Ante el plebiscito del 4 de septiembre, los distintos partidos políticos, movimientos y actores sociales comienzan a decidir frente a las opciones que ese día deberán tomar los ciudadanos: Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución emanada de la Convención Constitucional. Entre las posturas mencionadas, adhiero a la que propone primero aprobar para después mejorar y quiero explicar en esta columna a nuestros estimados lectores la razón de dicha opción.
Apruebo, en primer lugar, porque la propuesta de construir un Estado social y democrático de Derecho es la principal aspiración histórica de las fuerzas progresistas en sus más diversas matrices ideológicas. Implica que por primera vez el Estado deberá garantizar la igualdad de acceso, de calidad y equidad en los derechos esenciales de todo ser humano: la salud, la educación, la vivienda y las pensiones, entre otros.
Implica además romper la principal fractura de nuestra sociedad, cual es que la desigualdad de origen permanece en el tiempo y en general no se modifica en las diversas circunstancias de la vida. Para las fuerzas progresistas bastaría esa propuesta para aprobar la nueva Constitución con convicción y entusiasmo.
Pero además apruebo por la propuesta de estado regional, que se traduce en el mayor proceso de descentralización y regionalización en la historia de Chile. El traspaso de poder que esto implica desde el centralismo a los niveles regionales y comunales es inédito en el proceso político chileno. Aún más el que se sostenga en la propuesta que el estado regional con todas sus nuevas atribuciones tenga un doble límite, político y económico, aumenta mi adhesión. El límite político de la autonomía regional es que el Estado de Chile es único e indivisible y el límite económico para la autonomía comunal y regional es la responsabilidad fiscal.
Pero además voto Apruebo porque la propuesta nos habla de un Estado paritario, lo que significa que por primera vez en la historia de Chile las mujeres, en equilibrio con los hombres, accederán a todas las instancias del poder. Significativa también es la inclusión con sus derechos y reivindicaciones históricas a los 10 pueblos originarios que son parte de la nación chilena.
Todo lo anterior, no obstante, puede ser mejorado en otros aspectos de la propuesta constitucional, en un futuro debate en la sociedad y en el Parlamento, que en mi opinión debieran corregirse.
Por ejemplo: no creo que sea positivo para el sistema político la reelección del Presidente de la República, considerando entre otros aspectos que el período presidencial en Chile es corto, 4 años, y que el Presidente y su fuerza política de respaldo debieran tener como objetivo único hacer avanzar al país durante todo ese período y no dedicarse, de acuerdo a la experiencia comparada, el último año de gestión presidencial a situarse en el horizonte de la reelección, con todas las complejidades políticas y económicas que se derivan de esa situación.
Otra materia a corregir es que el Parlamento cuenta con la facultad de irrogar gasto fiscal a través de diversos proyectos de ley. La experiencia histórica de Chile indica que eso es una mala decisión. Y si bien esta facultad debiera contar con la concurrencia a dicha iniciativa de gasto del Presidente de la República, la presión sobre esta autoridad sería enorme, para que decir si además esta autoridad máxima ha tomado la decisión de reelegirse.
Además se debiera legislar con respecto al sistema electoral y al sistema de partidos políticos. No es razonable que en la última elección parlamentaria se hayan presentado 27 partidos políticos, de los cuales 12 no cumplieron ninguno de los dos requisitos que establecen su permanencia en el sistema, me refiero al 5% mínimo de votación nacional en la elección o en su defecto, elegir cuatro parlamentarios en más de una región. Sobrevivieron 15 partidos, de los cuales nueve no alcanzaron el 5% de la votación. Lo anterior debe llevar a una legislación que fortalezca a los partidos, pero que los haga representativos de la sociedad y me parece que el 5% como base mínima debiera ser el requisito único para permanecer como opción política a la ciudadanía.
Además, entre otros aspectos a mejorar, está el restablecimiento del estado de excepción constitucional, que no debiera mezclarse en sus atribuciones y facultades con el estado de catástrofe.
Finalmente, en otras dimensiones a mejorar de la propuesta en materia de política exterior está aquella posición que respeta la no intervención en los asuntos internos de otros estados, política correcta pero que tiene un límite, cual es la violación de los derechos humanos. Para los que fuimos opositores a la dictadura cívico-militar de derecha este es un principio imprescindible a mantener.
De tal manera, estimado lector, que mi decisión es votar Apruebo no a “medias tintas”, sino convencido de que el Estado social democrático de Derecho es la principal transformación para construir una sociedad más justa y más libre. (El Mercurio)
Francisco Vidal
