La cuestión constitucional ha vuelto a posicionarse en el centro del debate político en el actual contexto del conflicto social chileno. Prácticamente, la totalidad de las demandas sociales —de derechos sociales, laborales, económicos, de pueblos indígenas, entre otros— incorporan la necesidad de un nuevo pacto social. Pero además, la ciudadanía y los actores políticos también han hecho explícita la necesidad de reestructurar las relaciones de poder democrático.
Los insuficientes mecanismos de participación ciudadana, el conflicto de poderes entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, los problemas en la relación entre los diferentes poderes del Estado y los abusos constantes de los que son objeto ciudadanos y ciudadanas, dan cuenta del agotamiento de la actual institucionalidad. Lo que pensábamos era evidente hace cuatro años, hoy se hace necesario.
Algunos actores políticos han planteado retomar el proceso constituyente del gobierno anterior. Pero aquello tiene el inconveniente que este no se trató de un proceso vinculante, no se incorporaron en las deliberaciones actores sociales y políticos relevantes y, lo más problemático, el proyecto de ley que envió el gobierno de Bachelet al Congreso —redactado bajo reserva, al punto que no se sabe si estaba listo antes o al final de su itinerario— no reflejó lo que se debatió en los cabildos ciudadanos.
Se necesita activar un proceso donde la ciudadanía sea protagonista y en el que se le transfiera a ella la decisión de qué camino tomar.
¿Cómo hacerlo? Se podría convocar a un plebiscito de carácter vinculante, cuestión que fue expresamente rechazada en el modelo del gobierno de Bachelet. En este referéndum se le consultaría a la ciudadanía si quiere darse una nueva Constitución. Pero, además, se preguntaría sobre el mecanismo para hacerlo: (a) una Asamblea Constituyente, o (b) por la vía regular de reformas introducidas al Congreso Nacional.
Si en ese plebiscito se acepta el primer camino, entonces se abre paso a un proceso de definición de la estructura de esta Asamblea, partiendo por la convocatoria a elecciones de sus integrantes —en cuya conformación debiera excluirse a actuales parlamentarios/as—. Será la asamblea la que definirá las reglas en que operará. Luego de discutido y aprobado un nuevo texto constitucional, se convocará a un plebiscito ratificatorio. Una condición fundamental es establecer la inhabilidad de los asambleístas para participar de las elecciones inmediatas que se realicen, para evitar el conflicto de interés entre quienes definen las reglas del juego y quienes posteriormente las ejecutan.
¿Cuándo hacerlo? Algunos actores políticos hablan de hacerlo de inmediato, el próximo diciembre. Pensamos que un aspecto fundamental de este tipo de procesos es permitir que la ciudadanía pueda informarse y organizarse, por lo que podría convocarse para julio de 2020. Si de algo da cuenta el itinerario de Bachelet, es que la etapa de información y debate público ciudadano fue insuficiente. La convocatoria a plebiscito motivará que los actores políticos y sociales se organicen para defender la opción de una Constituyente cara a cara, la vía congresal. Pero de nuevo, para evitar errores pasados —de los que el momento actual no es otra cosa que uno de sus síntomas—, resulta fundamental transferir el poder de decisión a la ciudadanía sobre el camino que desea tomar.
Nada de esto obsta a dar paso a la idea insinuada por el Gobierno en orden a organizar cabildos ciudadanos para debatir las preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, resulta crucial tener en cuenta que una cosa es estimular mecanismos de escucha y deliberación ciudadana sobre asuntos particulares (impuestos, políticas sociales, mejoramiento de la democracia, etcétera) y otra distinta es la discusión sobre una nueva Constitución. Si bien debe anotarse que existe ya un cúmulo importante de información disponible y sistematizada de los encuentros locales autoconvocados de la experiencia pasada, sostenemos que una genuina discusión constituyente requiere institucionalizar un camino donde sea la ciudadanía la protagonista de decisiones vinculantes. (El Mercurio)
Jaime Bassa
Pablo Contreras
