Ayer concluyó el largo paro de una buena parte de los servidores públicos. A pesar de la existencia de los así llamados turnos éticos, la huelga se tradujo en costos considerables -en ocasiones graves- para la población. El correspondiente y dilatado proceso de negociación genera muchas interrogantes, entre ellas, aquellas referentes a las causas de tal alargamiento y a las posibilidades de evitarlo en el futuro.
El ministro de Hacienda -en un ambiente de estrechez fiscal- propuso un reajuste de remuneraciones que excedió en algo la variación estimada del IPC, con una distribución que favorecía a las rentas bajas y dejaba congeladas las remuneraciones mayores. La magnitud media de ese reajuste es mucho más que razonable si se considera que las remuneraciones promedio en el sector público -correctamente medidas- superan en un 30 por ciento aquellas del sector privado (Rodrigo Cerda, 2016).
Echarle toda la culpa del largo proceso de negociación a la falta de manejo del equipo político del gobierno me parece ingenuo. Es mucho más probable que la explicación se encuentre en la politización extrema de los líderes de facto del paro, que -en último término- pretenden introducir cambios radicales a nuestro sistema económico social y para ello tratan de trastornarlo lo más posible. Son, en el fondo, los mismos que apoyan el movimiento No+AFP y se oponen al TPP, y que incluyen -además de las cabezas de la Anef, de la Confech, de la Confusam y de algunas otras organizaciones civiles- a los parlamentarios comunistas, a Gabriel Boric, a Giorgio Jackson y a Alejandro Navarro, entre otros.
Para evitar repetir la experiencia descrita debiera ser posible crear instituciones que tengan como finalidad llegar a tener, en el sector público y para personas de idénticas calificaciones, similares remuneraciones a las prevalecientes en el sector privado. Así, los servidores públicos -que al final de cuentas operan en sus respectivas áreas entes monopólicos- no debieran tener efectivamente derecho a paro, limitación que actualmente existe, pero no se respeta.
En lo grueso, la propuesta y la actitud del ministro de Hacienda en este proceso de negociación fue impecable, tal como lo fue el respaldo por parte de la Presidenta Bachelet. La gran mayoría de los parlamentarios de Chile Vamos -que en las primeras votaciones quisieron señalizar que el bajo reajuste era consecuencia del mal manejo de la economía por parte del gobierno- finalmente también apoyaron -acertadamente- la proposición oficial.
Sin embargo, no es posible ignorar el considerable costo para la ciudadanía de este largo proceso de negociación del reajuste. Éste se produjo, como se ha señalado, porque no tenemos una instancia técnica que acote lo convenible, con la finalidad de impedir que grupos de interés -como aquellos radicales antes mencionados u otros- capturen la causa. Urge por ello abocarse al diseño de un mecanismo que permita vincular las remuneraciones del sector público -y sus variaciones- a aquellas existentes en el resto del mercado laboral. (La Tercera)
Rolf Luders
