Los sistemas de pensiones existen porque la mayoría de las personas no son suficientemente previsoras para ahorrar para la vejez. De hecho, son una creación del siglo XX, pues antes eran las familias quienes se encargaban de procurar a sus ancianos los medios para vivir cuando no tenían posibilidades de generar sus propios ingresos. Por lo mismo, permitir a las personas que retiren sus fondos previsionales a su antojo es, al menos, una muy mala idea. ¿Para qué obligar a las personas a ahorrar para la vejez si después les damos la posibilidad de gastarse la plata antes de llegar a ella?
Pero el abogado Fernando Atria y el movimiento No+AFP han concertado una serie de acciones legales en distintas partes de Chile, destinadas a que un tribunal decrete que los afiliados al sistema pueden retirar sus ahorros antes de cumplir los requisitos que la ley establece para jubilar, pues son propietarios de ellos. Todas estas acciones fueron declaradas inadmisibles o rechazadas, excepto una. La Corte de Apelaciones de Antofagasta se lleva el dudoso honor de declarar que, como podría estarse afectando el derecho de propiedad establecido en la Constitución, el Tribunal Constitucional debía pronunciarse acerca de la petición de la profesora María Ojeda en ese sentido.
No deja de ser paradojal que Fernando Atria, cuyas bestias negras en la discusión pública han sido el Tribunal Constitucional y un derecho de propiedad sin restricciones, recurra justamente a estos dos instrumentos para lograr sus objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Me parece que en el caso de Fernando Atria demostrar que los ahorrantes no son dueños de sus ahorros previsionales y en el de No+AFP, echar mano a los fondos previsionales para quebrar el sistema. Si alguien necesita una demostración empírica del dicho ese de que “el fin justifica los medios”, aquí tiene una. Dejar a los ancianos sin pensiones, o al menos correr ese riesgo, parece ser un medio aceptable para lograr el objetivo ideológico de desprestigiar un sistema en medio de una discusión legislativa.
Pero la guinda de la torta en toda esta historia la ponen dos diputados DC. José Miguel Ortiz y Gabriel Silber presentan una moción (inconstitucional, por supuesto, pues las materias de seguridad social son de iniciativa exclusiva presidencial) para permitir que los afiliados al sistema de AFP puedan retirar fondos de su cuenta para pagar créditos hipotecarios.
Lo más grave de estas acciones es la irresponsabilidad. Es difícil que alguien pueda sostener que ellas no causarían un grave daño a los ahorros previsionales de los trabajadores. Sin embargo, ello no les importa, la institucionalidad puede irse al carajo, si con ello logran ganarse el favor de los incautos que descreen del dicho ese, que por algo es gringo, de que uno no puede comerse un pastel y al mismo tiempo mantenerlo en su propiedad. (La Tercera)
Luis Larraín
