Presionan a super de AFP por operación tributaria de Principal y Cuprum

Presionan a super de AFP por operación tributaria de Principal y Cuprum

Compartir

La jornada del miércoles mantuvo la tensión sobre la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic.

Luego de que se confirmara un beneficio tributario por $ 80 mil millones para el grupo Principal a través de su AFP Cuprum, el caso puso en el ojo del huracán a Agnic, que fue quien autorizó la creación de la AFP Argentum, la cual posteriormente se fusionó con Cuprum y con ello obtuvo el beneficio tributario.

La presión sobre la fiscalizadora creció, pues ayer el senador oficialista Alejandro Navarro pidió directamente su renuncia y, en el transcurso de esta mañana, el parlamentario acudirá a la Fiscalía Nacional Económica a solicitar que investigue la cuestionada fusión, por posible competencia desleal.

Además, Navarro anunció que existe un acuerdo con cuatro comités del Senado para que se realice una sesión especial el martes de la próxima semana, a la cual será citada Agnic para que dé una explicación de lo ocurrido.

Junto con ello, dijo que oficiarán al Servicio de Impuestos Internos para que verifique si hubo elusión tributaria a través del mecanismo denominado “goodwill”, con el que Principal obtuvo el beneficio.

Según publicó La Tercera el viernes pasado, el SII estaría investigando el beneficio tributario que obtuvo Principal, toda vez que el único objetivo de la operación habría sido pagar menos impuestos y, a partir del 1 de enero de 2015, con la Reforma Tributaria aprobada en 2014, cualquier reorganización societaria que tenga como objetivo una reducción de impuestos está prohibida.

Navaro hizo duras críticas a Agnic. “Todo indica que es cómplice del holding norteamericano Principal Financial Group, dueños mayoritarios de AFP Cuprum, quienes crearon una AFP fantasma llamada Argentum, para fusionarla con Cuprum y así eludir el pago de impuestos. La superintendenta de Pensiones tiene una responsabilidad inexcusable. Su negligencia y falta de probidad no puede echarse bajo la alfombra, por lo que debe dar una explicación al país o dar un paso al costado”, sostuvo el senador.

El caso podría tomar aun mayor connotación política, ya que el grupo asegurador estadounidense Metlife está en proceso de concluir una operación similar con la AFP Provida. En su caso, el beneficio tributario duplicaría el que obtuvo Principal e incluso, según Pulso, bordearía los US$ 290 millones.

De esta forma, entre ambos grupos el Estado dejaría de percibir impuestos por casi US$ 400 millones, beneficios que ambas compañías pueden distribuir a lo largo de 10 años.

La diferencia, en el caso de Provida, es que Agnic aún no aprueba la existencia de Adquisition Co. como AFP (tal cual hizo con Argentum) y, por ende, tampoco ha validado la fusión de dicha sociedad con Provida, ambos pasos previos a obtener la rebaja impositiva.

De acuerdo a fuentes de mercado, no está claro si Agnic aprobará esta operación, por los cuestionamientos que hay a su gestión, los que crecerían si da su autorización.

Tanto Principal como Metlife pidieron el 29 de diciembre de 2014 la autorización para realizar las correspondientes fusiones y, con ello, obtener la rebaja de impuestos. La fecha es clave, puesto que a partir del 1 de enero de 2015 el goodwill no es aceptado por el SII como una operación legal.

El martes pasado Agnic declaró a La Tercera que no sabía que el objetivo de la solicitud hecha por Principal tenía un objetivo tributario y añadió que entendía que sólo era una reorganización tributaria. “(…) No puedes invocar una reestructuración societaria para obtener unos beneficios tributarios. Por supuesto, si ese hubiese sido el objetivo declarado, bajo ningún punto de vista lo hubiésemos autorizado”, aseguró la superintendenta al ser consultada sobre si sabía que Principal planeaba rebajar impuestos futuros.

Sin embargo, Navarro afirmó que lo dicho por Agnic es falso, por cuanto existen evidencias de que sabía del objetivo cuando le hicieron la solicitud.

“Es falso que la superintendenta no haya sabido que Cuprum buscaba evadir impuestos, ya que de acuerdo a las actas de la junta extraordinaria de accionistas de la AFP Cuprum S.A. (disponibles en página web de la SVS), participaron los representantes de la Superintendencia de Pensiones, Felipe Gálvez y Eduardo López, siendo en esa misma reunión que Hugo Lavados, presidente de Cuprum, expuso el objetivo de llevar a cabo la fusión”, explicó.

Lavados es militante DC, fue ministro de Economía en el primer Gobierno de Bachelet y asumió la presidencia de la gestora de fondos cuando esta fue vendida por el grupo Penta a Principal, en US$ 1.500 millones.

Lavados es parte del directorio de Cuprum desde febrero de 2013, cuando ocurrió el cambio de propiedad, y en la mesa participa asimismo Mario Livingstone, también militante DC, quien integra esa instancia desde que Penta era dueño de la AFP. El directivo tuvo cargos en empresas públicas en el período de la Concertación y también ha sido cuestionado a propósito de la investigación de la Fiscalía en el llamado caso Penta.

Según han señalado fuentes cercanas a Principal y también en el caso de la operación de Metlife con Provida, Agnic supo desde el comienzo que ambas operaciones buscaban el beneficio tributario, pero su declaración del martes, donde lo niega, la dejó en una incómoda posición dadas las evidencias existentes.

Agnic sabe el escenario que enfrenta. Ayer, según fuentes bien informadas, la superintendenta evidenció su nerviosismo haciendo consultas a la industria respecto de las publicaciones de los medios en los últimos días, donde se puso en duda su declaración, en la cual –como se indicó– aseguró que nunca supo del objetivo tributario de la jugada de Principal, pese a que esto no sería efectivo, porque la autoridad habría sido informada por la propia empresa de dicho objetivo.

Y es que el martes también dijo que Argentum no era una AFP de papel, pese a que desde el propio sector privado reconocen que esta era una AFP espejo de Cuprum y que el plan de negocios que Agnic señala que le presentaron y que incluso beneficiaría a los afiliados, no era más que una formalidad para cumplir la normativa, conseguir la aprobación de la fusión y, con ello, la consiguiente rebaja tributaria.

 

Dejar una respuesta