Existe evidencia contundente que muestra que el desarrollo económico en el largo plazo depende de la calidad de las instituciones y de las políticas públicas de un país. En momentos en que muchas de nuestras instituciones tienen baja aprobación y poca credibilidad, Chile no puede darse el lujo de diseñar e implementar malas políticas públicas. Un caso importante se refiere al descontento con el sistema de pensiones.
El proyecto de reforma de pensiones actualmente en discusión propone la creación de un ente estatal, el CASS, que licitaría la administración de los fondos recaudados con el 4% de cotización adicional a entidades especializadas y de giro único (AIAPAs). Esto llevaría a sumar a la comisión actual que cobran las AFP por la administración del 10%, una comisión al CASS por la licitación de la administración del 4% adicional (además de cumplir otras funciones relacionadas con seguros), costo que entendemos sería de cargo público; y otra comisión a las AIAPAs por la administración del 4%. Esta última comisión podría ser inferior si las AFP administraran el 4%, ya que el costo adicional para ellas debiera ser bajo.
Además, el CASS estaría facultado para imponer cualquier cartera de referencia a las AIAPAs, lo que impide medir objetivamente cuán bien está decidiendo el CASS sobre la gestión financiera de los recursos aportados —si los resultados son malos, siempre podrá argumentarse que la referencia no es “comparable”—. Esto abre de par en par la puerta hacia la politización de las inversiones a través del poder otorgado a unos pocos consejeros del CASS cuoteados políticamente.
En resumen, es una mala solución para la administración del ahorro obligatorio de los cotizantes (que tras la reforma alcanzaría al 14% del sueldo imponible), y todo como resultado de eslóganes (“no más AFP” o “ni un peso más a las AFP”) ideológicos con escaso sustento analítico.
Si lo que se desea es incrementar las pensiones, ofrecer una opción de administrador estatal (para quienes desconfían de los gestores privados) y lograr una mayor competencia; entonces, la política pública más eficiente es otra: crear una AFP estatal sujeta a la misma cartera de referencia que las privadas y que pudiera administrar la totalidad de los fondos (el 14% de cotización más los fondos acumulados), siendo los cotizantes libres de elegir una administración estatal o privada de sus fondos previsionales. Esto es similar al rol que juega BancoEstado en el sistema financiero chileno. Adicionalmente, puede licitarse todos los años, además de la administración de los fondos de los nuevos afiliados, una parte del stock de afiliados antiguos.
Además, si se desea hacer más solidario el sistema, el CASS puede abocarse exclusivamente a la provisión y administración de seguros de seguridad social, para lo cual debe cobrarse una prima a los afiliados. Este operaría bajo la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (y parámetros dictados por la Superintendencia de Pensiones), como cualquier compañía de seguros. De esta manera existirían una AFP estatal, que competiría por la administración de los fondos previsionales bajo las mismas reglas que cualquier AFP (supervisada por la respectiva superintendencia), y un “ente” público dedicado a la administración de seguros sociales.
Estas soluciones requieren voluntad política y el abandono de eslóganes ideológicos, pero por sobre todo pensar en el bien del país y no en resultados electorales.
El Mercurio
