Prácticamente listo está el proyecto de ley de reforma al sistema de notarios, conservadores y archiveros, que el gobierno enviará próximamente al Congreso.
Se trata de una materia en la que la Presidenta Bachelet ya intentó avanzar durante su primera administración, lo que finalmente no prosperó, y que también fue parte de los compromisos inconclusos de Sebastián Piñera. Esto en el contexto de un diagnóstico compartido sobre la necesidad de elevar la competencia y transparencia del sistema.
El borrador del proyecto que maneja el Ministerio de Justicia, apunta a introducir cambios en las condiciones que se deben cumplir para ser nombrado notario, otorgar mayor transparencia a esos nombramientos, y facilitar la apertura de nuevas oficinas, entre otros. Pero el texto resultó de un proceso de diálogo con las organizaciones de notarios, por lo que desde el mismo Ejecutivo reconocen que no se tratará de un cambio sustancial.
El proyecto fija inhabilidades para ser nombrado notario, conservador o archivero. Así, no podrán ser notarios quienes se hayan desempeñado como: ministro y fiscal judicial de la Corte Suprema o de las cortes de Apelaciones; juez de letras, relator, secretario de Corte y de juzgados de letras; prosecretario de la Corte Suprema o secretario abogado del fiscal de ese mismo tribunal; abogados integrantes, funcionario de la Corte Suprema, de la respectiva Corte de Apelaciones o Presidente de la República.
Tampoco podrán serlo quienes hayan sido funcionarios de exclusiva confianza del Presidente, del ministerio de Justicia, alcaldes, diputados o senadores; ni los cónyuges de todos ellos.
La reforma faculta además al Presidente para crear nuevos oficios de notarios, en la medida que el territorio jurisdiccional tenga más de 40 mil habitantes por oficio y que los repertorios superen los 10 mil. También podrá crear nuevos oficios notariales a solicitud de la Corte de Apelaciones, el concejo Municipal o del nuevo Consejo Técnico Asesor. Se creará una notaría en el aeropuerto de Santiago.
NUEVO PROCEDIMIENTO
Las cortes de Apelaciones convocarán a concursos públicos y seleccionarán a aquellos postulantes que serán recibidos en audiencia pública de oposición ante el Pleno de la respectiva Corte. Luego de dicha audiencia, ésta confeccionará una nómina que enviará a Justicia para la decisión final.
Hoy ese procedimiento es cerrado. Los interesados postulan a la Corte de Apelaciones respectiva de la cual depende la notaria o conservador, y ésta evalúa y confecciona una terna que se envía al ministerio.El diagnóstico de la autoridad es que el actual sistema deja espacio a presiones políticas durante el proceso.
Los procedimientos de nombramientos se tramitarán electrónicamente y tendrán el carácter de públicos. También se publicarán en el sitio web del Poder Judicial los cargos vacantes, las convocatorias a concurso y sus prórrogas, las convocatorias a audiencias públicas de oposición, entre otros.
La Fiscalía Judicial se encargará de fiscalizar a notarios, conservadores y archiveros. Sancionarán faltas, abusos y reincidencias. Hoy esa labor está a cargo de ministros visitadores designados por los tribunales.
También se establecerán obligaciones adicionales, como mantener en un lugar visible el horario de atención al público, calendario de suplencias y permisos, declaración de intereses patrimoniales y resultados de las últimas auditorías.
Las notarias deberán financiar auditorías externas, y contar con firma electrónica avanzada.Asimismo, podrán otorgar escrituras públicas electrónicas, entre personas que no comparezcan al oficio del notario, pero que las suscriban por medio de firmas electrónicas.
El proyecto crea también un consejo técnico asesor para la función notarial registral y archivística para asesorar tanto al Poder Judicial como al ministerio de Justicia. (La Tercera)
