La “permisología” está ahogando la inversión en Chile. Para avanzar, el debate técnico se ha centrado en cómo disminuir los plazos para la aprobación de nuevos proyectos. Pero esto es un error, porque simplifica en exceso el desafío actual de política pública. Estos plazos son la consecuencia de un modelo de permisos que funciona mal, no su causa.
Recordemos que una de las funciones principales del Estado es la de regular y tutelar el ejercicio de las actividades económicas desarrolladas por los particulares, allí donde exista un interés público comprometido. Cuando tal interés amerita un nivel de protección especial, surgen los permisos, que en nuestro país constituyen un conjunto que supera los 300 tipos. Estos, con sus diversos objetivos, fundamentos y denominaciones, tienen un elemento en común: requieren, a lo largo de las fases de desarrollo de un proyecto, de una autorización expresa por parte de uno o más de los 50 organismos que, entre otras funciones, recaban información, autorizan el acceso a recursos naturales o el inicio de la construcción de obras.
Tal heterogeneidad, tanto de regulaciones que establecen condiciones para desarrollar una actividad, como de órganos encargados de emitir autorizaciones, ha generado condiciones propicias de entropía que, progresivamente, han ralentizado el proceso de aprobación de nuevas inversiones.
En ese contexto, establecer como foco principal la disminución de los plazos de aprobación de los permisos es insuficiente y puede ser, incluso, contraproducente. Si el plazo se asume como la única variable relevante, bastaría disponer mecanismos más estrictos para su cumplimiento. Pero, probablemente, ello provocaría una mayor tasa de rechazos por parte de la autoridad, amparada en el resguardo del correspondiente objeto de protección; o al revés, podría implicar que, en la práctica, se rebajen los niveles de protección de dichos objetos, autorizando proyectos que no cumplan los estándares adecuados, con los consecuentes daños para la salud o el medio ambiente, entre otros.
Por último, debe considerarse que los plazos normativos vigentes para la aprobación de permisos no son necesariamente adecuados ni factibles. Algunos se definieron décadas atrás, en un contexto económico, ambiental y tecnológico distinto. Y si bien pueden servir como referencia, el esfuerzo debería enfocarse en determinar los tiempos de aprobación en función de variables que recojan la heterogeneidad de los proyectos que se desarrollan, definiendo umbrales objetivos para el actuar del regulador según el riesgo involucrado.
Entonces, ¿cuáles debieran ser los énfasis prácticos para promover una mayor inversión sin sacrificar los intereses públicos que queremos proteger?
Los estudios de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad proponen dos áreas de actuación. La primera, para permisos ya existentes, sugiere limitar la exigencia de autorizaciones previas solo a los casos en que el nivel de riesgo sea suficientemente alto. La segunda, recomienda intervenciones particulares en los organismos del Estado cuyos permisos son los que mayores plazos aportan a la ruta crítica de aprobación de un proyecto. Estas intervenciones incluyen formalizar instancias de definición de alcance, estableciendo requerimientos y plazos de evaluación precisos, e incorporar revisores externos para asegurar que estas evaluaciones sean de alto nivel técnico, sin aumentar la dotación permanente de funcionarios públicos.
Así, el foco de la discusión debe estar, más que en los plazos, en elementos sistémicos: mecanismos que garanticen que el proceso de aprobación de una inversión sea lo más eficiente posible. El resultado sería menores plazos de aprobación, así como menores niveles de rechazo, lo que reduciría la carga administrativa regulatoria y aportaría mayor certeza jurídica.
Raphael Bergoeing
Presidente Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP)
Cristián Romero
Director jurídico, Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP)
