En los próximos días se supone que se conocerá en detalle la reforma previsional que se ha estado negociando. Preocupa que el corazón sea el aumento de pensiones hoy, a cambio de menores pensiones mañana. Ello es similar a la lógica de quemar los muebles de la casa para resolver el problema de calefacción.
Desde hace rato que las grandes “reformas y acuerdos” vienen produciendo efectos distintos a los prometidos como, por ejemplo, las recaudaciones esperadas no son tales o lo que debía mejorar termina empeorando. Más allá que uno esté o no de acuerdo con lo que se apruebe, al menos se debe exigir que quienes la apoyen tengan claras sus consecuencias. Entregar una respuesta clara, basada en datos y estudios transparentes de los efectos de la reforma a las preguntas que se plantean:
1: ¿Cómo se entiende fiscalmente este acuerdo? Se dice que la razón para forzar un “préstamo” de los trabajadores es la estrechez fiscal, pero de acuerdo a la información oficial disponible, para garantizar el pago del préstamo se requiere de aportes fiscales al menos de US$ 1.000 millones al año, mientras que los beneficios previsionales que se buscan financiar implican un costo de aproximadamente US$ 850 millones. A este costo además hay que sumar el mayor costo fiscal por el aumento de la cotización de 6% para la abultada planilla pública. ¿Es creíble la justificación fiscal para imponer un préstamo obligatorio a los trabajadores si los costos de este acuerdo son mayores para el fisco que los beneficios que se quieren entregar? ¿Cuál es realmente el objetivo de la reforma?
2. ¿Cuál es el efecto en el mercado laboral formal de un aumento de la tasa de cotización de 6% como costo adicional a la contratación de trabajadores formales? ¿Acaso la informalidad que pudiera gatillar el proyecto no agrava el problema que se quiere resolver? El año 2017 para la reforma impulsada por la entonces Presidenta Bachelet, que aumentaba en 5% la tasa de cotización, el informe de productividad elaborado por el Ministerio de Hacienda y el del Trabajo, estimó que el impacto podía ser de hasta un 8% de caída en el empleo formal. Utilizando esos mismos resultados, la destrucción de empleo formal pudiera ser ahora de hasta 620.000 puestos de trabajo. Hasta el momento no se conoce ningún informe oficial que haya evaluado ese impacto.
3. ¿Cuánto caerán las pensiones de los futuros jubilados por ocupar una parte de sus ahorros en pagar mayores pensiones a los actuales jubilados? De acuerdo a estimaciones preliminares, por el hecho de obligar a los trabajadores a prestar al fisco una parte de su cotización, el ahorro acumulado por este concepto se reduce entre un 10 y un 20%. ¿Cuál es el efecto final en las pensiones de los futuros jubilados? ¿No es evidente que el supuesto “préstamo” termina siendo otra forma de reparto?
4.¿Cuál es la verdad técnica respecto de lo aseverado por la ministra del Trabajo hace unos días cuando sostenía que no era suficiente el componente de reparto que se estaba discutiendo y en consecuencia debía subirse para que alcancen los recursos para pagar los beneficios prometidos? Si eso es cierto, ¿cuál es la cláusula de ajuste? ¿Se reducen los beneficios? ¿Se aumentará el componente de reparto del sistema, o la única “solución” será que el Estado no pague su deuda con los trabajadores? ¿No sería eso transformar el “préstamo” completo en “reparto”?
Hay quienes argumentan que no habrá mejor momento para alcanzar un acuerdo aceptable que ahora. Varios se han mostrado arrepentidos de no haber aprobado la reforma propuesta por la Presidenta Bachelet en su segundo mandato o bien la del Presidente Piñera que logró ser aprobada por la Cámara de Diputados pero que luego se estancó en el Senado. Parecen olvidar que de haberse aprobado cualquiera de esas dos reformas, no se hubiese implementado la Pensión Garantizada Universal PGU, reforma que, en comparación a cualquiera otra discutida en el pasado, es la que más subió las pensiones de los sectores de menores ingresos, sin reparto y sin control político sobre los fondos previsionales. Los dos intentos fallidos de reforma que dieron paso a la creación de la PGU, así lo demuestran. Las opciones futuras no tienen por qué ser peores. Es de esperar que cuando el Gobierno dé a conocer los detalles del proyecto a ser presentado al Congreso, lo acompañe de un informe financiero que evalúe el impacto fiscal, de un informe de productividad que evalúe el efecto en el mercado del trabajo y un informe que compare el efecto en las pensiones actuales y futuras en relación a otras alternativas que han surgido en estos meses. Nunca es malo no llegar a acuerdo si el acuerdo es malo. Peor aún no transparentar cuán malo es lo que se está aprobando. (El Mercurio)
Bettina Horst
