A pesar de que la Ley de Presupuesto ingresada por el gobierno fue aprobada en general por la Cámara de Diputados, una de las glosas más importantes fue rechazada: la partida de seguridad del Ministerio del Interior. Es que para la oposición falta especificar el detalle del gasto que asumirá la cartera y cómo estos fondos llegarán a las instituciones policiales.
Por ejemplo, la crítica que más se repite entre los diputados de oposición, y que integran la comisión de Seguridad Ciudadana, es la denominada por ellos como “la billetera de Monsalve” ¿De qué se trata? Uno de los ítemes que contempla el presupuesto de la Subsecretaría del Interior, dirigida por el médico Manuel Monsalve, es para el financiamiento del Plan Nacional Contra el Crimen Organizado. Esta iniciativa contempla la utilización de $ 65 mil millones para la inyección de recursos en Carabineros, la PDI, Gendarmería, Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y todas las instituciones que forman parte de la mesa conformada por el gobierno para combatir el crimen organizado.
Estos dineros serán destinados desde Interior a cada una de estas instituciones para la adquisición de tecnología, vehículos y distintas herramientas que necesiten para hacer frente al aumento de la delincuencia organizada. Es acá donde se presenta el nudo para la oposición, dado que cuestionan el hecho de que estos fondos no sean parte del presupuesto propio que maneja cada organismo, quedando sujetos a la “discreción” del Ejecutivo.
Además, señalan fuentes conocedoras, con esto el alza en la partida para Carabineros no es del 7% como se anunció, e incluso se da la peculiaridad de que el presupuesto para la cartera que dirige Monsalve aumenta en un 175%.
El diputado Diego Schalper (RN) señala que “a pesar de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viene hace meses hablando de un Plan Contra el Crimen Organizado, no hay nada desde el punto de vista legislativo. No hay una ley que aborde eso y al no existir la tipología de ‘crimen organizado’ no se puede presentar una glosa para financiar ese plan”.
El parlamentario agrega que “este presupuesto involucra a distintas entidades, como Aduanas, que depende de Hacienda, de Gendarmería, que depende de Justicia, generándose una ensalada para la transferencia de fondos. Es algo muy intersectorial que genera una distorsión, lo que hará que ese dinero termine repartido de una manera poco clara, en lugar de detallar para qué será y definir de inmediato cuánto de esto se pasa directo a la institución en cuestión”.
LA VALLA DEL SENADO
Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI) advierte que “más que un fondo propio de la Subsecretaría del Interior, donde será usado a su discreción, estos fondos debieran ir directamente a Carabineros, la PDI o la institución que se requiera, porque se dice que aumenta en un 4%, pero hay fondos que vienen desde antes, o que en la práctica significa un alza muy baja. Acá debiera definirse, en esta glosa, un plan específico para el Plan Frontera Norte, por ejemplo, antes que nos quiten la Visa Waiver”.
Alessandri, sin embargo, señala que ahora que la discusión se vuelca al Senado, el Ejecutivo tendrá la oportunidad de hacer esas distinciones y, “tal vez, darle una vuelta a esta parta para el Crimen Organizado y ser más específico y más concreto en la destinación de estos fondos”.
Lo mismo cree el diputado Andrés Longton (RN), quien sostiene que “venimos de una mala experiencia con el Plan Nacional contra el Narcotráfico, impulsado por el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde se aprobaron recursos y, finalmente, la Dirección de Presupuestos (Dipres) lo evaluó muy mal. Cuando no hay certezas de cómo se ejecutarán esos recursos genera dudas. Lo que queremos es que estos dineros sean destinados para un combate efectivo contra la delincuencia”.
:format(webp):no_upscale()/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/copesa/32UQZ6AFH5CTZAVFNLGC6NUPBI.jpeg)
A pesar de las críticas, el subsecretario Monsalve defendió la medida. “Enfrentar a las organizaciones criminales tiene que ser una estrategia conjunta de las instituciones del Estado y los recursos, por lo tanto, tienen que servir para desplegar esa estrategia. No sirve de nada que, por separado, cada institución tenga estrategias que no converjan en un objetivo común como país o como Estado”, explicó.
La autoridad agregó que “la presencia de estos recursos en la Subsecretaría del Interior, y no en cada una de las instituciones, tiene que ver con darle conducción a la necesidad imperiosa de que el Estado y el país tenga una estrategia contra el crimen organizado. Esos recursos no quedan en la Subsecretaría del Interior, van a otras instituciones, como Gendarmería, Carabineros, la PDI, la UAF, y hasta la policía marítima, y van para fortalecer una estrategia común”.
La próxima semana la discusión se centrará en el Senado, donde el Ejecutivo pretende consolidar su propuesta para financiar a las instituciones que participan en la persecución del crimen organizado. (La Tercera)
