Fue erigido como uno de los rostros de los denominados “presos de la revuelta” durante el estallido social. Tanto así, que Nicolás Piña Palomera (34) sostuvo una conversación en Santiago 1, el 30 de julio del 2021, con el entonces candidato presidencial, Gabriel Boric, quien durante su visita fue agredido por otro de los reos. “Yo estoy bien, pero los presos no. Seguiremos trabajando por verdad, justicia, reparación y la libertad de los presos de la revuelta”, dijo, luego del altercado, el actual Mandatario. Dos años después el contexto es completamente distinto.
“Piña Polomera arrojando el artefacto incendiario tipo molotov provocó un incendio en el habitáculo del conductor del automóvil policial, mientras la víctima Monsalves Navarrete, conductor del móvil, permanecía sentado en dicho lugar, y desde el exterior del carro, desconocidos gritaban ‘mueran pacos cul…’, ‘los vamos a matar’, todo lo anterior con el claro propósito de dar muerte a los funcionarios policiales que se encontraban al interior del vehículo policial”, consigna la acusación de la Fiscalía Centro Norte con la cual se logró la condena del imputado.
El tribunal sentenció al ingeniero a 10 años de cárcel lo que lo obligaba a volver a prisión, pues desde agosto del 2021 estaba en libertad bajo la medida cautelar de arraigo, es decir la prohibición de salir del país. Por tal motivo la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidieron la medida cautelar de prisión preventiva hasta que la sentencia estuviera ejecutoriada, ya que era evidente que la defensa del imputado buscaría revertir su castigo presentando recursos. Pero, el tribunal no accedió a este requerimiento argumentando que -hasta ese momento- Piña había concurrido a todas las audiencias y no había un riesgo de fuga evidente.
Los acusadores -la Fiscalía Centro Norte, Interior y el CDE- apelaron. “En la misma audiencia de fecha 10 de octubre, en vista de ese nuevo antecedente, el Ministerio Público y otros intervinientes, entre los que se encuentra esta querellante, solicitamos la imposición de la prisión preventiva en contra del ahora condenado, en base a las nuevas circunstancias, las que permitirían sostener que la prisión preventiva del imputado resultaba indispensable atendido a que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y al existir un evidente peligro de fuga”, expuso el gobierno, ante la Corte de Santiago, en la misma línea que el ente persecutor y el Consejo.
BÙSQUEDA DE PDI Y CARABINEROS
La apelación fue acogida por el tribunal de alzada, al considerar que “han variado las circunstancias tenidas a la vista, en el sentido que existe un veredicto condenatorio y con posterioridad a la audiencia en que se debatieron las medidas cautelares, una sentencia condenatoria. Ello es muy importante a juicio de esta Corte, pues atendido la gravedad de los delitos investigados, la pena asignada a ellos; que en el evento de cumplimiento de condena, ésta será de una pena efectiva, el número de delitos, la medida cautelar personal de prisión preventiva resulta proporcional a los hechos investigados”.
La Corte, de esta manera, ordenó la prisión preventiva de Piña y, por lo tanto, debía ser notificado por las policías, pero no ocurrió. A los pocos días de emitida la condena, efectivos de Carabineros llegaron hasta el domicilio fijado donde cumplía el arresto domiciliario nocturno, sin embargo, el requerido no estaba, ni había mayores pistas de su paradero.
De esta manera, se hicieron los cruces de información necesarios y el condenado no aparecía, y creen -entre querellantes e investigadores- que no lo hará de forma voluntaria. Esto motivó a que la Fiscalía solicitara al tribunal despachar una orden de detención en su contra y quedar en calidad de prófugo de la justicia.
En paralelo, la Defensoría Penal Pública -quien tomó el patrocinio de Piña- presentó un recurso de nulidad en la causa ante la Corte Suprema. Si bien fue acogida a trámite aún no se toma una decisión sobre el fondo de la solicitud.
La orden de detención fue despachada el 19 de octubre y ya está en poder de la PDI y Carabineros, quienes tienen en sus registros los datos de Nicolás Piña para arrestarlo y ponerlo a disposición de los tribunales de justicia. “Orden vigente”, dicen los registros policiales del joven, quien en caso de ser hallado deberá volver a Santiago 1 -nuevamente- como “preso de la revuelta”, esta vez, sin poder conversar con candidatos presidenciales, ni autoridades de gobierno. (La Tercera)
