poblacional invertida que se estima hacia el 2040, debido al descenso de la natalidad y al alto porcentaje de personas mayores, un cuarto pilar sería la dependencia lo que no puede estar ausente de ninguna discusión.
Existe la voluntad de todos los sectores para aumentar la PGU a $250.000, y puede hacerse independientemente de la reforma de pensiones. Esto debe estar claro para todos quienes la reciben y pueden recibir. Fue creada por la ley N° 21.419, reformada por la Ley N° 21.538, del 26 de enero de 2023. Se trata de reformar la ley y aumentar la PGU desde ya con la consistencia fiscal que corresponda.
La reforma en el Parlamento no incluye la modificación de la edad de jubilación. No es posible sostener un sistema de pensiones que debe ser sustentable a lo largo de los años, cuando la gente vive más y se sigue jubilando a la misma edad hace años. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, la esperanza de vida en las mujeres se sitúa en los 86,05 años y en los hombres, poco más de 81 años. Esto no es popular, pero debe hacerse. y la propuesta de ley no lo incluye.
Uruguay, país pionero en el surgimiento y desarrollo de la seguridad social que cuenta con un sistema de AFAP privadas y una AFAP del Banco República a elección de los uruguayos, aprobó en abril de 2023 una reforma sube de manera progresiva la edad mínima de retiro de los 60 años actuales a los 65 años, siempre con 30 años de aportes jubilatorios, contemplando la posibilidad de retirarse a los 63 años, en el caso de haber aportado 38.
La Central Sindical de trabajadores de Uruguay PIT-CNT, recolectó las firmas necesarias para un plebiscito que se llevará a cabo el mismo día de la elección presidencial el próximo 27 de octubre, lo que de por sí es complejo. Propone establecer en la Constitución la edad mínima de retiro en 60 años, equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo y eliminar las AFAP todo en una pregunta. Existe tensión por divergencias en el Frente Amplio uruguayo que ya hace tiempo buscan eliminar las AFAP privadas.
Mario Bergara, ex precandidato a presidente por el Frente Amplio de Uruguay, se manifestó en contra de la pretensión de su coalición de eliminar las AFAP, equivalentes a las AFP en Chile, porque entiende que protegen los ahorros individuales de las personas, argumentando que en tiempos de crisis “los gobiernos apelan a cuanta caja encuentran cerca, excepto que haya restricciones institucionales” como las reservas del Banco Central y los fondos de pensión individual dice Bergara.
En resumen:
1.- Es fundamental contar con un claro y preciso diagnóstico de las causas de las bajas pensiones para llegar a una buena reforma e informar al ciudadano con veracidad. Se debe bajar la informalidad laboral, prevenir las lagunas previsionales y aumentar la edad de jubilación, creando las políticas públicas adecuadas e incentivos para ello. Caso contrario no habrá reforma que garantice buenas pensiones futuras.
3.- El nuevo sistema debería ser equitativo, eficiente y sostenible. Debe permitir la libertad de elección por parte de los afiliados, que son los dueños del ahorro.
4.- Es necesario formar e informar a los ciudadanos en materia de pensiones tal que puedan tomar las decisiones relativas a su pensión, trabajo, aportes, retiros, con conocimiento. La política de retiros no sólo disminuyó las pensiones de muchos, sino que afectó al mercado de capitales que hoy cuenta con 50 mil millones de dólares menos para financiamiento a largo plazo que usan los créditos hipotecarios.
5.- Se trata entonces no de refundar y eliminar las AFP para terminar con el sistema sino de reformar la industria de pensiones para tener mejores jubilaciones, más eficiencia, más transparencia, más competencia y menores costos para las personas que van a ser finalmente las beneficiadas de las pensiones.
6.- De acuerdo con un estudio realizado por Clapes UC, del que la autora de esta columna fue parte, la mejor opción para las personas sería contar con la libertad de elegir entre administradores privados y uno estatal, que compitan bajo las mismas condiciones y que puedan aprovechar las economías de escala que se han logrado en el sistema de pensiones a lo largo de los últimos años. Esto estimularía la competencia de la industria. Se podrían agregar economías de escala si se crease una entidad dedicada a la cobranza de cotizaciones no pagadas, con la concurrencia del SII y la TGR para que, cruzando información sobre ventas e ingresos de los empleadores, se logre reducir el incumplimiento de las obligaciones previsionales. Además, debe aumentarse la dotación de fiscalizadores de la Dirección del Trabajo, que en la actualidad prácticamente no fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones previsionales.
El tiempo dura lo suficiente para quien lo bien utiliza. De eso se trata. (El Líbero)
Iris Boeninger
