Una presencia de varios años en Chile–al menos desde 2008, cuando se estableció en Copiapó y Santiago– y una serie de cuestionamientos por sus prácticas en distintos países posee el consorcio chileno-bielorruso BelAZ Movitec (CBM), que se encuentra en el centro del escándalo que se generó después que El Mostrador revelara la trama conocida como la “muñeca bielorrusa”, que hoy tiene al borde de la destitución a la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
El caso –en su arista chilena– comenzó en marzo de 2021, cuando Codelco firmó un contrato con CBM para remoción de tierras y construcción de caminos en el proyecto Rajo Inca. Ello ocurrió tres meses antes que la Unión Europea sancionara a la empresa estatal bielorrusa BelAZ, debido a la violenta represión que el dictador Aleksandr Lukashenko (en el poder desde 1994) desató en contra de trabajadores, periodistas, la sociedad civil y opositores, tras las elecciones de 2020.
La licitación –según detalló Codelco a El Mostrador– fue sometida a un proceso de due diligence antes de proceder a la adjudicación del contrato, durante la presidencia ejecutiva de Octavio Araneda, y contó con la aprobación unánime del directorio presidido por Juan Benavides, quien se abstuvo de votar como en otros casos que involucran firmas de ingeniería y construcción.
“Codelco cuenta con los servicios de la Cámara de Comercio de Santiago para realizar dichas debidas diligencias. Ese procedimiento de revisión se realizó previo a marzo de 2021 y no arrojó información que impidiera avanzar con la contratación, ya que los hechos señalados se refieren a junio de 2021”, comentó la cuprífera estatal chilena en referencia a las sanciones de la UE a la compañía bielorrusa, a las que se sumaron Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.
Fue precisamente en ese periodo que los problemas entre el consorcio y la estatal chilena se agudizaron, debido a las restricciones internacionales impuestas a BelAZ y que derivaron en el incumplimiento de los plazos estipulados.
Para entonces, los ciudadanos y empresas de la Unión Europea tenían prohibido cualquier trato económico con la estatal bielorrusa, una de los mayores fabricantes del mundo de camiones de transporte para la minería, creada en 1956 al alero de la Unión Soviética y que en la actualidad cuenta con alrededor del 30% del mercado de camiones volquetes en el mundo.
Ante ello, BelAZ buscó en Lituania un aliado para poder sacar los camiones que necesitaba para utilizar en distintos proyectos en el mundo, incluido nuestro país, con el que trabajó en alianza con la empresa chilena Movitec, perteneciente a los chilenos Josip y Serjan Sekul Camus, hijos de Luis Sekul Raquela, quien fundó la empresa junto a Jaime Duch, en Antofagasta, la que pasó de tener dos máquinas en 1974 a facturar anualmente más de US$ 90 millones.
El crecimiento de la compañía les permitió a los ejecutivos –según consignó Diario Financiero– lograr un joint venture con BelAZ, atendiendo a los bajos precios de los camiones que ofrecía la empresa en comparación con la competencia japonesa Komatsu.
El negocio de US$ 252 millones que firmaron en 2021 con Codelco era realmente auspicioso, pero en el camino fueron apareciendo problemas, entre ellos, el incumplimiento en el cronograma de avance de obras, la muerte del trabajador Rubén Trigo, en julio de 2022, y el menos difundido hasta ahora: las sanciones económicas interpuestas a BelAZ por la represión desatada por Lukashenko, un férreo aliado de Vladimir Putin y de Nicolás Maduro.
BELSHIP Y LINIOVAS
Una de las mayores organizaciones de periodismo de investigación del mundo, la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), se ha dedicado a indagar cómo Bielorrusia ha sorteado las barreras interpuestas por la Unión Europea que prohíben realizar gestiones comerciales con BelAZ, tras ser sancionada en 2021.
En una de sus investigaciones, la OCCRP asegura que un exdirector de prisión lituano, Aleksejus Liniovas, controlador de una empresa logística bielorrusa, firmó un contrato de 1,1 millones de dólares para ayudar a entregar 10 camiones de BelAz a Chile, en agosto de 2020, acuerdo que no se habría detenido luego que la empresa fuera sancionada por la Unión Europea en junio del año siguiente.
Tras jubilarse como subdirector de la Casa Correccional de Vilnius, en julio de 2018, después de casi cuatro décadas en el cargo, Liniovas habría tomado el control de la empresa Belship, una compañía con sede en Chipre, que tenía contratos con BelAZ desde el año 2015.
Como Bielorrusia no tiene costa, Lituania se transformó en el país preferido para todos quienes buscaban eludir las sanciones, debido a su estratégica ubicación entre Europa Oriental y Occidental, además de hablar el mismo idioma y compartir ciertos códigos culturales.
“Eso crea una zona gris para este tipo de planes. En las regiones cercanas a la frontera hay personas que se dedican al contrabando y, más en general, personas que ayudan a determinados actores a eludir las sanciones”, comentó el politólogo Nerijus Maliukevicius en la publicación de OCCRP.
Sobre las eventuales infracciones cometidas por la empresa Belship y su entonces dueño Aleksejus Liniovas, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania aseguró que estos delitos tienen penas de hasta 5 años de cárcel.
“Un ciudadano lituano, siendo el único accionista de una empresa y beneficiándose de un acuerdo con un sujeto sancionado, puede ser tratado como violador de las sanciones», dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores lituano en una declaración escrita entregada a la prensa.
Con posterioridad al escándalo de Belship, otro cargamento de camiones provenientes de la fábrica de BelAZ, transportado por la empresa Klaipeda, intentó pasar la carga, siendo retenida por la aduana lituana, organismo que liberó los productos luego de comprobar que el negocio se había realizado antes de la implementación de sanciones.
Las serie de fiscalizaciones realizadas en Lituania a las mercaderías provenientes de Bielorrusia generaron una airada reacción de Lukashenko, quien acusó de “alta traición y conspiración” a varios empleados de empresas estatales, quienes fueron posteriormente detenidos.
Respecto de los camiones enviados a Chile por BelAZ desde Lituania, Codelco aseguró a El Mostrador que no compraron “camiones ni su logística de transporte”, sino que el contrato con CBM consistía solo en un servicio de “remoción de tierras y construcción de caminos”.
ESTADOS UNIDOS
Si bien Estados Unidos había participado de las sanciones con la Unión Europea, en calidad de colaborador a través de restricciones realizadas a la Comisión Electoral Central (CEC) de Bielorrusia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) –encargada de aplicar sanciones internacionales en el ámbito financiero, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense– decidió sancionar a tres organismos y nueve personas bielorrusas en marzo de 2023, por la represión de los movimientos democráticos y el apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania.
Las sanciones se realizaron en contra de la fábrica automovilística de BelAZ y la fábrica de automóviles de Minsk, conocida como MAZ. Las medidas aplicadas buscaban, entre otras cosas, impedir que el líder de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, usara el avión presidencial, un modelo Boeing 737, para hacer viajes internacionales.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al anunciar las restricciones, advirtió que las personas e instituciones financieras que participen en transacciones o actividades con las entidades e individuos sancionados por la OFAC, se exponen a una “acción coercitiva por parte del Departamento del Tesoro”.
Para el experto en compliance corporativo, Tomás Greene, aunque el convenio de Codelco con el Consorcio BelAZ Movitec fue rescindido en febrero de 2023, la relación comercial se mantuvo desde el año 2021 y, a su juicio, “esto subraya la importancia no solo de realizar una debida diligencia exhaustiva en el momento de la contratación, sino también de implementar controles periódicos y continuos sobre los proveedores”, subraya.
“La inclusión de una empresa en listas de sanciones internacionales puede generar graves consecuencias, desde sanciones económicas hasta restricciones comerciales, afectando la operación global de una empresa. Por ello, es crucial que las compañías mantengan una vigilancia constante para evitar riesgos regulatorios y financieros que puedan comprometer su sostenibilidad a largo plazo”, analiza el experto, sobre todo después que Codelco, empresa que cuenta con oficinas en Estados Unidos –agrega Greene–, emitiera bonos por US$ 800 millones en abril del año 2020 en la bolsa de Nueva York, buscando hacer frente a la incertidumbre del mercado pospandemia.
En cuanto al riesgo asociado a continuar con negocios con empresas sancionadas por Estados Unidos, Codelco respondió a El Mostrador que, sobre la emisión de bonos, “los inversionistas no plantearon ninguna inquietud al respecto”. (por Claudio Pizarro, El Mostrador)
