El director provisional y transitorio del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, está en el centro de la polémica por su negativa a presentar una denuncia o querella en el caso Soquimich solicitada por la Fiscalía.
La entidad ha recibido críticas desde el oficialismo y la oposición, desde donde se ha especulado que su tardanza podría terminar protegiendo a autoridades políticas de todo el espectro que habrían recibido financiamiento electoral irregular, y que es una de las aristas que quiere indagar el Ministerio Público.
Ayer en la tarde, tras varios días de polémica, finalmente el SII anunció que entregaría información contable de SQM al fiscal nacional.
Una de las críticas es que el SII no estaría actuando con la misma diligencia y celo que tuvo al comienzo del caso Penta, donde tempranamente presentó una denuncia y querella, gracias a la cual la justicia formalizó a 10 personas, cuatro de la cuales están en prisión preventiva como medida cautelar.
Sin embargo, al revisar cómo ha sido la actuación del SII en el pasado reciente frente a otros casos de eventuales delitos tributarios, es posible encontrar que la entidad sí ha ejercido acciones penales en situaciones que podrían afectar a personeros de alta connotación pública, incluso de la Nueva Mayoría.
La denuncia del SII contra la U. Bolivariana por delito tributario que involucra $980 millones
Se trata de la “denuncia criminal por el delito tributario previsto y sancionado en el inciso primero del número 4 del artículo 97 del Código Tributario”, que tuvo a la vista “El Líbero”, y que fue presentada ante la Fiscalía de Ñuñoa el 5 de agosto de 2013 por el SII en contra de Martín Manuel Gárate Díaz, “en su calidad de representante legal de la corporación de derecho privado Universidad Bolivariana, entidad que en reiterados períodos, entre los años 2008 y 2011, presentó declaraciones maliciosamente falsas al haber omitido las retenciones efectuadas por concepto de impuesto único a sus trabajadores, y por concepto de honorarios pagados a profesionales independientes”.
La denuncia la firmó Andrés Vio Veas, quien subrogaba al subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas Méndez, funcionario de carrera desde 1995 y que ayer fue el encargado de anunciar que se entregarán todos los antecedentes al Ministerio Público en el caso Soquimich.
El artículo invocado por el SII se refiere a declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto.
El SII recibió 56 denuncias en contra de la U. Bolivariana, que puso a disposición de la Fiscalía, que dirige Sabas Chahuán.
“El perjuicio fiscal determinado administrativamente, producto de las conductas referidas, desde enero de 2008 a diciembre de 2011, alcanza la suma de $980.467.138”, según información oficial de Impuestos Internos.
Fiscalía liderada por Gajardo investiga los presuntos delitos de la universidad
El 6 de junio de 2014, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó por delitos tributarios en calidad de autor a Martín Manuel Gárate Díaz y como medida cautelar decretó una firma mensual en la 16° Comisaría de Carabineros de La Reina.
El querellante por parte del SII es Cristián Vargas, y el fiscal a cargo del caso es José Villalobos Gómez, quien forma parte de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Oriente, que dirige Carlos Gajardo, quien investiga, a su vez, los casos Penta y Soquimich junto a Sabas Chahuán.
En la Fiscalía señalaron ayer a este diario que restan otros seis meses de investigación porque hay diligencias pendientes, como declaraciones de testigos y oficiar al SII para saber cuánto se ha pagado.
Gajardo lidera las indagatorias, además, de otras 12 universidades en el denominado “caso lucro” y en los presuntos sobornos pagados al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz.
Los vínculos del ministro Elizalde con la U. Bolivariana que fundó su padre
La Universidad Bolivariana y el apellido Elizalde están vinculados desde su fundación a principios de los 90’.
Antonio Elizalde Hevia, -padre del actual ministro de la Secretaría General del Gobierno, Álvaro Elizalde Soto-, es uno de los dueños originales del plantel, fue su rector durante 11 años (1996-2007), integró el directorio, fue director de investigación y publicación y es rector emérito.
El 1 de mayo de 2005, mientras era rector, el padre del vocero de Gobierno constituyó la Sociedad Gandia S.A. junto a su cónyuge y madre de sus hijos, María Eugenia Soto Albornoz, con el objeto “de realizar la gestión educacional y participación en proyectos educativos de todo tipo, especialmente en el ámbito universitario”. Tres meses después, el 26 de agosto,Gandia S.A. se incorporó como socio de la corporación de la U. Bolivariana en una asamblea general extraordinaria.
Tres años después, en 2008, y mientras el hoy ministro Elizalde era superintendente de Seguridad Social en el primer gobierno de Bachelet –cargo que ocupó hasta marzo de 2010-, se desempeñó en paralelo como gerente general de Gandia S.A., según figura en su declaración de patrimonio de noviembre de 2008.
El cargo en Gandia S.A. lo mantuvo, al menos, hasta abril de 2010, cuando realizó su declaración de patrimonio tras su salida de la Superintendencia ante la llegada del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
La denuncia del SII por eventual delito tributario de la U. Bolivariana abarca el período entre enero de 2008 y diciembre de 2011. Al menos hasta febrero de 2013, Gandia S.A. figuraba como socio activo de la Corporación Universidad Bolivariana, según consta en un acta de asamblea general extraordinaria. (El Libero)
