Nadie lo discute, las pensiones son bajas, inferiores a las esperadas por los ahora jubilados o los que están prontos a hacerlo. Son varias las razones que explican esta situación, pero sin duda una de las más importantes es que vivimos cerca de diez años más que cuando se creó el actual sistema de pensiones, teniendo que financiar esa mayor longevidad con los recursos estimados hace más de 35 años.
Entonces, la causa fundamental no es un problema, es una consecuencia del nivel de desarrollo alcanzado por nuestro país. Mirado así, el sentido común plantea una solución obvia; prolongar nuestra vida activa y ahorrar más. Ambas cosas son buenas para el país, ya que son los fundamentos del crecimiento; mayor ahorro para financiar inversión y más tiempo de productividad de los trabajadores. A nivel individual es cierto que mayor ahorro exige sacrificar consumo presente, pero si se implementa en forma gradual y se realizan buenos negocios con esos ahorros, contrario a lo que piensa la Presidenta, ese sacrificio será sobre recompensado con mayor consumo futuro. Mantenerse más tiempo activo tampoco tiene por qué ser un castigo, a la inversa, suele ser beneficioso para la salud física y mental. Por lo tanto, no tenemos un problema sino un desafío, que con un liderazgo bien enfocado podría redundar en mayor bienestar para el país.
Surge entonces el problema real; la falta de liderazgo político para enfocar correctamente el desafío, buscando el progreso del país. Nos vemos enfrentados a un proyecto de ley basado en dos consignas fundamentales: incorporar mayor “solidaridad” al sistema y que no vaya ni un peso más para las AFP. Por cumplir con esos criterios, las propuestas terminan siendo regresivas e impactando muy negativamente el empleo y los salarios, de acuerdo con las propias estimaciones del Ministerio de Hacienda, tema que se ha analizado bastante.
Las transferencias “solidarias” de un grupo a otro tienen sentido cuando sólo un grupo enfrenta el problema, pero en este caso la mayor expectativa de vida es generalizada, por lo cual, además de profundizar el pilar solidario con impuestos generales, es evidente que todos deberían participar en la solución. No es egoísmo que cada trabajador aporte sólo a su cuenta, es necesario que todos lo hagan. ¿Para qué entonces introducir un impuesto al trabajo formal regresivo (los que ganan por sobre el tope imponible pagan menos) con todas las distorsiones que eso genera? Para que la propuesta contenga esa “pseudo solidaridad” de la consigna. Se hace entonces necesario, para atenuar la regresividad del impuesto, subir en un 50% el tope imponible. Sin embargo, dado que la comisión que cobran las AFP es un porcentaje del ingreso, el alza del tope les generaría mayores ingresos. ¡Horror! no pueden recibir un peso más, entonces se establece el absurdo de que los que ganan sueldos altos pagarán comisiones más bajas que el resto, generándose otro elemento de regresividad. No sólo eso, la propuesta tiene un enorme costo fiscal por las cotizaciones de los funcionarios y por la caída de recaudación de impuesto a las empresas y a las personas.
En definitiva, lo que podría ser un desafío para avanzar hacia el desarrollo, se transforma en una muy mala reforma, con más costos que beneficios. (La Tercera)
Cecilia Cifuentes
