En junio del año pasado y con Gerardo Varela a la cabeza del Ministerio de Educación, el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto para terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y crear un nuevo sistema de financiamiento solidario.
Nueve meses pasaron y la comisión de Educación del Senado recibió más de una veintena de exposiciones en torno a la iniciativa. Sin embargo, el texto -que tiene suma urgencia desde el 12 de marzo- aún no avanza. De hecho, todavía no se vota en general, en su primer trámite legislativo.
«Este sería el último año con CAE, si el Congreso aprueba el nuevo sistema de financiamiento», afirma el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
Los alumnos con este tipo de crédito, en tanto, siguen creciendo y el Mineduc proyecta que llegarían a un millón en 2020.
Cada año, cerca de 60 mil alumnos se suman al CAE (hubo 60 mil en 2018 y 65 mil en 2017). El año pasado, ya eran cerca de 930 mil quienes habían estudiado o cursaban una carrera gracias a este mecanismo, y se proyectaba que al menos 47 mil jóvenes más lo pedirían este año, si es que la gratuidad se extendía al séptimo decil en los IP y CFT. Pero esa idea aún se discute en el Congreso.
¿URGENTE?
Cuando el proyecto se presentó existía consenso sobre la necesidad de actuar ante el endeudamiento de los jóvenes. A una semana de terminar su gobierno, la expresidenta Michelle Bachelet presentó su propia alternativa para reemplazar al CAE.
El Mineduc acusa que esa premura no se ha visto reflejada en acciones. «Llama la atención que un proyecto que beneficia a los jóvenes y saca a la banca del sistema de crédito estudiantil no tenga el respaldo de la oposición. Parece evidente que prima el cálculo político», plantea el subsecretario.
El presidente de la comisión de Educación del Senado, Juan Ignacio Latorre (RD), afirma que avanzar en la iniciativa, «tal cual está, sería un gran retroceso». El senador asegura que, entre otras falencias, en la propuesta del Ejecutivo hay «un incentivo a que las instituciones se salgan de la gratuidad y se queden con este crédito, porque les pone menos exigencias».
Sobre la falta de avance en la tramitación, añade que «más que ponerle el freno (al texto), hay proyectos que se dilatan porque generan mucha controversia», y confirma que en las próximas dos semanas se pondrá en tabla.
El senador Jaime Quintana (PPD) asegura que terminar con el CAE «sigue siendo urgente», pero puntualiza que los cuestionamientos de la oposición hacia el sistema propuesto por el Ejecutivo «son de fondo y no se corrigen con meras indicaciones».
OPCIÓN DE DIÁLOGO
Para algunos, las negociaciones aún serían posibles. La senadora Yasna Provoste (DC), quien lideró la comisión en 2018, planteó varias veces la necesidad de ver las indicaciones, mientras que Latorre afirma que está el interés de sondear si el Gobierno puede comprometer ciertos cambios. Enfatiza, eso sí, que sin modificaciones «es un proyecto que no tiene viabilidad».
Según el subsecretario Figueroa, en el Ejecutivo están «muy disponibles a incorporar todas las mejoras que requiera (…) Pero estamos convencidos de que ha llegado el momento en que esto se acelere, porque hay miles de jóvenes esperando».
La senadora Ena von Baer (UDI) señala que si las cosas han tardado, ha sido por falta de «voluntad política de la oposición para ponerlo en votación».
«Quienes pagan los platos rotos son los estudiantes (…) Los alumnos que hoy están estudiando con CAE podrían estar haciéndolo con el nuevo crédito, si el proyecto lo hubiésemos sacado en 2018«, añade.
A juicio de Figueroa, las condiciones del nuevo sistema serían mejores, incluyendo «una garantía de que nunca pagan más del 10% de sus ingresos, la posibilidad de suspender las cuotas si acaso no tienen trabajo o ganan menos que el sueldo mínimo, y lo que es muy importante, la condonación del saldo (…) transcurridos 15 años». (El Mercurio)
