El 26 de febrero de 2021 comenzó el Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas (PCPI) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Puerto Exterior de San Antonio”, impulsado por la Empresa Portuaria San Antonio, que contempla una inversión de US$3.500 millones.
La iniciativa, ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el 30 de abril de 2020, forma parte de un grupo de 24 proyectos sometidos actualmente a consulta indígena en cumplimiento del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con una inversión total conjunta de US$12.956 millones.
A la fecha, los PCPI de estos proyectos acumulan un tiempo promedio de 614 días de tramitación. Entre las otras iniciativas más relevantes destacan el Desarrollo Futuro DMH de Codelco (US$2.500 millones); la Línea de Transmisión Eléctrica HVDC Kimal – Lo Aguirre, de Conexión Kimal Lo Aguirre (US$1.480 millones); y la Extensión de vida útil con transición hídrica de Compañía Minera Zaldívar (US$1.200 millones).
Desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), liderado por la abogada Valentina Durán, señalan que la consulta a los pueblos indígenas se fundamenta en el Convenio N°169 de la OIT, vigente en Chile desde 2009, y que cualquier modificación al proceso está fuera de su competencia. Detallan que, como parte de su rol estatal, el organismo ha gestionado 24 procesos en curso y 65 ya finalizados, cuyos expedientes son de acceso público a través del portal de participación ciudadana del SEA.
Los procedimientos de consulta indígena han emergido como una herramienta fundamental para las comunidades y un desafío importante para las empresas y asesores especializados en derecho ambiental. Mientras las compañías buscan agilizar la aprobación de proyectos de inversión, las comunidades indígenas, respaldadas por asesoría legal, han mostrado un creciente empoderamiento en la defensa de lo que señalan como sus derechos culturales y territoriales.
Un ejemplo de ello es el reclamo del grupo diaguita Araya-Araya, que denunció que parte de las obras de extensión del proyecto ferroviario de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), diseñado para conectar Valparaíso con La Calera, afecta lugares utilizados para ceremonias tradicionales de la etnia.
La presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Paulina Riquelme, sostiene que una de las problemáticas más relevantes en los procesos de consulta indígena es la construcción de líneas de base de medio humano indígena.
“Uno de los temas a los que las autoridades debieran abrirse es el de las líneas de base de medio humano indígena de primera fuente. Porque las comunidades indígenas, no todas, pero algunas que tienen asesoría, cobran para permitir que se les entreviste. O exigen que se compre la línea de base que ellos ya tienen. Y si no lo haces, no te dan la entrevista. Entonces, te quedas sin poder construir tu línea de base de medio humano”, explica Riquelme.
La situación, indica, puede generar trabas significativas para los proyectos de inversión. “Es complicado, porque te pueden entrampar. O sea, o me paga, o finalmente no se avanza con su proyecto”, agrega la fundadora del estudio EeLaw.
“Personalmente no tengo conocimiento de cobros por entrevistas, pero de ser efectivo, me parece grave, porque finalmente ese cobro por línea de base sería una extorsión para que un proyecto pueda confeccionar su DIA o EIA y en definitiva, se transformaría en una condición para que pueda tener un resultado óptimo en el SEIA y poder ejecutar el proyecto. Esto atentaría contra el ordenamiento jurídico y la certeza que tanto necesita Chile para alcanzar el desarrollo”, manifiesta al respecto el exministro del Medio Ambiente del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Javier Naranjo.
Una opinión distinta tiene Alonso Barros, abogado y mediador en la negociación entre Albemarle y el Consejo de Pueblos Atacameños. “Las comunidades no necesitan chantajear, si pueden llegar con el SEA al frente a un acuerdo de aplicación de medidas”, afirma, refiriéndose a que el Sistema de Evaluación Ambiental permite establecer acuerdos formales para mitigar los impactos de los proyectos en los territorios.
Barros enfatiza que los beneficios derivados de estas negociaciones pueden traducirse en mejoras significativas para las comunidades, como programas de monitoreo ambiental, infraestructura y desarrollo social. “He visto empresas que han financiado escuelas para niños con necesidades especiales, antes de presentar un Estudio de Impacto Ambiental. Esto no es simplemente transferir dinero; se trata de construir una relación genuina entre las comunidades y las empresas”, plantea.
Consultado Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, acerca de si es válido que una comunidad pueda cobrar por una entrevista en un proceso de consulta indígena, indica que “lo óptimo es la voluntariedad de esas actividades y en caso que ellas signifiquen costos, que esos costos los cubra el interesado. No me ha tocado ver que se cobre por entrevistas, pero sí me ha tocado ver una insistencia al borde del acoso por parte de quienes realizan actividades de este tipo, para obtener entrevistas de actores comunitarios. Me parece que ambas cosas responden a lo mismo, que es no respetar la voluntariedad del proceso”.
Costa añade que “el proceso de diálogo con los pueblos indígenas, en los estándares internacionales, debería cumplir con la lógica del consentimiento previo, libre e informado. Una manera de acelerar el resultado es reconocer ese estándar y que por lo tanto los pueblos indígenas puedan directamente no otorgar su consentimiento, de manera de no tener que hacer procesos que llevan a resultados engañosos y alargan los tiempos para que los proyectos sean aprobados o rechazados”. (La Tercera)
