Un efecto dominó. En sesión extraordinaria del pasado 4 de abril, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, presidida por la nueva Delegada Presidencial y por
los recién asumidos Secretarios Regionales Ministeriales, decidieron rechazar el proyecto Egaña Comunidad Sustentable, que lidera la empresa Fundamenta.
La inmobiliaria, que es asesorada por el abogado Rodrigo Benítez, ya anunció que recurrirá “a todas las instancias que corresponda” para reactivar el proyecto.
El rechazo al proyecto salpicó directamente a Frontal Trust, que maneja un fondo que invirtió en la iniciativa.
“Las medidas concretas frente a este asunto dependerán del conocimiento efectivo de tal resolución, sin perjuicio de que esta administradora se encuentra desde ya analizando alternativas”, dijo Carmen Vicuña, gerenta general de Frontal Trust Administradora General de Fondos, en una comunicación enviada ayer al regulador financiero, la CMF.
La ejecutiva, incluso, anunció el término del contrato de construcción de la obra. “Con motivo de la calificación desfavorable de la Comisión antes informada, Plaza Egaña SpA, con esta fecha, envió un aviso de término anticipado al contrato de construcción del proyecto celebrado con Empresa Constructora DLP S.A., debido a la imposibilidad de continuar la ejecución del mismo por motivos de fuerza mayor, ajenos a la voluntad de las partes”, precisó.
La iniciativa -en la esquina sur poniente de avenida Irarrázaval y Américo Vespucio- contempla la construcción de cuatro torres: una para oficinas y las otras para 1.828 departamentos, además de un complejo comercial. Todo en un terreno de 15.165 metros cuadrados.
LA TRAMA
La empresa inició las obras el 27 de junio de 2019. Tras 33 meses de avances, la inmobiliaria dijo que ya ha gastado US$ 100 millones de los US$ 300 millones presupuestados, en excavaciones, fundaciones, obra gruesa e instalaciones subterráneas. Para esto, la iniciativa cuenta con 695 trabajadores directos entre personal en terreno y oficinas, y 585 indirectos.
Sin embargo, el 26 de noviembre de 2021 el Tribunal Ambiental (TA) acogió parcialmente la reclamación presentada por vecinos y agrupaciones vecinales de Ñuñoa contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Con la decisión, el SEA dejó sin efecto la Resolución Exenta N°222 del 3 de mayo de 2019 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana y retrotrajo la evaluación al “Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones Complementario” hasta que se complementara la evaluación en dos materias: luminosidad y refracción.
El 18 de febrero de 2022, Fundamenta ingresó al SEA la Adenda Complementaria, sólo relativo a las materias solicitadas. Tras ello, el Servicio ratificó que el proyecto fue diseñado de acuerdo con la normativa urbanística vigente y presentó todos los antecedentes técnicos necesarios para acreditar que su ejecución no afecta la calidad de vida de las personas ni al entorno. De hecho, recomendó aprobar íntegramente la iniciativa. “El proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable identificada”, dijo.No obstante, en sesión extraordinaria del pasado 4 de abril, la Comisión de Evaluación Ambienta decidió rechazar el proyecto.
“Egaña Comunidad Sustentable fue diseñado de acuerdo con la normativa urbanística vigente y presentó todos los antecedentes técnicos necesarios para acreditar que su ejecución no afecta la calidad de vida de las personas ni al entorno”, dijo la inmobiliaria. “Estamos convencidos de que nuestra iniciativa aportará significativamente a la comuna de Ñuñoa, por lo cual trabajaremos en la revisión del diseño del proyecto”, añadió.
MANIFESTACIÓN DE TRABAJADORES
Durante el mediodía de este jueves, un grupo de trabajadores de la construcción se manifestó en Ñuñoa debido a el anuncio del cese de una obra ubicada en la comuna, que es desarrollada por la sociedad Plaza Egaña SpA, la cual fue rechazada por una instancia ambiental.
En detalle, los constructores se manifestaron en las intersecciones de Av. Irarrázaval con Américo Vespucio, exigiendo no ser desvinculados y así mantener su puesto laboral.
El pasado lunes, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, integrada por los nuevos seremis del actual Gobierno y la delegada presidencial, rechazó en una votación dicho proyecto. La decisión se tomo por nueve contra dos y pese a que este proyecto obtuvo en 2019 la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
“Nos quieren cerrar la obra, la municipalidad o la alcaldesa, somos más de 450 personas que estamos trabajando en este momento y que no queremos perder nuestro trabajo. Lo único que queremos es seguir trabajando normal, ganar nuestra plata, pero ellos nos quieren cerrar esta obra, por motivos que no tenemos muy claro”, sostuvo Víctor Ortiz, dirigente sindical.
Durante el desarrollo de la manifestación, efectivos de Carabineros actuaron con el carro lanza aguas para dispersar a los manifestantes quienes mantuvieron en tránsito cortado durante varios minutos, el cual ya se reanudó.
Debido a esta manifestación, el seremi metropolitano del Trabajo, Manuel Ahumada, acudió a esta obra para mantener una reunión con los dirigentes y los directivos de la empresa afectada.
En esa línea, la autoridad indicó que “más que acuerdos”, esta reunión fue “para estar al tanto de la situación en la que están los trabajadores, por lo que vamos a hacer algunas gestiones, ver la posibilidad de establecer alguna mesa (de trabajo) para aclarar las cosas y poder llegar a una solución. No puedo adelantar más”.
Asimismo, Carlos Gatica, presidente del sindicato STU, tras la reunión sostuvo tajante: “Quedamos en nada, tan solo con compromisos que nos van a volver a contactar para saber dónde está el problema y quien es el responsable de dejarnos a todos sin trabajo, porque hasta estos momentos no tenemos resuelto aquello”.
“No sabemos quien no quiere que se construya, no sabemos si es la alcaldesa, si son los seremis. La inmobiliaria con la que conversamos en la mañana nos dijo que ellos tenían dos problemas que iban a solucionar, pero al parecer no quieren que esto continúe”, detalló.
En base a lo anterior, Gatica aclaró que hasta ahora “ninguno de los trabajadores está despedido, seguimos trabajando acá pero por un tema de convenios con la empresa DLP, la inmobiliaria quiere que nos vamos porque no puede financiar aquello, pero la constructora DLP que esta a la cabeza de esto, nos está manteniendo aquí, esperando las respuestas”.
Aún así el sindicalista indicó tener “plena confianza de que esto va a llegar a buen puerto” y puntualizó que mañana viernes volverán a la faena, los más de 600 trabajadores de la obra. (DF-ADN)
