Para verificarla legalidad de los requisitos del proceso de regularización acotada que está estudiando el Gobierno, los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y José Miguel Castro concurrieron a la Contraloría General de la República.
La medida que se encuentra evaluando el Ejecutivo busca aplicarse sobre el universo de los 182 migrantes que pasaron por el proceso de empadronamiento biométrico y ha concitado el reproche de la oposición, y de parte del oficialismo, por el efecto «llamada» que esto puede generar, en cuanto a aumentar la migración irregular.
En ese sentido, Longton acusó «varias ilegalidades» que estaría cometiendo el gobierno con la regularización acotada. «En primer lugar, la ley de inmigración establece claramente que el ingresar por paso clandestino es una ilegalidad que tiene una sanción establecida en la ley. Por lo tanto, eso no puede ser pasado por alto por el Gobierno».
«En segundo lugar, piden arraigo laboral y resulta que quien ingresa de manera ilegal a nuestro país no puede trabajar porque eso tiene una sanción específica para los empleadores. Por lo tanto, lo que está pidiendo el Gobierno es que se incumple la ley para efectos de regularizarlo», añadió.
Y en tercer lugar, apuntó a «los antecedentes penales ¿Cómo podemos confiar en una dictadura como la de Maduro respecto a la transparencia de sus antecedentes? Considerando lo que pasó con el exteniente Ojeda, con el carácter que tiene su fiscal, una dictadura en la cual no se puede confiar en lo más mínimo, menos podemos confiar en que van entregados los antecedentes y que estos antecedentes penales son fidedignos».
«Esperamos que la Contraloría se pronuncie respecto a este proceso de regularización masivo y esperemos que le ponga freno por el bienestar de todos los chilenos«, agregó.
En ese tenor, Castro aseveró que «este Gobierno le mintió a Chile. Cuando nos dijeron en la Comisión de Seguridad Ciudadana, el exsubsecretario Monsalve, que este proceso de empadronamiento biométrico no iba a ser un perdonazo, hicieron completamente lo contrario».
«Estamos acostumbrándonos a que a fin de año, antes de la Navidad, este Gobierno nos entregue esta clase de regalos, como fue también con los indultos» acusó y añadió que «queremos preguntarle al subsecretario si tiene en consideración que estas 182.000 personas no tienen todos sus antecedentes penales claramente identificados. Queremos preguntarle al subsecretario si considera también que a estas personas el día de mañana se les va a entregar, por ejemplo, la PGU y que va a salir de todos los bolsillos de todos los chilenos».
Respecto al empadronamiento biométrico, Longton añadió que «todos sabíamos y el Gobierno trató de engañar a la opinión pública respecto a que esto no era un proceso de regularización masiva, cuando sí lo era. Lo dijo el ex subsecretario Monsalve, lo dijeron varios personeros más del Gobierno».
«¿Quién se va a ir a empadronar si no es precisamente para que lo regularicen? Está bien tener la identidad, está bien saber quién ingresa a nuestro país, pero la regla general es que quien ingresa de manera ilegal a nuestro país tiene que ser expulsado. Si no, lo que le estamos diciendo a quienes pretenden ingresar ilegalmente a nuestro país, es muy claro, traspasen nuestras fronteras de manera ilegal, manténgase un tiempo en nuestro país y nuestro país generosamente los va a regularizar«, adujo.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
La tarde de este lunes, el gobierno salió a responder la arremetida de los diputados de Renovación Nacional (RN), José Miguel Casto y Andrés Longton, quienes acudieron en esta jornada hasta la Contraloría General de la República para solicitar a la contralora, Dorothy Pérez, que elabore un dictamen acerca de la legalidad de los requisitos que plantea el gobierno para el proceso de regularización acotada de migrantes.
Longton apuntó al respecto que “la Ley de Migración establece claramente que el ingresar por plazos clandestinos es una ilegalidad que tiene una sanción establecida en la ley. Por lo tanto, eso no puede ser pasado por alto por el gobierno. En segundo lugar, piden arraigo laboral y resulta que quien ingresa de manera ilegal a nuestro país no puede trabajar porque eso tiene una sanción específica para los empleadores”.
“Esperamos que la Contraloría se pronuncie respecto a este proceso de regularización masivo y esperemos que le ponga freno por el bienestar de todos los chilenos”, expresó.
La iniciativa está directamente relacionada con el empadronamiento previo que realizó el Ejecutivo -al que se acogieron más de 180.000 extranjeros-, ya que serían esas personas que acudieron de manera voluntaria los que podrían acceder al beneficio.
Sobre esta nueva acción de la oposición, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió: “Yo me preguntaría, ¿cómo puede ser ilegal algo que es simplemente un estudio y que no se ha efectuado? No es un acto administrativo todavía. Entonces, creo que la pregunta, es que realmente la inquietud surge a los propios parlamentarios que presentan este recurso a la Contraloría, más allá de la legitimidad de su acción, es que no puede ser ilegal algo que no se ha efectuado y que solamente está en etapa de estudio”.
En segundo lugar, la portavoz del Ejecutivo sostuvo que “hay distintas herramientas que existen y que se han ejecutado que tienen objetivos totalmente distintos. Uno es el empadronamiento biométrico, que como lo dijimos, es algo que se hace frente a la PDI, por razones principalmente de seguridad, para identificar a quienes en Chile no habían sido identificados y no había forma de identificarlos, con identificación de rostro, de huella dactilar, y saber quiénes son y qué posibles antecedentes puedan tener”.
“A partir de ese universo de personas con empadronamiento biométrico, que fue un ejercicio voluntario de carácter, no sé si policial, pero ante la PDI, es que se va a hacer recién un estudio de regularización, no garantiza regularización, y que ese estudio tiene ciertos criterios, pero todavía no se ha efectuado absolutamente nada, porque como lo hemos dicho, está en etapa de estudio. Y evidentemente, a menos que los diputados consideren que un estudio es ilegal, es otra cosa, pero algo que surge como inquietud, a preguntarle a los propios parlamentarios cómo puede ser declarado ilegal un estudio”, insistió. (Emol-La Tercera)
