La bancada de senadores del PS llegó este lunes hasta la Contraloría General de la República, con el objetivo de pedir al organismo que no tome razón de los cambios que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera hizo al protocolo de objeción de conciencia de la Ley de Aborto, basándose en un decreto con fuerza de ley dictado en plena dictadura.
En la ocasión, los parlamentarios solicitaron al ente fiscalizador que emita un dictamen en el que establezca que las instituciones privadas de salud que mantienen convenios con el Estado no pueden ejercer la objeción de conciencia, tal como lo establece a su juicio el artículo 13 del DFL número 36 de 1980.
Al respecto, la senadora socialista Isabel Allende, explicó que «nos parece increíble que habiendo un decreto del año ’80, que establece que todos los establecimientos privados que tienen programas o planes se tienen que allanar a las normas que rigen al sistema público de salud».
«Por lo tanto, no tienen ningún derecho de hacer objeción colectiva y evitar la prestación de un servicio que significa para las mujeres que les impidan o tengan que andar de lugar en lugar intentando encontrar una respuesta a aquello que hoy es una ley», añadió.
En esa línea, Allende indicó que «estamos diciendo al Contralor que haga un dictamen donde diga que es completamente ilegal o no corresponde que establecimientos privados puedan pedir objeción de conciencia institucional estando sometidos a las reglas, normas y programas de los servicios públicos de acuerdo al decreto de 1980″.
En tanto, el senador Alfonso De Urresti comentó que «acá claramente el Presidente Piñera hace su primera pillería al saltarse la fila. Se discutió, se ganó mayoritariamente, porque soy el autor de esa indicación, de que aquellos establecimientos que reciben fondos públicos no pueden aplicar objeción de conciencia institucional».
«La ponderación que realiza el Ministerio de Salud no sólo es incorrecta, sino que produce un evidente retroceso en el ejercicio de los derechos de las mujeres en pos de la supuesta indemnidad de las instituciones privadas de salud que usan dineros públicos sin cumplir con las prestaciones que se encuentran obligados a entregar», concluyeron. (Emol)
