El Presidente Sebastián Piñera anunció que durante 2019 presentará al Congreso el proyecto de ley de modernización del Estado, el cual incluye la reforma al Tribunal Constitucional (TC). El cambio está contemplado en el programa de gobierno del Mandatario, aunque no aparecía dentro de las prioridades legislativas de este año.
El anunció ocurrió tras el discurso del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, durante la ceremonia que dio inicio al año del Poder Judicial. En su alocución, a la que asistió Piñera, la máxima autoridad de la Corte Suprema hizo un llamado a “observar rigurosamente los límites insalvables de las distintas competencias” que tienen las instituciones del Estado. Como ejemplo, recordó el fallo del TC que declaró inaplicable las normas del Código del Trabajo sobre tutela laboral, cuyo proceso pretendía unificar jurisprudencia , además de la contienda de competencias con Contraloría por las pensiones en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
“(Estas situaciones) reflejan la existencia de áreas cuyos límites requieren análisis y observación crítica que conduzcan a superar un estado de tensión. De ser exacerbado, puede afectar la estabilidad y seguridad jurídica”, señaló Brito en su discurso.
De acuerdo al Presidente Piñera, “cuando se debilita la independencia del Poder Judicial, se debilita la fortaleza del Estado de derecho. Por eso es muy importante aprender a respetar y proteger la independencia y el buen trato entre los distintos poderes del Estado”.
En cuanto a la relación del Poder Judicial y el TC, el Mandatario aseguró que “en nuestro programa de gobierno está una revisión del funcionamiento, la forma en que se designan los miembros del Tribunal Constitucional y esa es una materia que es parte de lo que llamamos la modernización del Estado, que vamos a acometer durante este 2019”.
Con estas declaraciones, el Mandatario da una prioridad distinta a la reforma al TC. Ello, en comparación a lo que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, había planteado en ocasiones anteriores. Incluso, durante una reunión entre el secretario de Estado y los diputados de la Comisión de Constitución, Larraín entregó a cada parlamentario una minuta con la calendarización de los proyectos que el Ejecutivo pretende priorizar, instancia donde no se incluyó las modificaciones al organismo.
“Más que una norma que pudiera solucionar esta cuestión, hay que trabajar en la autorregulación del ejercicio de las funciones, en la forma más responsable en que cada uno debe actuar dentro de ella. Por más que uno diseñe un cuadro normativo y teóricamente despejar esta cuestión, creo que igual pueden producirse conflictos así hacia adelante”, señaló Larraín.
Trascendió que el Ejecutivo ya ha avanzado en conversaciones con la oposición para reformar este organismo. En estos diálogos se ha abordado el sistema de nombramiento, así como el número de sus integrantes.
Además, Brito señaló que durante 2018 se iniciaron 245 procesos por violaciones a los derechos humanos, entre 1973 y 1990. Durante todo el año, informó el magistrado, 25 causas se encontraban o fueron suspendidas con ocasión de acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del TC. “Finalmente, 16 fueron rechazadas”, informó. Además, declaró que por esta razón los casos estuvieron paralizados, en promedio, 238 días.
La Tercera/Agencias
