Puerto Rico se dirigía anoche a un impago potencialmente enorme luego de que el gobernador de la isla ordenara la moratoria de los pagos de deuda vencidos por parte de su autoridad financiera de facto.
El gobernador Alejandro García Padilla declaró una moratoria de las obligaciones vencidas ayer del Banco Gubernamental de Gobierno (BGF), en lo que caracterizó como una “decisión dolorosa”, con los políticos en Washington guardando distancia de unirse detrás de un paquete de rescate para el territorio estadounidense.
Puerto Rico, que tiene US$ 70 mil millones en obligaciones de deuda y un sistema de pensiones de US$ 46 mil millones con severos problemas de financiamiento, ha padecido casi una década de desaceleración económica.
Los impagos del BGF marcarán el default más significativo en la crisis e iniciarán una cuenta regresiva de 60 días antes de que la isla enfrente US$ 2 mil millones en pagos, incluyendo su deuda más senior. Un impago de la deuda de obligación general, considerada sacrosanta por los acreedores, podría provocar temblores en el mercado de bonos municipales de US$ 3,7 billones (millones de millones) y elevar los costos para las ciudades y estados estadounidenses que buscan financiar proyectos públicos.
Las autoridades en San Juan, la capital de Puerto Rico, han estado esperando un progreso en la legislación de emergencia que entregaría a la isla la habilidad de reestructurar su deuda bajo el alcance de una junta de control. Los territorios estadounidenses no tiene la habilidad de reestructurar deuda como las ciudades bajo el auspicio del código de quiebras de Estados Unidos.
Los políticos republicanos que han diseñado la ley de emergencia en Washington han enfrentado un lobby intenso, incluyendo anuncios que han caracterizado a la legislación como un rescate.
“No queremos un rescate. No hemos pedido un rescate. No nos han ofrecido un rescate”, dijo García Padilla. “Un proceso de reestructuración no le costaría nada a los contribuyentes estadounidenses”.
El gobierno de Puerto Rico ya ha tomado medidas de emergencia para evitar los efectos de que el BGF sea encontrado insolvente, lo que podría desencadenar más demandas e impedir su acceso a sus cuentas de efectivo.
El domingo el banco de desarrollo dijo que había negociado un “marco” con los tenedores de US$ 900 millones de su deuda, lo que detendría algunas demandas potenciales bajo el plan donde los acreedores reciben un haircut de 53% de sus tenencias. El plan necesita un 100% de participación de los acreedores del BGF. (DF-FT)
