A menos de dos semanas de que el gobierno presente su proyecto de reforma tributaria, no se puede desconocer que esta iniciativa se va a tramitar ante un cuadro particularmente delicado para la economía chilena: un “sobrecalentamiento” que está derivando en un inevitable ajuste recesivo y un bajo potencial de crecimiento de mediano y largo plazo derivado del estancamiento de la productividad y de la inversión. Es por ello que el gobierno debe ser muy cuidadoso y prudente con el alcance que le quiera dar a esta iniciativa, en consideración a los efectos colaterales negativos que se pueden generar en distintos sectores, y particularmente en el mundo del emprendimiento, principal motor del crecimiento económico. La fórmula que se proponga para ampliar el royalty a la minería y la carga total para los inversionistas que va a surgir en el marco de un nuevo esquema de desintegración tributaria, por citar dos ejemplos de modificaciones que, según se ha señalado, van a formar parte del proyecto, tienen un efecto potencial sobre las inversiones que no se puede desconocer ni minimizar, de manera que el voluntarismo en estas materias debe ser aquilatado con una buena dosis de realismo, para no terminar en una contradicción con los objetivos de crecimiento, inversión y productividad que el propio gobierno se ha fijado.
Adicionalmente, no hay que olvidar que esta reforma tributaria va a ir a la par de una reforma previsional que apunta a aumentar la tasa de cotización en 6 puntos porcentuales, la cual será de cargo del empleador, y que por tanto se va a traducir en un aumento significativo en el costo de la planilla salarial. Aquella fracción de esta mayor cotización que no tenga como destino el ahorro en cuentas individuales de los cotizantes, en estricto rigor debería ser considerada como una mayor carga tributaria para los trabajadores, y por tanto, sumarse a lo que se pretende recaudar vía reforma tributaria, con lo cual la carga impositiva efectiva terminará aumentando aún más de lo contemplado en el proyecto de reforma impositiva. De más está decir que como consecuencia de este mayor costo de contratación y del “efecto impuesto” asociado habría un desincentivo al empleo formal, con todo lo que ello implica en términos de precarización laboral y de pérdida de dinamismo de la economía.
Por último, al analizar el potencial recaudador de la reforma tributaria, hay que ir más allá de los resultados que arroje una planilla Excel calculada a partir de parámetros fijos, por cuanto los efectos colaterales pueden ser importantes, tal como ocurrió con la reforma de la Presidenta Bachelet. La preocupación central debería ser la de no entorpecer ni la inversión ni el empleo, ya que, como muestra la evidencia recogida en los vilipendiados “treinta años”, aproximadamente el 80% de la mayor recaudación tributaria que se generó fue el resultado del mayor crecimiento económico. Esta lección no se puede olvidar. (La Tercera)
Hernán Cheyre
