Siguen los coletazos de la dimisión del ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Jorge Insunza, quien el domingo presentó su renuncia realizando fuertes acusaciones contra un grupo indeterminado de personas que “me atacan por mi dura objeción a esta petición de un proyecto de ley que derive en una especie de impunidad impropia, de una amnistía impropia”.
La redacción de este escrito, a ser presentado en el Congreso, estaba inspirada por la doctrina fijada por el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, quien plantea que las indagatorias que actualmente tienen contra las cuerdas a diversos políticos tanto por el Caso Penta como por el Caso SQM, están enfocadas más bien en infracciones administrativas, por lo que no serían delitos penales.
Basándose en esta “doctrina Escobar”, en conversaciones reservadas, se empezó a dar forma a este proyecto. A tal nivel se llegó, que se asegura que ministros del comité político dieron luz verde a las tratativas.
Nuevas versiones surgieron en lo que se dieron a conocer estas conversaciones. Tanto The Clinic como Ciper Chile aseguran que más que una idea, incluso se elaboró una minuta, visada y elaborada desde el ministerio de Hacienda (en ese entonces encabezado por Alberto Arenas) donde se proponía crear un delito: “falsificación y aprovechamiento de instrumentos ideológicamente falsos; aquellos instrumentos que corresponden a servicios no prestados por quien lo emite a quien paga el servicio aunque haya sido emitida en forma correcta y pagada“.
También se intentaba plasmar en un documento que el Ministerio Público se excedió en su interpretación de una norma del 2001. En ese entonces el director del SII Javier Etcheberry dijo que con aquella normativa se buscaba sancionar a “mercados o mafias” de facturas falsas para detener la evasión tributaria. Por tanto, aquí la fiscalía está haciendo frente a individuos que declaran no haber prestado servicios a ciertas empresas, pero no mafias o mercado de facturas falsas.
En pocas palabras, el Ministerio Público estaría encabezando una investigación que “no tiene posibilidad alguna de conducir a una condena”.
A la hora de discutir la propuesta entre los secretarios de estado y dirigentes oficialistas, hubo opiniones diversas. Se establece que el ex timonel del PS, Osvaldo Andrade, advirtió que una iniciativa de este tipo podía tomarse como una especie de perdonazo o amnistía a los políticos investigados por la emisión de boletas ideológicamente falsas.
El “peligro” era que si se avanzaba con esta nueva legislación, los abogados defensores de los involucrados podían esgrimir el principio “pro reo”. En pocas palabras, estas personas estarían siendo investigadas por un delito inexistente hasta antes de la promulgación de esta ley.
Incluso, el director del SII de ese entonces, Michel Jorratt -quien conoció el documento el 27 de abril de parte de la que en esa época oficiaba como ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón- insistió en que un cambio de este tipo provocaría que se cuestionaran una gran cantidad de acciones judiciales presentadas por el servicio, lo que podría dar paso a una crisis.
A tal nivel escalaron las conversaciones, que quienes se habrían manifestado a favor de esta legislación están el entonces ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo y su par de Hacienda, Alberto Arenas,junto con algunos presidentes de partido, así como también los senadores Alberto Espina (RN) y Andrés Zaldívar (DC) -estos últimos negaron estar al tanto de las discusiones.
El texto alcanzó incluso a ser parte de los anuncios de la cadena nacional en el contexto en el que la Presidenta Bachelet presentaba las propuestas de la comisión “Engel”.
“Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas. Tipificaremos y sancionaremos el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios”, indicó Bachelet el pasado 28 de abril.
La Moneda finalmente habría desechado la idea de legislar sobre este tema, a raíz de la vinculación con Rodrigo Peñailillo con la empresa de Giorgio Martelli (Asesorías y Negocios SpA) y se habría dejado de discutir sobre la elaboración de esta ley.
DESMENTIDO DEL VOCERO
Pero el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, negó este miércoles la existencia de un proyecto de ley que podría dejar impune el financiamiento ilegal a la política.
El tema surgió tras los dichos del ex ministro Jorge Insunza, quien al renunciar a su cargo, acusó a la UDI de realizar un ataque en su contra por «mi dura objeción a una petición de un proyecto de ley que derive en una especie de impunidad impropia, de una amnistía impropia. Jamás contarían conmigo para tamaña desfachatez».
De acuerdo a un artículo publicado por «Ciper», el supuesto proyecto habría sido coordinado desde el Ministerio del Interior, encabezado en ese entonces por Rodrigo Peñailillo, con el auspicio de dirigentes de la UDI.
La medida apuntaba a endurecer las penas para los delitos de corrupción, pero incluía un artículo que facilitaba la amnistía para todos aquellos que emitieron boletas falsas para financiar actividades políticas.
«El debate legislativo puede, como dijo esta mañana el vicepresidente Jorge Burgos, traer un conjunto de ideas de distinto tipo. Pero quiero ser bien claro y categórico, ese proyecto no está en disposición de ser aprobado por el Gobierno, no existe como debate legislativo en el Gobierno, no es parte de nuestra iniciativa», sostuvo Díaz.
El portavoz de La Moneda señaló que las iniciativas planteadas por el Ejecutivo son recogidas en la agenda de probidad y transparencia que presentó la Presidenta Michelle Bachelet, semanas atrás, estando abocados a ello en este momento.
Asimismo, citando palabras de la Mandataria el pasado 21 de mayo, Díaz recordó que «no hay espacio para la impunidad que tiene que ver con irregularidades en la relación entre la política y el dinero».
Y agregó que «ese es nuestro compromiso y nuestra convicción, por lo tanto, todas las iniciativas que presentemos administrativas y legales tienen ese horizonte de compromiso que hemos hechos con los chilenos».
«Quiero decirlo de manera muy clara, yo jamás he visto un proyecto de ley en la dirección de lo que hoy se ve en la prensa. Jamás he tenido ante mi vista un instrumento que hable de un proyecto de ley como el que se ha mencionado en un par de medios de comunicación. Y lo dijo responsablemente como miembro del comité político de este Gobierno», concluyó Díaz.
