El presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, respondió este lunes al requerimiento hecho por el gobierno español para que aclarara si el martes pasado declaró o no la independencia de su región. Lo hizo por medio de una carta horas antes de que venciera el plazo establecido para ello y, en lugar de esclarecer qué significó su pronunciamiento, el líder catalán volvió a apelar al diálogo y aseguró que la prioridad de su gobierno es buscar esa vía «con toda la intensidad».
Ante esa respuesta, la vicepresidenta del gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, lamentó este lunes que Puigdemont no haya ofrecido una respuesta clara.
«No es difícil la pregunta que le hemos hecho. No es difícil que vuelva la sensatez», aseguró.
Sáenz de Santamaría se mantuvo firme en que la solución a las tensiones entre Cataluña y la administración central está «en la mano» del líder regional, quien tiene de plazo hasta el jueves por la mañana para retractarse.
Puigdemont pronunció el pasado martes en el Parlamento de Cataluña un discurso ambiguo en el que primero «asumió» el «mandato» del pueblo catalán de separarse de España y conseguir una república independiente. Y de inmediato anunció que suspendería su ejecución durante varias semanas.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, le pidió al día siguiente que despejara las dudas y aclarara si había realizado una declaración unilateral de independencia (DUI).
Esta solicitud es el primer paso que el gobierno debe dar para activar el artículo 155 de la Constitución española, que le permitiría adoptar «las medidas necesarias» para forzar a Cataluña a cumplir con lo que estipula la carta magna, que no admite una declaración unilateral de independencia.
Puigdemont tenía de plazo hasta este lunes para contestar el requerimiento y, en caso de que su respuesta fuera afirmativa, hasta el jueves para dar marcha atrás con sus planes de secesión.
El presidente catalán, sin embargo, optó por no responder de forma directa y, por el contrario, afirmó que su discurso en el Parlamento fue «una oferta sincera de diálogo» hecha «a petición de numerosas personalidades e instituciones internacionales, españolas y catalanas».
«NO ES DEBILIDAD»
Puigdemont insistió en que esta oferta no fue «una demostración de debilidad» sino «una propuesta honesta» parar arreglar la relación entre Cataluña y el Estado español que «lleva bloqueada muchos años».
La suspensión de cumplir con ese «mandato» demuestra, según él, su «firme voluntad de encontrar una solución».
El líder catalán se mostró también «sorprendido» porque se haya puesto en marcha el artículo 155.
Recordó la violencia con la que la policía trató a los ciudadanos que habían asistido a votar en el referéndum del 1 de octubre, prohibido por la justicia española.
Tras enumerar los resultados de esos comicios, concluyó que «aceptar la realidad es el camino para resolver los problemas».
Puigdemont pidió a Rajoy «soluciones políticas que estén a la altura» de la trascendencia de la situación y «hablar como lo hacen las democracias consolidadas»
Con este fin, le solicitó dos cosas.
La primera, que «revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña»: que deje de levantar cargos contra los impulsores del proceso independentista y el jefe de los Mossos d’Esquadra y le devuelva a la Administración regional el control de todas sus cuentas bancarias.
La segunda, que concrete una reunión «lo antes posible» para «explorar los primeros acuerdos».
Puigdemont le pidió a Rajoy que no dejara que la situación se deteriorara aún más, pero dejó claro que su propuesta de diálogo es «incompatible» con lo que él describe como un «clima de creciente represión y amenaza».
De momento, la única reacción a este escrito por parte del gobierno central ha venido del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.
Dastis consideró que el texto de Puigdemont «no constituye una respuesta» al requerimiento del Gobierno, ya que «no ha suministrado la claridad que se le pedía» y han prevalecido «las influencias más radicales», según informó la agencia de noticias Europa Press.
El ministro aseguró que el Ejecutivo central dará una contestación oficial a las 10.00 am, hora española, cuando venza oficialmente el plazo.
GOBIERNO ESPAÑOL
El Gobierno español lamentó la respuesta elusiva que dio hoy a su ultimátum el jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, y le recordó que tiene plazo hasta el jueves para volver a la legalidad.
La vuelta a la legalidad exigida por el Gobierno de Mariano Rajoy consiste en que Cataluña de marcha atrás en su plan independentista para así evitar que el Estado intervenga la autonomía de la región.
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, advierte en su carta de respuesta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, este lunes (16.10.2017), que, en referencia al artículo 155, él será «el único responsable de la aplicación de la Constitución».
Rajoy lamenta «profundamente» que no haya contestado al requerimiento que le efectuó y explica que esa petición supone el paso previo al procedimiento establecido en ese artículo del texto constitucional.
«Espero que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo del requerimiento responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere», dice el mandatario.
«Prolongar esta situación de incertidumbre solo favorece a aquellos que pretenden liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical y empobrecedor para Cataluña».
Rajoy había dado a Puigdemont hasta las 10:00 horas de hoy (8:00 GMT) para responder si declaró o no la independencia de Cataluña el martes pasado en una confusa comparecencia ante el «parlament» regional, donde anunció ese paso pero lo suspendió de inmediato para pedir diálogo con Madrid.
En lugar de responder con un «sí o no» claro al requerimiento, como pedía Madrid, Puigdemont envió una carta de dos páginas en la que no aclara si proclamó la independencia unilateral y pide abrir un proceso de dos meses de diálogo para buscar una salida a la crisis.
«No dejemos que se deteriore más la situación», concluye el documento del dirigente catalán en tono conciliador. «Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo a la cara, estoy seguro de que podemos encontrar el camino a la solución».
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, respondió al llamamiento al diálogo de Puigdemont, subrayando que «el diálogo no se exige, se practica», y le ha advertido de que cumplir la Ley es el «mínimo exigible» para hablar.
«No era muy difícil decir sí o no. Era la apregunta que se le hacía. No era una pregunta complicada», añadió la «número dos» de Mariano Rajoy, que recordó el segundo plazo del ultimátum fijado hasta el jueves. «El Gobierno espera que (…) Puigdemont responda con la claridad que los ciudadanos exigen».
En una comparecencia en La Moncloa después de que el Ejecutivo haya recibido la respuesta de Puigdemont a su requerimiento, Sáenz de Santamaría ha insistido en que «nadie le niega el diálogo» a Puigdemont, pero debe hacerse «dentro de la Ley, con la máxima claridad y en el Congreso de los Diputados», que es «donde está representada la ciudadanía». (BBC Mundo-DW, dpa, efe)
