Actualmente existen dos topes imponibles en Chile en cuanto a las cotizaciones para seguridad social: uno que se usa para el seguro de cesantía, y otro que se utiliza para todo el resto, partiendo por las pensiones, pero también para otras materias como salud.
En la reforma previsional, el gobierno quiere subir el segundo, igualando al que se usa para el seguro de cesantía, es decir, desde las actuales 84,3 UF (unos $3.134.000) a 126,6 UF (aproximadamente $4.757.500), con una gradualidad de cinco años. Eso sí, el gobierno excluirá la salud común del alza del tope imponible. Y quedó pendiente definir si el pago de comisiones a las AFP, que actualmente va entre 0,49% y 1,45%, tendrá el tope imponible actual o no. Hace un par de semanas los senadores le dieron el visto bueno a esta propuesta mediante una votación ad-referéndum.
A junio había 416.448 personas que cotizaban por el tope imponible en pensiones, lo que equivale al 7,3% de los cotizantes de AFP que hubo en junio (5.712.389). Pero quienes estaban entre el tope imponible de pensiones y del seguro de cesantía, eran 356.202 personas, esto es el 7% del total de cotizantes del seguro de cesantía en marzo (5.083.291). Eso sí, a ellos hay que sumar un grupo que cotiza para pensiones, pero no para cesantía.
Este grupo, que son quienes están entre el tope imponible actual y al que el gobierno espera llegar, tenían a mayo una remuneración imponible promedio de $4.205.618, por lo que, al subir el tope imponible, su contribución subiría 33,3%.
El gobierno mostró a los senadores un ejemplo del efecto que tendría el aumento progresivo del tope imponible sobre una persona que tenga el ingreso imponible promedio. Allí se enseñó que, en régimen, cuando el tope imponible llegue a 126,6 UF, ese cotizante, que tiene un sueldo imponible promedio de $4,2 millones, aumentará el monto que aporta para pensión desde $315.610 a $420.662, esto es, un incremento de $105.052 mensuales.
Sin embargo, ese cotizante no vería disminuido su ingreso disponible en igual proporción, de acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo, ya que pagaría $14.182 menos de impuesto a la renta. Bajo este escenario, el ejemplo del gobierno concluyó que en total esa persona disminuiría en $90.879 su ingreso disponible.
Ciedess calculó lo mismo, es decir, el impacto en diferentes partidas que se pueden observar en una liquidación de sueldo, pero para distintos niveles de renta. Para el cálculo, consideró un alza del tope imponible desde 84,3 UF a 126,6 UF, excluyendo las cotizaciones a salud y el pago de comisión a AFP (proyecta que se mantienen en el tope actual). Además, considera el Impuesto Único de Segunda Categoría según valores mensuales a septiembre de 2024; y una comisión de AFP de 1,12% del imponible, según el promedio ponderado por cantidad de cotizantes a junio de 2024.
El departamento de estudios estimó una caída de $138.328 (-3,5%) del sueldo líquido para quienes coticen por el nuevo tope imponible, es decir, por un sueldo base de $4.786.174, según el valor de la UF al 6 de septiembre de 2024. Así, el sueldo líquido pasaría de $3.913.641 a $3.775.313. Esto ocurre porque el aporte para pensiones se incrementa en $159.917, un alza de 50,2% por efecto del aumento del tope. Mientras que el pago de impuestos se reduce en $21.589, esto es una caída de 8,1%, por la menor base tributable que genera el mayor aporte a pensiones.
Para una persona que tenga un sueldo base un poco por debajo del nuevo tope imponible que propone el gobierno, es decir, de $4.725.685 (125 UF), su sueldo líquido disminuiría en $133.096, pasando desde los actuales $3.861.632 a $3.728.536. En este caso, Ciedess calcula que eso ocurre porque el aporte para pensiones aumentaría en $153.868, mientras que el pago de impuestos se reduce en $20.772.
Aquellas personas que tengan un sueldo base de $4.347.630 (115 UF), registrarán una baja de $100.394 en su sueldo líquido, desde los actuales $3.536.577 a $3.436.183. Esto, por un alza del aporte en pensión de $116.063, frente a un menor pago de impuestos por $15.668.
Asimismo, Ciedess calculó que las personas con un sueldo base de $3.969.575 (105 UF) verán una disminución de $69.237 en su sueldo líquido, pasando desde los actuales $3.211.522 a $3.142.284. Sus pensiones aumentarán en $78.257 y el pago de impuestos bajará en $9.020.
Por otro lado, quienes tengan un sueldo base de $3.591.521 (95 UF), tendrán una baja de $37.216 en su sueldo líquido, desde los actuales $2.868.558 a $2.831.342. Esto, frente a un aumento de $40.452 de aporte en la pensión, y un menor pago de impuestos por $3.236.
Por último, una persona que tiene un sueldo base de $3.213.466 (85 UF), experimentará una baja de $2.435 en su sueldo líquido, pasando desde $2.522.834 a $2.520.399. Esto, por un mayor aporte en su pensión de $2.646, y un menor pago de impuestos por $212.
“Para el Estado, una consecuencia de esta medida es una menor recaudación fiscal por el menor pago de impuestos (dada la caída de la base tributable). Adicionalmente, para el Estado como empleador, existiría un mayor gasto por concepto de pago de remuneraciones y contribuciones (cotización para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, seguro de la ley N°16.744 y seguro de la Ley Sanna no se verían excluidos del alza en el tope) a quienes poseen rentas sobre el tope imponible actual”, señala Ciedess. (Pulso)