No se entiende cómo van a montar un “Museo de la Democracia” si existe escaso acuerdo respecto a la historia contemporánea. Lo hemos estado viendo a propósito de los cincuenta años de la ley 16.640. A nadie se le ocurriría objetar el carácter democrático de dicha ley; con todo, es posible sostener que la reforma agraria y sus consecuencias fueron fatales para la institucionalidad política. Por tanto, uno se pregunta si convendrá que a procesos democráticos, traumáticos para la sociedad aunque legalistas, se les eleve a alturas sacrosantas. No hay museo que no sea un tanto santurrón; ¿Significará eso que se insistirá en un cuento, a pesar de todo, feliz?
La reforma agraria puso fin a la hacienda sin tenerse en cuenta que, de hecho, se estaba erradicando: nada menos que una de las pocas estructuras sociales en este páramo perdido del mundo. La más estable y menos contenciosa, habiendo prevalecido 300 años en un país en que nada persiste tanto tiempo (la república lleva a duras penas 200). Lo cual no importó mayormente. Para el mesianismo imperante, se trataba de alcanzar un mundo mejor sacrificando lo que fuese necesario. Y vaya qué destino nos deparó esta lógica: un país intencionalmente revolucionado aunque ninguno de sus artífices, beatos y fóbicos, biempensantes y anti-elitarios, admitiera su responsabilidad, inconfesos sus propósitos, y ni qué decir respecto al desenlace desastroso consiguiente.
Los parteros de la reforma agraria y de lo que vino después -la DC y la UP- jamás concedieron que lo suyo atentaba a la institucionalidad legada. Por eso su insistencia en autocalificarse de “reformistas” o respetuosos de las vías chilenas, distinguiéndose de extremismos foráneos, castristas desde luego. A lo sumo, una agenda supuestamente progresista a tono con los tiempos (revolucionarios por cierto). Hipócrita, sin embargo, toda vez que ese reformismo se hizo acompañar de chantaje (la derecha debiendo apoyar a Frei el 64) y agitación campesina, a fin de lograr intenciones radicales posando de técnicas. De ahí que se descartara cualquier aporte económico que pudieran tener estos predios manejados por sus legítimos dueños, primando criterios de superficie (fin del latifundio y redistribución de tierras que no ocurrió), y no tardara en confirmarse que este asalto a la propiedad respondía sobre todo a un afán de destruir el ascendiente político de la derecha y hacerse del voto campesino (fin del inquilinaje). Que la derecha dejara de creer en la institucionalidad pareció hasta conveniente. Que el experimento significara regresiones (clericalismo, uso de fuerza para resolver conflictos, y eliminación de contrapesos políticos) tampoco importó.
Primó una lógica falaz -“si no nos hacemos nosotros de la revolución, otros la harán”- típica del progresismo, impidiéndoles comprender que la revolución, confesa o no, una vez desatada, no es de nadie. Pues, bien, hablemos de democracia, pero en serio: de cómo a las democracias desde adentro se las implosiona/revoluciona… liquida. (La Tercera)
Alfredo Joselyn-Holt
