Uno de los lugares comunes de la protesta es que las soluciones les tienen que doler a las élites políticas y económicas. Y tiene sentido: efectivamente, quienes tienen más, deberán poner más. Eso exige un sistema de impuestos que afecte realmente el patrimonio de los ricos, ojalá sin dañar la inversión. También demanda que los congresistas bajen sus sueldos y, quizás, su número. Sin embargo, dada la magnitud y multiplicidad de las necesidades, eso no alcanza. De hecho, muchas de las medidas que me parecen necesarias, como las que nombro a continuación, suponen un esfuerzo que excede a las élites.
Es urgente instaurar la inscripción automática y el voto obligatorio. Lo que se haga debe contar con un apoyo mayoritario real, que empodere a los representantes. Salvar la democracia exige asumir nuestra responsabilidad ciudadana. No basta con marchar.
Es hora de asumir, también, que la gratuidad universitaria fracasó. Es regresiva, un hoyo de recursos fiscales que se requieren en otras áreas y, a la vez, un lastre económico para las universidades de buena calidad. Resulta imperativo instaurar el crédito estatal con pago contingente al ingreso y hasta un tope de años.
Los ahorros personales deben cubrir solo hasta los 85 años. Luego de eso, un seguro universal debe hacerse cargo de la cuarta edad. Eso sí, la jubilación debe aumentarse a los 70 años para hombres y mujeres. Las edades actuales fueron fijadas con una esperanza de vida casi equivalente a la edad de jubilación. Esta reformulación, junto con el fin de las contribuciones para las viviendas de jubilados, asegura una vejez digna.
En línea con lo anterior, las AFP deben ser reformadas. Es razonable que tengan un tope de utilidades y que esté condicionado a las rentas que generen. Deben ser un actor creíble en el nuevo esquema previsional, y esto demanda que pasen a retiro sus actuales directorios. En salud se necesitan medidas más radicales. Un seguro universal debe cubrir a todos chilenos, pasando las isapres al rubro de los seguros complementarios. Un seguro público universal, además, congenia mejor con evitar el encarnizamiento terapéutico con los mayores.
En cuanto a las prioridades de seguridad pública, es necesario invertir tiempo y dinero en las cárceles, en el Sename y en las poblaciones más pobres. No podemos abandonar a un amplio sector social y luego sorprendernos por el saqueo y la violencia. La marginalidad, como se ha visto, es un problema urgente y serio.
Es necesario consensuar de una vez una reforma al aparato estatal, acabando con sus lógicas clientelares. Si va a actuar como mediador de muchos de los nuevos beneficios sociales, debe estar a la altura.
Finalmente, deben generarse tramos en el IVA, liberando de él a la canasta familiar básica y, por otro lado, fijarse tarifas de transporte público que castiguen al usuario ocasional y beneficien al frecuente.
Ni moral ni económicamente es sostenible la idea de que “el país de todos” puede ser financiado solo por unos pocos. Esa ilusión se desarma apenas se sale de la calle y se deben fijar prioridades políticas y económicas con recursos escasos. Aunque duela, un Chile más justo exigirá un esfuerzo proporcional de todos. (La Tercera)
Pablo Ortúzar
