Con el pasar de las horas ya es indudable que deberá posponerse el plebiscito constitucional fijado para el próximo 26 de abril. Esto es así tanto por el bienestar de la población (el peak del contagio del covid-19 se estima para fines de abril) como por la legitimidad del proceso constituyente (basta recordar la inédita abstención electoral en Francia el domingo recién pasado).
En este contexto, hay al menos tres condiciones indispensables para que la postergación sea bien recibida por la población. La primera es, tal como decía en su carta de ayer Sergio Muñoz Riveros, que la prórroga sea impulsada por un acuerdo político transversal. De ahí que sea una señal positiva y digna de reiterarse la buena recepción inicial de los diversos partidos políticos a las recomendaciones del Colegio Médico.
La segunda condición es que nadie busque alterar los contenidos o modalidades sustantivas del acuerdo político que originó el cronograma constituyente: acá se trata solo de una recalendarización. Por eso fueron muy desafortunadas las declaraciones de Heraldo Muñoz —un político usualmente serio—, en que condiciona la postergación del plebiscito a la instauración del voto obligatorio para esta instancia. Quienes promovemos la obligatoriedad del sufragio tendremos otras oportunidades para restablecerlo, pero aquí nadie debe buscar ventajas o modificaciones que pongan en riesgo el proceso ya acordado.
Y la tercera condición, en fin, es que todo esto se comunique de manera pronta y precisa a la ciudadanía. Conviene explicar cuanto antes los motivos que justifican posponer el plebiscito, así como también la seguridad de que este se realizará en una fecha determinada, sin perjudicar el resto del itinerario constitucional. (El Mercurio Cartas)
Claudio Alvarado R.
Director ejecutivo IES
