Decíamos en la columna anterior, que Comunismo o Fascismo es un falso dilema para esta elección presidencial al tiempo que se estaban dejando grandes temas fuera y sin dialogar.
A nuestro juicio, el más importante es la amenaza de pérdida de millones de puestos de trabajo, como ya ha comenzado a ocurrir en la banca, debido a la mantención de lógicas del crecimiento económico -que descansa en la generación de utilidades- y que ha incluido, hasta ahora y como elemento esencial, la reducción de costos por el factor trabajo.
Necesitaremos unir a toda la nación y la única forma es superando dicha lógica, evitando la concentración de la riqueza en las grandes empresas; y su estabilidad, en la sola propiedad privada. Si utilizamos los avances de la Revolución Tecnológica en tareas de desarrollo que faciliten trabajar juntos y en los diferentes Sistemas, Político, Económico y/o el Social, habrá tranquilidad. Todos ellos pueden empezar a caminar juntos para generar los recursos que se requieren en el Sistema Económico y distribuirlos en un Sistema Social activo.
Permitir que la riqueza y creación de valor se haya concentrado significativamente en torno a la propiedad privada fue un gran estímulo para lograr crecimiento económico. Pero no debería ser así por siempre, pues se convertirá en una piedra en el zapato para una más armónica convivencia social.
Dicho criterio fue importante para sacar al país de la pobreza y generar riqueza privada que complementa a la estatal, conformando así una mayor riqueza país. Pero la significancia de la riqueza privada debe ser superada para no seguir alterando las áreas que le corresponde ocupar, permitiendo que la propiedad pública, hoy debilitada, tome lugar en el Sistema Social.
En ese marco, el desarrollo de empresas públicas debe estar acompañado de una estrategia de Estado que apunte hacia sectores en las que la empresa privada no ha participado hasta ahora, por exceder su capacidad de asumir riesgos altos, talvez con la excepción del grupo Luksic. Otros, como el caso de Soquimich, enajenó el 23,7% de su propiedad por US$ 3.500 millones a la transnacional china Tianqui en 2018, y ya en 2020, tenía problemas para pagar el crédito con el cual se hizo de ese porcentaje.
La asociación económica estatal/privada puede permitir elevar los retornos de divisas gracias a las exportaciones de productos más elaborados. Hasta hoy se exportan principalmente materias primas, una práctica que es tiempo de comenzar a complementar con la venta de bienes y/o servicios con mayor valor agregado a través de firmas estatal/privadas que puedan operar como una verdaderas transnacionales exportadoras chilenas.
Colocar al país a trabajar por el desarrollo, sin divisiones y aprovechando los avances de la Revolución Tecnológica, permitiría un fuerte aumento en los ingresos de divisas que Chile consigue hoy por sus riquezas naturales.
Concentrar la actividad de las empresas en el Sistema Económico, donde puede funcionar a sus anchas, evita su intervención en el Sistema Social y no altera su naturaleza, lo que, empero, obliga a declararles formalmente ciertas limitaciones normativas que les impidan invadir otros ámbitos.
Dicha condición permite el desarrollo de la propiedad pública de organizaciones sin fines de lucro para atender necesidades de la población en el Sistema Social.
Por su parte, la empresa de propiedad estatal, operando estrictamente en el Sistema Económico, podría trabajar en asociación con el capital nacional e internacional, en la producción de productos terminados y usando como insumo riquezas naturales como el cobre y el litio, entre tantos otros.
Las nacionalizaciones, tuvieron gran valor para enfatizar la soberanía de los países subdesarrollados en el siglo pasado. Pero, en realidad, su gestión sólo consume recursos que debieran dedicarse al gasto social, ya que, según la experiencia, las empresas nacionalizadas no garantizan el logro máximo de retornos sobre las inversiones destinadas a ello y convierten a las empresas del Estado en riesgo político para los diferentes gobiernos: toda huelga en ellas tenderá a verse como un fracaso de sus ejecutivos y, por consiguiente, de la administración de turno. Se añade el riesgo en la obtención de financiamiento internacional, cuando el país se encuentra en conflicto o en competencia con grandes empresas extranjeras.
Lograr utilidades no garantiza la rentabilidad de las empresas. Estas deben usar el capital invertido para conseguir el máximo retorno posible con miras a la reinversión y su desarrollo futuro. Puede verse muy bien que una empresa genere utilidades por US$ 500 millones, pero si la inversión de capital fue de US$ 10.000 millones, la rentabilidad correspondiente fue solo 5%. Tal utilidad no supera la tasa de interés de esos mismos recursos puestos en el sistema financiero y que se reciben igual sin las complejidades de gestionar la empresa.
En el sector privado, un fracaso de esa naturaleza provoca la salida de todos sus gerentes, los que son reemplazados por equipos nuevos hasta lograr obtener una rentabilidad adecuada que permita pagar la inversión en un tiempo razonable. En el área estatal si la rentabilidad necesaria no se está consiguiendo se realizan profundas reingenierías, esperando que el objetivo propuesto se cumpla.
Pero el autofinanciamiento sin rentabilidad que asegure el retorno de la inversión y permita crecer es sólo tolerable en instituciones sin fines de lucro y de crecimiento cero. Las ganancias a una tasa de retorno inferior a la recuperación de la inversión en un período de tiempo no son tolerables ni en las empresas privadas ni estatales.
A ello se debe la crítica a las empresas del Estado cuando sólo obtienen número azules, pero que no superan el límite mínimo de rentabilidad definido por la tasa de retorno sobre las inversiones: las empresas son negocios para generar ganancias sobre el capital invertido, en especial firmas que participan de la exportación de riquezas naturales, dado el alto volumen de capital que debe devolverse al inversor en un período determinado de tiempo. Ello es válido para empresas privadas y también para estatales, pues ambas son organizaciones económicas.
En los mercados de consumo interno, en tanto, se debe proteger, ante todo, su transparencia, para asegurar la libre competencia que siempre tensiona los retornos de las empresas al forzarlas al cobro de precios por sus bienes y servicios que las mantengan en el mercado, pero, al mismo tiempo, generar renta para sus accionistas.
Si la asociación del Estado con el capital nacional y extranjero brinda mejores retornos al Estado que el hacerlo por cuenta propia a través de nacionalizaciones y restando esas inversiones al gasto social, no hay duda que lo que correspondería hacer es optar por asociarse.
La asociación público-privada normalmente entrega retornos de fondos más altos, que es lo que importa, y cuando el negocio se formula según las normas del país receptor de dichos capitales, no solo se realizan bajo su propio marco legal, sino que incentiva la llegada de más recursos que son bienvenidos si respetan la soberanía nacional. En el siglo pasado, en muchos casos, dicha soberanía estuvo comprometida por el reprochable e inaceptable intervencionismo en asuntos internos y propios del Estado de empresas que explotaban recursos naturales. Una democracia sólida no acepta ese tipo de injerencias.
Los negocios deben maximizar la rentabilidad en el largo plazo y eso es posible cuando hay respeto por la soberanía del Estado por parte de terceros externos y certeza jurídica para éstos últimos de parte del Estado.
El desarrollo nacional. La propiedad privada en el Sistema Económico ha entregado su valioso aporte al crecimiento y debe continuar haciéndolo, pero sin invadir el Sistema Social. No se necesita convertir a usuarios en clientes y hacer negocios con ellos. En demasiadas áreas somos clientes antes que personas.
Los ciudadanos organizados como Sistema Social deben ser entendidos de manera distinta a la del vínculo que se establece en los mercados: en él sistema social se trata de personas, ciudadanos; en el económico, de consumidores. Hemos llegado demasiado lejos quitando a los estudiantes su calidad de tal, al convertirlos en clientes.
Se ha abusado de servicios de carácter social transformados arbitrariamente en servicios comerciales; que se transan como bienes de consumo, como caracterizara la educación el Presidente Piñera, confundiendo así un bien social, destinado al crecimiento y desarrollo de las personas, con un servicio comercial como un café, restaurant o delivery. Se ofende así la dignidad de la educación, pilar de la sociedad, cuando ésta es entregada con una visión plural y libre.
Entender toda actividad humana como una cuestión puramente privada o particular es tan invasivo como funcionar en una nación en la que todo queda al arbitrio del Estado. Cuidar el Sistema Social y el Sistema Político es tarea ciudadana y asegura la democracia y la libertad.
Los servicios comerciales requieren ser eficientes, pero dicha eficiencia no es exigible en los servicios personales. Estos exigen tiempo, dedicación y humanidad en el vínculo. Los criterios que privilegian la relación humana son distintos a los que fundan la relación basada en lo económico: estos la aceleran, desnaturalizándola, porque en economía “el tiempo es oro”.
Todo ello forma parte de la crisis en que vivimos. Se nos trata como clientes, incluso en el Sistema Político, donde candidatos negocian su financiamiento, empeñando su libertad, para luego buscan construir una clientela política, estableciendo un “te doy y tú me das” e importando poco otro valor ajeno a esa pobre relación.
Convertir al país en un negocio general termina atentando contra la democracia y la libertad. En Chile ya lo hemos aprendido y es una de las causas de las manifestaciones de octubre de 2019.
Ha llegado el tiempo de corregir esa mirada que ya se acerca al límite, al fetichizar lo que se consume y los medios con los que se hace. Es peligroso seguir viviendo en una sociedad en donde el amor ya no lo dan las personas, sino las cosas.
Para quienes han entregado una vida al servicio de la empresa con el fin de mejorar la calidad de las mismas y reafirmar la Responsabilidad Social Empresarial con sus stakeholders, resulta intolerable su acción intrusiva fuera del Sistema Económico, interviniendo subrepticiamente con su dinero en el Sistema Social.
La empresa debe concentrarse en su cancha, que es donde aporta a la creación de valor económico. Así genera crecimiento, su gran tarea, sin crear problemas en el Sistema Social o Político. Al intervenir fuera de sus ámbitos, no sólo desvirtúa sus objetivos propios de rentabilidad y creación de valor económico, sino que interfiere, tomando parte del control político de la sociedad, lo que no le está permitido, pues no es ni partido político, ni organización sin fines de lucro.
La Empresa Chilena de Energías Limpias. La Revolución Tecnológica está trayendo cambios demasiado grandes. Y en ese desafío, el país nos necesita a todos, pues, en su impacto y efectos mundiales, quien lo haga mejor logrará ventajas.
En nuestro caso, esa primacía se consigue con la potencial creación de la primera Multinacional de Chile, una asociación entre el Estado y capitales nacionales e internacionales, destinada a exportar Litio y Cobre integrado a productos terminados a los mercados mundiales, así como ventas de servicios eléctricos a países limítrofes. Una iniciativa como esa agregaría mucho valor a las exportaciones de las riquezas naturales que hoy se venden como materias primas y/o en forma de concentrados.
Acentuar la actual división del país sólo nos conduce hacia un pozo profundo en momentos en los que necesitamos apostar por la Unidad Nacional para acoger la Revolución Tecnológica que ya ha llegado. Se requiere terminar con una controversia que, de mantenerse, nos conduce a una crisis severa.
El enfrentamiento, junto con dañar el empleo y atentar contra de familia y la sociedad, colocará a muchas empresas nacionales en la vitrina de las ventas. La globalización comienza a mostrar sus verdaderos rasgos, hasta hace poco invisibles, confundidos con los de una una Aldea Global casi inocente. Pero esa Aldea tiene poderosos soportes que entregan más poder a transnacionales que pueden tomar control de muchas firmas nacionales gracias a la facilitación de la operación remota producto de la Inteligencia Artificial y Robots generados por la Revolución Tecnológica.
Este proceso de concentración mundial del capital requiere de un Estado activo que participe en él y que prevea y disminuya sus amenazas. Una tarea como esa exige de gran inteligencia país, pues necesitamos aumentar la llegada de capitales externos tras una pandemia que, además de endeudados, dejará arcas fiscales, empresariales y familiares vacías.
Esto ocurre en todos los países de América Latina, aunque gozamos de una mejor calificación internacional, razón por la que, de no cometer errores sociales y políticos graves, podremos recibir aportes extranjeros de manera privilegiada.
Es mejor diablo conocido, que diablo por conocer. Así decía mi madre y he tenido ocasión de comprobarlo en muchas ocasiones. Lo he visto con la evolución de Empresas individuales a Empresas de gestión familiar, luego con su profesionalización y conversión en Empresas de Capital Familiar, para, finalmente, dar el salto del Capital Familiar a Empresas de propiedad Transnacional o de Fondos de Inversión Internacionales.
Me ha tocado vivirlo como consultor y conocerlas en los trabajos de investigación preparados por alumnos de ingeniería y maestría así como de algunos profesionales de las mismas. Puedo dar fe que las personas sintieron el cambio en cada oportunidad y a nadie le resultó ajeno.
El paso de Empresas de Capital Familiar Nacional a Empresas Transnacionales o Fondos de Inversión es claramente el más duro. En los Fondos y las Transnacionales todo es rentabilidad y nada se aprueba si la inversión no entrega la rentabilidad máxima entre sus posibles alternativas, construidas, por su complejidad, en Árboles de Decisiones con muchas y robustas ramas en torno al tronco central.
La Revolución Tecnológica se desarrollará probablemente entre la presente y siguiente década. No debería seguir retrasándose la conversación sobre este gigantesco tema, que cambiará el mundo por uno totalmente diferente. La humanidad deberá hacer el cambio continuando así en su larga carrera que hoy empieza a ingresar en un trecho nuevo y a mayor velocidad y aceleración: caminamos hacia una nueva civilización.
Pero justo al lado de una amenaza hay una oportunidad. Si cambiamos el switch y nos ocupamos a tiempo, Chile, con su incorporación a la Revolución Tecnológica, puede convertirse en una nación desarrollada en el siglo XXI. El desafío debe encararse con urgencia, pues ya comenzamos a experimentar graves amenazas para trabajadores y emprendedores. Hay que convertir las amenazas en oportunidades, antes que sea tarde.
Las tareas son muchas pero el principal pilar es la verdadera unidad nacional, nacida de ricas y respetuosas conversaciones en todos las áreas del Sistema Social: Gabinete Presidencial, Parlamento, Convención Constituyente, Partidos Políticos, Fuerzas Armadas y de Orden, Consejos Comunales y Regionales, Foros y Seminarios Universitarios, de los Gremios Empresariales y Laborales, y de las Organizaciones Sociales de todo tipo. Encuentros de Artistas y Escritores, de Premios Nacionales y la ciudadanía organizada. Hacerlo obligará a mirar todas las alternativas para salir exitosos de la dura prueba a la que estamos siendo sometidos.
La Revolución Tecnológica amenaza con la pérdida potencial de millones de empleos y emprendimientos si no hacemos nada y nos dejamos conducir por lo que ha empezado a ocurrir con quienes van adelante en la reingeniería de sus organizaciones, operando ya con poderosos computadores e inteligencia artificial, como es el caso de la industria bancaria.
Debemos anticiparnos, evitando despidos masivos e indiscriminados de personal, normando el proceso de reemplazo de los actuales sistemas productivos por modelos de inteligencia artificial y robótica. La instalación de Consejos Económicos Sociales a nivel nacional y regional, con representantes de los gremios empresariales, laborales y gobierno, es una estrategia de coordinación posible.
La solución es aparentemente simple: reglar la incorporación de inteligencia artificial y robots como parte de Proyectos de Desarrollo en Industrias a nivel nacional y Empresas de nivel Regional; y en donde no exista ese Proyecto de Desarrollo, la Inteligencia Artificial y robots no serían integrados.
A nivel del Sistema Político este desafío necesita un Presidente que cuente con todos los recursos humanos del Estado, junto a un Primer Ministro a cargo de la gestión y operación rutinaria del Gobierno. Se trata de que, en cada dependencia estatal, algunos asuman las tareas propias del desarrollo y otros, funciones propias de su operación habitual. Un Estado comprometido trabajando en colaboración con Consejos Económicos y Sociales nacional y regionales, permitiría contar con un Estado proactivo y capaz de encarar el desafío del desarrollo, uniendo armoniosamente los Sistemas Económico, Social y Político del país.
Basilio Torres Becerra
Profesor de Política y Estrategia Financiera
