La tensión que ha marcado las relaciones entre el presidente Rafael Correa y las Fuerzas Armadas (FFAA) ha escalado en los últimos tiempos. El fin de semana, el mandatario llamó a los soldados a rebelarse. A Correa le disgusta que Consejos de Disciplina de la Marina no hayan sancionado a cinco oficiales que le respondieron «de manera ofensiva» a un email masivo que envió a los correos personales de los miembros de las FFAA, para defender las reformas a la Seguridad Social de la institución militar que propicia el Ejecutivo. El mandatario repite, una y otra vez, que en las pensiones de jubilación de los oficiales hay «privilegios». Los militares lo niegan.
La reforma a la Ley de Seguridad ha sido «socializada» dentro de los cuarteles, por el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, sin que los mandos militares hayan podido opinar. El presidente ha acudido a jueces civiles para que ratifiquen que él es la máxima autoridad de las FFAA, para que dejen sin efecto las decisiones de no condenar resueltos por los Consejos de Disciplina, y designen unos nuevos para que juzguen a los denunciados.
En el caso del teniente de la Armada Ángel Realpe, el Consejo de Disciplina falló a su favor, aduciendo la caducidad del proceso. Esto enfureció al mandatario que dijo: «Esta gente está desafiando al Estado de derecho. Ya basta. Soldados de la patria a rebelarse contra esta clase de comportamientos». Ayer, la jueza Karen Matamoros, de la Unidad Judicial Penal de Quito, que conoció la acción de protección pedida por el presidente, no solo que anuló un fallo a favor del capitán Luis Peñafiel, sino que dispuso que las FFAA capaciten a todos los soldados sobre la «sujeción a la autoridad civil y cumplimiento del orden constitucional».
El presidente ha aireado estos temas en intervenciones públicas. En el aniversario del Seguro Social Campesino, ante cientos de asistentes, Correa habló del caso del capitán Edwin Ortega, de quien reveló que en su respuesta también criticó las políticas del Gobierno, entre ellas, el juzgamiento que hubo a uniformados por delitos de lesa humanidad, perpetrados en los 80, contra el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo. «O sea a ellos (los militares) no hay que juzgarlos. Esto dizque ofende a las FFAA. Y ya definieron a Alfaro Vive como terrorista. Tenemos fascismo dentro de nuestras FFAA. Es hoy o nunca que cambiamos este país…».
Semanas atrás, el presidente había calificado de «retardatarias» las declaraciones del excomandante del Ejército Ernesto González, en el sentido de que la tensión entre el Gobierno y los militares empezó con la conformación de «una Comisión de a Verdad con elementos subversivos». En ciertos militares hay una mentalidad que se puede tachar de «fascista», dijo entonces Correa.
TERRENO CON «SOBREPRECIO»
Las relaciones entre presidente y las FFAA se han ido deteriorando poco a poco, aunque al inicio de su mandato (enero del 2007) eran muy buenas, al punto que entregó a la Armada el manejo de Petroecuador, la mayor empresa estatal.
Un discurso que hablaba de anular los privilegios de la oficialidad, que tenía comedores y residencia diferentes a la tropa, penetró a los recintos militares. No pocos dijeron que se las quería dividir.
El pasado mes de febrero, cuando ordenó retirar 42 millones de dólares de la cuenta del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), por haber vendido, supuestamente, con sobreprecio, un terreno al Ministerio del Ambiente, dónde el Gobierno levantó el parque Los Samanes, en Guayaquil, la puga fue total. La cúpula militar fue depuesta.
Pocos días después, en el cambio de mando de las nuevas autoridades, los oficiales en servicio pasivo abandonaron el Campo de Marte, cuando el presidente Correa se aprestaba a intervenir. Hace dos meses, el comandante de la Marina fue removido.
«PROSELITIMSMO EN CUARTELES»
Para el exministro de Defensa, general Oswaldo Jarrín, el envío de correos electrónicos personales es una clara manifestación de proselitismo por parte del presidente, porque se busca «persuadir y ganar adeptos dentro de las FFAA».
El docente de Flacso, Teodoro Bustamante, va más lejos. Para él, la provocación a las FFAA se trataría de «una búsqueda de un golpe de Estado para cosechar el rol de víctima y no afrontar las crecientes dificultades de la gestión pública». (ABC Internacional)
