La llamada “crisis de octubre” (que aún no termina) no deja de sorprender. Ya no se trataría sólo de legitimar la violencia como medio de acción política por parte de ciertos sectores, sino que también podría expresarse en la necesidad de reescribir la historia. Pero no mediante el trabajo metódico que hacen los historiadores, y el debate consecuente que este trabajo genera, sino por la fuerza física (al, por ejemplo, derribar un monumento de un héroe o de un personaje histórico) o, lo que pareciera ser más “democrático”, por efecto de la mayoría, mediante normas legales o constitucionales, que decreten la eliminación de algunos símbolos nacionales.
No por nada, un analista de la plaza ha insinuado que resulta legítimo que las sociedades se replanteen la existencia de ciertos emblemas patrios, monumentos y próceres, que darían cuenta de una supuesta “historia oficial”. Dicho analista, valga aclarar, no sólo constató que los procesos de crisis o de quiebres institucionales han dado cuenta históricamente de esos replanteamientos, sino que también validó que el proceso constituyente que se avecina podría hacer lo propio. Y como ejemplo de lo anterior, propuso directamente la eliminación del lema de nuestro escudo: “Por la razón o la fuerza”.
Esta última propuesta no es original. El 5 de octubre de 2004 el entonces senador Nelson Ávila presentó un proyecto de ley destinado a modificar el lema del escudo nacional. A través de un artículo único, propuso modificarlo por este otro: “Por la fuerza de la razón”. Entre sus fundamentos, señaló que hoy —a través del lema actual— se legitimaría la guerra cuando las instancias de negociación pacífica se han agotado. También que, en el ámbito de la vida cotidiana, el lema vigente justifica el comportamiento de un matón que tendría “derecho a imponer sus criterios por la fuerza”. Finalmente, indicó el senador, el uso de la fuerza es propio de los animales, siendo la razón la única fuerza válida en el caso de los seres humanos.
En términos históricos, el lema de nuestro escudo es una traducción castellana de la frase latina aut consiliis aut ense, que significa “o por consejos o por espada”. Desde la perspectiva del Estado moderno, incluyendo a los Estados liberales, esto significa que —de ser necesario— los derechos de las personas deben ser protegidos a través de la coerción estatal. Por ejemplo, con relación al derecho de propiedad, es necesaria la existencia de un cuerpo de policía que prevenga y, en su caso, reprima legítimamente la ocurrencia de robos y hurtos; hoy agregaríamos saqueos y destrucción del mobiliario público y privado.
En un comienzo, el constitucionalismo liberal dio cuenta de una gran desconfianza en torno a los ejércitos y las policías profesionales. Esta desconfianza se sustentó en la identificación de estos organismos como propiedad de los monarcas absolutos que, precisamente, los utilizaban para negar o limitar derechos que los liberales entendían como innatos. No por nada, la sección 13 de la Declaración de Derechos de Virginia del 23 de junio de 1776 dispuso que “los ejércitos permanentes en tiempos de paz, deben ser evitados como peligrosos para la libertad”, aunque a continuación estableció que “en todos los casos las fuerzas armadas estarán bajo la estricta subordinación y bajo el mando del poder civil”.
Este contexto ideológico se conecta con un segundo elemento, que se refiere al carácter público de las fuerzas armadas. Ya en el caso de la Francia revolucionaria, el artículo XII de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 estableció que: “Siendo necesaria una fuerza pública para dar protección a los derechos del hombre y del ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de todos, y no para el provecho particular de las personas a las que ha sido confiada”. Así se consagraba el monopolio de la fuerza en el Estado, precisamente como una garantía de que ésta no sea utilizada —de manera arbitraria— por algunos sectores de la sociedad en contra de otros.
De los documentos anteriores, es posible colegir que las sociedades abiertas y democráticas no se oponen per se al uso de la fuerza estatal, sino que ella debe estar orientada a proteger los derechos individuales. Es decir, la seguridad se entiende como medio para la libertad, que es el fin. Y, por lo mismo, los principios de supremacía civil sobre los militares y de radicación estatal de la violencia física, no buscan sino garantizar el adecuado uso de la fuerza, justamente en favor de los individuos.
El problema, frente a la crisis que ha vivido Chile durante los últimos meses, es que la gran mayoría de las elites políticas, intelectuales y periodísticas han negado lo anterior; que, al decir de Max Weber, es lo que esencialmente caracteriza al Estado. Señala Weber que el “Estado sólo es definible sociológicamente por referencia a un medio específico que él, como toda asociación política, posee: la violencia física”. Agrega que, si no se legitima el uso de este medio por parte del Estado —para imponer el orden público, es necesario hoy recordarlo— no se puede pensar en la existencia del Estado. Dicho de otra forma, un Estado que es incapaz de imponer el orden público da lugar a la anarquía.
Es lo que, por ejemplo, sucedió en Chile en el período 1823-1830. Durante estos años, los bandos políticos no entendían a las fuerzas armadas como públicas, en términos de constituir un único poder al servicio del conjunto del país. Más bien ellas se consideraban al servicio de los bandos políticos que, en ese entonces, se encontraban en pugna: pipiolos y pelucones. No por nada, tanto la Carta de 1823 como de la de 1828 subordinaron a los militares al Parlamento y no al Presidente. De esta manera, amén de que los oficiales podían integrar el Congreso, sectores de las fuerzas armadas (de este o aquel regimiento) podían defender los distintos proyectos que se disputaban el poder. De ahí que en ese período el país fuera testigo de sublevaciones o’higginistas, federalistas, liberales, etc.
Mutatis mutandis, y aunque a primera vista pueda parecer algo exagerada la analogía, algo parecido está ocurriendo hoy en Chile. Ya no se considera el orden público como una garantía al servicio de todos los sectores políticos, y especialmente para el ejercicio de las libertades individuales (para que cada uno persiga su propio fin). Por el contrario, hoy importantes sectores políticos e intelectuales han sostenido que la violencia puede ser una expresión de la “soberanía popular” o, incluso, del “poder constituyente originario”. Y al defender de manera acrítica el “derecho de reunión”, lo que han hecho es legitimar supuestas manifestaciones que no sólo afectan la libre circulación de personas y vehículos, sino que, invariablemente, y durante más de dos meses, han destruido y quemado todo lo que se cruza por delante.
Se ha deslegitimado a tal punto el monopolio de la violencia física en el Estado, que se ha tendido a considerar que cualquier represión de las manifestaciones, incluso no autorizadas y violentas, sería un atentado en contra de los derechos humanos. Los derechos de los “manifestantes” se han llegado a valorar como superiores a los de los pequeños locatarios y comerciantes, o del derecho de circulación de quienes no quieren participar de esas manifestaciones. Esto es completamente anómalo, pero se trata de un dogma de fe que pocos se atreven hoy a discutir.
Por supuesto, se trata de una deslegitimación de carácter estratégico. Cuando las fuerzas de izquierda logren sus objetivos políticos (nueva Constitución, agenda social “progresista” y retorno al poder) no permitirán, de ninguna manera, que el pueblo se manifieste mediante la violencia. Ya no será necesario que lo haga, porque su voluntad se estará expresando en el poder conquistado y en el programa político que se esté llevando a cabo en ese momento. Así, este sector político no sólo ha puesto en tela de juicio la democracia representativa, en favor de la “voz de la calle”, sino también al Estado moderno, en favor de sí misma. Y el resultado de todo esto es que, paradoja mediante, el único que ha llevado a la práctica el lema de nuestro escudo nacional ha sido la izquierda, aunque con el beneplácito del gobierno, que ha renunciado a lo mínimo que se le puede pedir a un Estado: ejercer el monopolio de la violencia física en favor del orden público. (El Líbero)
Valentina Verbal
