El plan era refinanciar sus deudas para evitar la quiebra. No obstante, la empresa Las Magdalenas -de Gonzalo Peña y Lillo y considerada una de las mayores constructoras de Concepción- no logró la venia de tres bancos y la justicia decretó la liquidación de la compañía.
Los pasivos de la firma superan los $ 17 mil millones y los principales acreedores son los bancos Itaú, Scotiabank, BCI y Security. Precisamente, en la junta de acreedores realizada el pasado 17 de enero, estos tres últimos bancos se opusieron a la solicitud de la compañía de lograr más plazo para intentar sacar adelante la reorganización.
Junto a esto, los bancos Scotiabank, BCI e Internacional rechazaron la propuesta de refinanciamiento presentada por la empresa. El Security, sobre de los bienes declarados esenciales, rechazó la propuesta hasta por $1.859 millones, que corresponde al avalúo comercial que fuera informado en la nómina de créditos reconocidos. Además, respecto de los bienes declarados no esenciales que pertenecen a un tercero, votó de acuerdo al artículo 95 Nº3 d), esto es “manifiesta la intención de no votar”, a fin de poder perseguir la ejecución de las garantías hipotecarias de manera independiente.
“No fue posible alcanzar el quórum necesario para lograr concordar un acuerdo de reorganización. Tampoco se logró quórum para el efecto de que la empresa deudora pudiese presentar a la junta de acreedores una nueva propuesta de acuerdo. En consecuencia (…), obliga al Tribunal a dictar de oficio y sin más trámite la resolución de liquidación respecto de la empresa deudora”, dijo Carlos Hidalgo, juez titular del Tercer Juzgado Civil de Concepción, en su resolución del mismo 17 de enero.
La empresa se suma a la ya larga lista de compañías del sector que han pedido su quiebra, lo que se ha atribuido, principalmente, a los efectos de la crisis sanitaria (por retrasos en los proyectos por las cuarentenas) y al alza de costos de los materiales de la construcción.
Las Magdalenas participaba en el desarrollo y construcción de viviendas, para luego establecerse en el desarrollo de edificios bajo el concepto de home office, así como también de edificios residenciales. “Se hace necesaria una reestructuración de su pasivo, por cuanto tenemos la convicción de la viabilidad de la Compañía atendido su historia, su experiencia, y los clientes que nos han apoyado durante años, lo cual permitirá cumplir con sus obligaciones”, dijo Peña y Lillo en su solicitud de refinanciamiento ante la justicia.
El directivo añadió que la empresa (originalmente conocida como Inmobiliaria BDP Limitada) se encontraba en una buena situación financiera, con un buen nivel de ventas, desarrollando cinco edificios en diversas comunas de la Región del Biobío, todos terminados y con venta completa de sus unidades.
El dueño de la constructora aseguró que, debido a la «sólida situación financiera y el buen desarrollo de proyectos», se negoció la construcción de una placa comercial y un edificio habitacional con Parque Arauco en la comuna de San Pedro de la Paz durante el año 2017, que se denominó proyecto Michimalonco.
Precisó que, a finales del año 2018, fue otorgada una línea de crédito por Banco Security para la compra de terrenos y construcción del proyecto mencionado. Y añadió: “Lamentablemente, luego de comprar el terreno, Banco Security nos informó, que ya copó su línea para proyectos inmobiliarios y no podría financiarnos la construcción, mayormente debido a ajustes por temas bancarios internos”.
Dijo que, posteriormente a ello, en junio del año 2019, se inició operación con Banco Itaú, para la compra de la deuda asociada al Security, con la condición de aportar un avance de obra del 10% (equivalente a 30.000 UF y que efectivamente fue ejecutado en el proyecto Michimalonco), entre otras exigencias, lo que finalmente no pudo materializarse.
El empresario apuntó luego a la revuelta y la pandemia. “La actividad de la compañía se vio profundamente perjudicada por la problemática social, económica y política que enfrentó el país en el llamado estallido social, en octubre del año 2019 (…).. Esto se vio acentuado por la crisis sanitaria”, sostuvo el dueño de la constructora, quien luego se refirió al impacto que generó en la compañía el aumento de los precios de los materiales de construcción, la escasez de los mismo y la lentitud y encarecimiento de su transporte.
Insistió que la actividad inmobiliaria y de la construcción se vio tan perjudicada y golpeó tan fuerte a la empresa, que la sociedad Las Magdalenas se vio en la necesidad de bajar drásticamente su personal, así como limitar sus pagos a lo netamente esencial. (DF)
