Se ha producido un debate en torno al aporte presupuestario de US$ 70 millones para capitalizar a TVN. No obstante, las millonarias pérdidas del canal de televisión oficial son insignificantes en relación al costo de las ineficiencias del Estado en otros ámbitos. Una buena parte de las últimas se pueden explicar porque elEstado emprende más tareas de las que puede realizar adecuadamente y porque los incentivos existentes en el sector público no son los adecuados.
La ineficiencia de la acción estatal se puede ilustrar con casos como el Transantiago y su tasa de evasión de pasajes, que bordea el 30 por ciento; la conocida situación del Sernam y el hacinamiento de las cárceles; la altísima de tasa de victimización (43,5 por ciento a nivel nacional según Paz Ciudadana) y el sentimiento de temor de la población (alrededor del 15 por ciento); la mala atención en el Sistema Nacional de Servicios de Salud Pública por, entre otras cosas, la falta de especialistas y el atraso en la construcción de hospitales; y el costo de la educación escolar municipal, que por alumno excede en un 50 por ciento al de la particular subvencionada, y sin embargo no ha sido capaz de detener el éxodo de alumnos a la última. Todo mal hecho.
A la larga lista de servicios públicos deficientes, se agrega la responsabilidad que tiene el Estado -a veces por una regulación inadecuada, pero generalmente por falta de control- en la manifestación de una serie de fallas o abusos en las operaciones que realiza el sector privado. No estoy relevando en absoluto a los privados de sus deberes y obligaciones, sino sólo resaltando la falla del Estado en el ámbito de la corrección de las fallas de mercado.
El Estado no puede hacerlo todo. Sin embargo en Chile, tal como en otros países, frente a cualquier problema que surge, se le exige al fisco -como si se tratara de Diós- que lo resuelva milagrosamente. Se olvida completamente que los órganos estatales tienen recursos limitados y que están constituidos por personas, con sus intereses, virtudes y defectos. Las conclusiones de la teoría del principal-agente y de aquella de las decisiones públicas, son muy iluminadoras al respecto.
Ya lo comentamos en una columna anterior, lo racional es realizar, para cada política pública, el correspondiente análisis de costo-beneficio, y solamente emprender aquellas tareas en que los últimos excedan a los primeros.
A pesar de que en Chile hemos tenido por décadas un ejemplar sistema de evaluación social de proyectos de inversión pública, no hemos sometido a otros ámbitos de la acción pública a un comprehensivo y formal análisis de costo-beneficio. Existe en el país, por eso, una evidente falta de coherencia entre las demandas que se hacen al Estado -ahora último una verdadera vorágine- y las posibilidades que éste tiene de satisfacerlas. La consecuencia de esta falta de coherencia es costosa para el país y urge corregirla, priorizando hasta que duela, si queremos evitar un aún mayor deterioro de la acción pública. Quién mucho abarca, poco aprieta. (La Tercera)
