El programa de gobierno sostenía, entre sus medidas concretas: “Generaremos un sistema universal de salud a través de un Fondo Universal de Salud, pasando las Isapres a ser seguros complementarios voluntarios regulados por la Superintendencia de Salud”.
Es lícito entonces sostener la siguiente tesis: el objetivo de estatizar la salud sigue con paso decidido hacia un seguro público, manejado por el Estado, que concentre todas las cotizaciones y el aporte fiscal.
Usando el método deductivo de la ciencia, yendo de esta premisa general a las observaciones concretas, se debe concluir que la hipótesis es verdadera. Veamos: ¿En la propuesta de Constitución rechazada, se morigeró el ánimo estatizante? Decía: “El Sistema Nacional de Salud es financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias (…) con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema”. Respuesta: la tesis se sostiene. ¿Es la llamada Ley corta un mecanismo para estabilizar el sistema de seguro privado, al menos por un plazo razonable, para permitir la adaptación de la atención de salud antes de contar con un sistema público confiable y eficiente? NO, es en realidad una ley que fortalece Fonasa para que se haga cargo de toda la población. ¿La discusión parlamentaria tiene alguna posibilidad de alterar la agenda del gobierno? No se le ha permitido ningún rol para evitar una reforma de hecho. ¿La comisión asesora del Senado, con una propuesta sensata para viabilizar una transición, fue escuchada? Absolutamente NO. ¿La participación de la Superintendencia de Salud frente al fallo de la Corte Suprema, que pone fin al sistema Isapre, ha utilizado todas las herramientas conceptuales y jurídicas para evitar el colapso? NO. ¿La indicación de la Ley corta, que crea una modalidad de cobertura adicional se seguros, permite la libre elección hoy existente, incluso para beneficiarios de Fonasa? NO, la termina. ¿Recoge la Ley de Presupuestos un aumento de las transferencias a prestadores privados para disminuir las dramáticas listas de espera? NO.
Se puede seguir; pero la conclusión es la misma. Demás está decir que el proceso constitucional hoy en trámite no altera esta agenda.
Lo que no es democrático es dejar de presentar al Parlamento un proyecto global de cambios, que sea discutido por los representantes de la ciudadanía, y que, en subsidio, se monte un verdadero baile de máscaras, en que incluso los que parecen más preocupados ya han dado su aquiescencia a este proceso, sin discusión parlamentaria, aprovechando la oportunidad de una colegislación del Poder Judicial. Se puede levantar una segunda hipótesis: el Ejecutivo prefiere hacer una reforma sin consulta al Congreso. Es dura; pero posible. (La Tercera)
Jaime Mañalich
