En un proceso que se extendió por dos décadas, la Corte de Apelaciones de Santiago finalmente confirmó que Augusto Pinochet Ugarte emitió declaraciones de impuestos “maliciosamente falsas” entre los años tributarios 1999 y 2004. Todo como consecuencia de sus inversiones ocultas al alero del Banco Riggs.
De acuerdo a información recopilada por BBCL Investiga, el tribunal de alzada capitalino confirmó una liquidación por más de 1.550 millones de pesos emanada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), tras descubrirse —en 2004— el desvío de dineros del dictador a la entonces prestigiosa institución financiera con sede en Washington DC.
Según se desprende del fallo, la familia Pinochet no logró justificar a lo largo del proceso judicial el origen de las millonarias sumas que invirtió en el banco estadounidense, que —más tarde— le reportarían rentas que no fueron declaradas, ni los correspondientes impuestos pagados en Chile. Aquí aparecen intereses, dividendos y utilidades obtenidas por operaciones realizadas con la colaboración del Riggs.
VARIAS IDENTIDADES
De acuerdo a antecedentes tenidos a la vista por la Unidad de Investigación de Bío Bío, en la trama figuran dos sociedades que fueron clave para los movimientos del líder del Golpe de Estado de 1973: Ashburton y Althorp. Corresponden a empresas “fachada” que el banco ayudó a establecer en Bahamas.
Ninguna tenía empleados ni oficinas físicas, pero “beneficiaban directamente a Pinochet y su familia”, reza el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara que auscultó las cuentas bancarias del exsenador vitalicio.
Respecto de Ashburton, la instancia concluyó que fue fundada alrededor de abril de 1996 y que incluso funcionarios del Riggs fungieron, en el papel, como directores y funcionarios de la empresa. Todo, “con la finalidad de que el nombre de Pinochet no apareciera en los documentos”. La segunda, en tanto, fue formada en febrero de 1998, “usando una estructura similar”.
La colaboración del Riggs fue tal, que luego de que el caso explotara y se hicieran conocidas las cuentas de Pinochet, el banco alteró los nombres oficiales que aparecían en la cuenta de “Augusto Pinochet Ugarte & Lucía Hiriart de Pinochet”, por “L. Hiriart &/or A. Ugarte”, lo que impedía cualquier búsqueda manual o electrónica del apellido Pinochet.
A juicio del tribunal de alzada capitalino, el vínculo del dictador con esas firmas no fue desvirtuado en el transcurso del proceso e incluso la familia reconoció una utilidad por casi 6 millones de dólares durante el periodo analizado.
En opinión de los magistrados, es razonable presumir “fundadamente” que los fondos retirados de esas sociedades involucran un aumento patrimonial de Pinochet. El fallo sostiene que los dineros fueron a parar a un fideicomiso administrado por GLP Limited, a través del cual la familia recibió réditos económicos.
“Se trata, por ende, de ingresos no declarados”, sostiene la decisión firmada por los ministros Romy Rutherford Parentti y José Rodríguez Moreno, la fiscal Ana Hernández Medina y la secretaria Sonia Quilodrán Le-bert.
¿PAGADOS O POR PAGAR?
Pese a confirmarse que Pinochet no pagó los tributos por sus operaciones en el Riggs, fuentes cercanas al caso sostienen que la sucesión del militar ya habría saldado la deuda. Ello habría ocurrido luego de que el Estado confiscara a los herederos depósitos bancarios y otros bienes. Algo que no fue confirmado ni descartado por el SII ante las consultas de BBCL Investiga.
No obstante haber representado los intereses del organismo fiscalizador en la causa judicial, el CDE aseguró escuetamente que “la representación judicial del fisco respecto de lo indicado corresponde exclusivamente al Servicio de Tesorerías”. Con ello declinaron emitir un pronunciamiento formal. Requerida la Tesorería General de la República dijeron estar impedidos de detallar si la liquidación deberá ser o no pagada por tratarse de información reservada. Se trata —dijeron— de antecedentes de carácter personal por lo que la divulgación de estos datos afectaría los derechos del contribuyente.
Consultados los abogados de la familia de Pinochet evitaron pronunciarse respecto del fallo.
Probablemente todo termine zanjado ante la Corte Suprema.
CASI POR CASUALIDAD
El caso Riggs explotó en Chile en 2004, luego de que el Senado de Estados Unidos descubriera casi por casualidad las inversiones de Pinochet. Fue el Subcomité Permanente de Investigación del Congreso norteamericano el que comenzó a seguir rastros de financiamiento al terrorismo internacional tras el atentado a las Torres Gemelas. Los primeros indicios apuntaron a movimientos sospechosos en el Riggs. Más tarde, el nombre de Pinochet saltaría a la vista.
Todo derivó en una querella en su contra en Chile por malversación de fondos públicos y evasión tributaria, La misma que, más tarde, le costaría el desafuero. Tres militares (r) que sirvieron al exsenador vitalicio fueron condenados. El principal imputado fue sobreseído debido a su muerte. De manera paralela, el SII abrió un proceso administrativo para lograr que Pinochet pagara los tributos correspondientes derivados de sus dineros en el extranjero. La liquidación no fue aceptada por la familia, por lo que en 2015 ingresaron la apelación ante la Corte de Santiago. Todo terminó en este nuevo revés.
