Con la reforma a la educación superior se crearía una agencia que velaría por la calidad de las carreras que se dictan, y una superintendencia, que fiscalizaría el buen uso de los recursos que recibirán los planteles. Y fue sobre esta última institucionalidad a la que se refirió el contralor, Jorge Bermúdez, en la comisión de Educación de la Cámara Baja.
Ayer, la autoridad sostuvo que la superintendencia se «superpondría» con el órgano que dirige, pues el ente ya controla los recursos que se entregan desde el Estado, consignó «El Mercurio». «Chocan las facultades que tiene la superintendencia. Pero con un problema: sin tener los atributos legales y constitucionales de la Contraloría, a saber, la autonomía constitucional y en segundo lugar la legitimización democrática indirecta que tiene el contralor, y que no tendría este jefe de servicio», dijo.
Según Bermúdez, el superintendente es nombrado por la Alta Dirección Pública y puede ser removido por el Presidente de turno, «lo que le quita autonomía, capacidad de decisión frente a las grandes facultades que tiene que ejercer». Y añadió que la nueva superintendencia fija, interpreta y sanciona las normas, lo cual podría provocar problemas.
Con todo, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló: «Me parece importante que se tenga una superintendencia». Y añadió que esta institución debe ser «proactiva en el trabajo de fiscalización» y «anticipar situaciones de riesgo», como un posible lucro.
Según la secretaria de Estado, la superintendencia verificaría «el cumplimiento de normas, pero también los temas económicos y los estatutos». Sostuvo que se podría conversar con el contralor para que haya una «complementariedad» entre los dos organismos.
RESGUARDO DE RECURSOS
Otra crítica del contralor es que «algunos aspectos del proyecto afectan el resguardo de los recursos públicos». Un ejemplo es que se propone que las universidades estatales no pasen, en ciertos casos, por la toma de razón de la Contraloría, para así alivianar su carga burocrática.
Además, se postula que no pasen por Chile Compras cuando se trate de adquisiciones menores a $500 millones. «Es un doble autogol a la probidad», afirmó Bermúdez.
El contralor agregó que, con la creación de la superintendencia, los rectores de los planteles -que el año pasado recibieron más de $1,5 billón por parte del Estado– se relacionarían con un jefe de servicio que no tiene responsabilidad política y no con un ministro, como ocurre actualmente. De ser este el caso, la destitución de un ministro, como ocurrió con Harald Beyer, no se podría dar.
Otro tema que se abordó en la comisión fue la gratuidad. Bermúdez anunció que en 2017 se realizará una auditoría a los planteles afectados a la política. «Lo vamos a hacer, sobre todo a los que reciben más fondos», adelantó.
Advirtió que hay ciertas instituciones que se pueden fiscalizar, pero «no podemos exigir (que respeten la ley de compras), porque hoy la legislación no alcanza para eso. Ese es el problema que tenemos». (Emol)
