El Gobierno ha exhibido pocos avances en la reforma previsional presentada hace ya varios meses, donde uno de los principales temas de debate es el destino de la cotización adicional, ya que la autoridad desea que en su totalidad se vaya a un fondo estatal, mientras que la oposición aboga que ella se destine a las cuentas individuales de cada trabajador.
Las comisiones Bravo y Marcel alertaron que el aumento de la expectativa de vida requería que la tasa de ahorro o cotización se elevase ya que, de otra manera, las pensiones futuras mostrarán tasas de reemplazo inferiores a las observadas actualmente. En efecto, el estudio de Elisa Cabezón, de Pivotes, señala que, en 2023, un hombre que se pensiona a los 65 años se espera que viva hasta los 86. En 2064, se espera que viva hasta los 90 años.
Ahora bien, no sólo se eleva la expectativa de vida, sino también dicho estudio proyecta que la tasa de retorno de los ahorros será paulatinamente más baja que lo observado en las últimas décadas. La tasa marginal decreciente de la rentabilidad del capital y la convergencia de ingreso per cápita entre países explican esta tendencia, en donde, en términos sencillos, ya no habrá en el futuro el equivalente -en términos de impulso al crecimiento mundial- a lo que implicó que China se incorporase al libre mercado internacional.
Pues bien, el estudio nos demuestra que sólo para compensar por las mayores expectativas de vida y las menores rentabilidades que enfrentan los actuales y futuros trabajadores, es necesario que, de los seis puntos extras de cotización, al menos 4,6 puntos vayan a las cuentas individuales. Es decir, el 77% del aumento de la cotización planteada por el Gobierno debe ir a las cuentas individuales para, a lo menos, asegurarles a los futuros jubilados que su pensión sea equivalente a la que están obtenido como jubilación en este momento.
Ahora bien, alguien podría señalar que, si de los seis puntos deben dedicarse 4,6 a mantener la situación actual, quedan 1,4 puntos para que vayan al Gobierno y el fondo estatal lo reparta a discreción de los políticos. Sin embargo, las personas ya aprendieron de los retiros que su dinero es suyo y también se dieron cuenta de que el Estado malgasta el dinero de los contribuyentes. “Donde mis ojos te vean”, dicen los chilenos y reiteran su deseo de que su esfuerzo vaya a su ahorro para beneficio de sus familias.
Para ser más claros sobre esta brutal realidad: el 77% de la cotización adicional ya está gastada sólo en asegurarnos que las pensiones de los jubilados del futuro sean similares a las actuales. Estas cifras dan cuenta del costo de habernos demorado tanto en ajustar los parámetros, ante un cambio que fue evidente para las dos comisiones expertas y para los tres proyectos de ley que han sido presentados, siendo altamente probable que la iniciativa en actual debate fracase también por los sesgos ideológicos que hacen caso omiso de las matemáticas, que son al final las únicas que nunca mienten.
En conclusión, dado que la demora en ajustar la tasa de cotización ha generado una brecha cada vez mayor, es nítido el camino a seguir y acordar que el 6% adicional vaya a las cuentas individuales, dado que el 77% de ese aumento ya estaría comprometido. Por otro lado, se debe canalizar la mejoría de la PGU necesariamente a través de impuestos generales, tal como lo ha sido hasta ahora por la ley Nª 21.419 impulsada por el Presidente Piñera en su segundo mandato. (DF)
Tomás Flores
