La práctica referendaria o plebiscitaria tiene un sentido complementario y positivo en la democracia moderna cuando se refiere a la toma de decisiones muy relevantes para el futuro del país.
Cuando se ocupa de manera muy frecuente o casi continua para asuntos poco relevantes termina convirtiéndose en una suerte de asambleísmo directo, manipulado las más de las veces por un poder autoritario que debilita la vida democrática y termina reflejando impulsos momentáneos o estados de ánimo pasajeros, porque la reflexividad se reemplaza por respuestas binarias incapaces de atrapar la complejidad de la construcción política.
Quizás las única excepción, por razones culturales e históricas muy particulares, es el caso de Suiza.
En el caso del plebiscito de salida para aprobar el proyecto que presentará la Convención Constitucional en Chile, nos encontramos, sin duda, en el primer caso, es decir en el de las decisiones muy importantes para la vida futura del país.
Ello ha adquirido una importancia aun mayor de lo esperado, porque el transcurso entre el plebiscito de entrada y el de salida no se ha caracterizado por una estabilización y el retorno a la serenidad en la convivencia democrática, tampoco en el regreso a una normalidad en las condiciones materiales de existencia de los chilenos ni de un mejoramiento del entorno económico y político internacional.
Por el contrario, el mundo que nos rodea vive tiempos aciagos, no solo la pandemia no termina de concluir, sino que la situación geopolítica es grave y dolorosa.
La invasión rusa a Ucrania ha devenido en un conflicto largo y cruel que ha cambiado las coordenadas políticas en Europa. La heroica resistencia de los ucranianos se enfrenta a un Putin fuera de sus cabales, lo que aleja el fin de la destrucción. La economía mundial ha debido rebajar sus expectativas y es muy posible que otros focos de violencia estallen en distintos lugares; fenómenos como la carestía provocada por la inflación nos están afectando y nos afectarán en el futuro.
Aun cuando sigue siendo temprano para emitir juicios definitivos sobre el actual gobierno, es claro que sus primeros pasos no invitan, desgraciadamente, a hacerse grandes ilusiones.
Más allá de los errores comprensibles por la falta de experiencia del nuevo grupo dirigente, que las inclusiones de personas con mayor rodaje no alcanza a ocultar, se nota en él una penosa ausencia de cultura de gobierno que los hace contradecirse, paralizarse, avanzar y retroceder y finalmente desproteger el bien público en nombre de convicciones e ideologismos partisanos que generan confusión y son aprovechados por aquellos sectores identitarios o políticos partidarios de la violencia para dejar al gobierno en la peor situación en política: el ridículo.
Los tiempos de adquirir un mayor aplomo se acortan, porque las cifras económicas y sociales no acompañan y tienden a deteriorarse. La reciente cuenta pública del Presidente va en lo grueso en esa dirección, ojalá esas palabras sean seguidas por la acción.
En el plebiscito de entrada se produjo una abrumadora mayoría por una nueva Constitución. Si no consideramos para efecto de nuestro análisis aquel 20% que no estuvo de acuerdo, al interior del 80% que aprobó, una parte no menor, a juzgar por las encuestas, está descontenta con la dinámica del proceso constitucional y son críticos del extenso borrador constitucional que ha presentado la Convención.
Ese descontento no es necesariamente conservador y no dice relación con todo lo que contiene el texto. El borrador tiene algunos contenidos propios de una Constitución avanzada, contiene elementos valiosos de vocación social, incluso se podría decir que en su contenido económico, salvo en algunos aspectos que debieran ser corregidos, no conduce a una suerte de catástrofe económica como otros experimentos que han tenido lugar en la región.
Pero el bloqueo del desarrollo económico, social y político no proviene siempre de las definiciones estrictamente económicas, pueden incluso provenir más intensamente de la inestabilidad política, de la ausencia de independencia de los poderes públicos, del debilitamiento de las instituciones, de los espacios de arbitrariedad que genera el paso de una extrema rigidez a una extrema flexibilidad al reducir las disposiciones constitucionales a un estatus puramente legal, pudiendo ser cambiadas por mayorías simples. También por la exacerbación identitaria desmesurada, que da origen a autonomías artificiales, y por el exceso de detallamiento de los derechos sociales que obvia la necesidad de recursos para financiarlos. (La Tercera)
Ernesto Ottone
