Hasta la sede del Consejo de Defensa del Estado (CDE), llegaron este viernes los diputados de RN Andrés Longton, José Miguel Castro y Diego Schalper, para pedir al organismo una serie de acciones en contra de quienes resulten responsables en las irregularidades de la entrega de pensiones de gracia y disponga de todos los recursos para recuperar judicialmente los dineros.
Esto luego de que ayer se conociera un informe de la Contraloría General de la República que dejó al descubierto que 58 beneficiarios tenían antecedentes penales.
Al respecto, el diputado Longton explicó que «hemos presentando una acción ante el CDE para que persiga a estas personas y restituya dineros públicos de todos los chilenos. Y también se querelle por fraude al fisco contra los funcionarios una vez evaluados los antecedentes y también por prevaricación, esto quiere decir que con complicidad de funcionarios públicos se entregaron pensiones de gracia de mala manera, no cumpliendo con los requisitos legales».
«Es inaceptable y difícil de creer que personas que no tenían ningún antecedente médico, que no los acreditaron y que con su sólo testimonio se hicieron acreedores de lo que equivale a tres PGU, a 600 mil pesos«, acotó Longton, asegurando que es «el momento que el Gobierno asuma su responsabilidad y no se escude más en el Gobierno anterior«.
En su presentación ante el CDE, la bancada pide «requerir del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Derechos Humanos todos los antecedentes necesarios a fin de evaluar el ejercicio de acciones penales en contra de quienes resulten responsables por los eventuales delitos de fraude, prevaricación administrativa u otros que en la especie afectaren el patrimonio fiscal y la integridad de la función pública».
Y agregan que «se haga presente al Presidente de la República la necesidad de dejar sin efecto los decretos que otorgaron las pensiones cuestionadas, deduciendo las acciones civiles necesarias para recuperar los recursos fiscales indebidamente percibidos».
Respecto a las críticas hechas por el Gobierno a la administración anterior, el diputado Castro expresó que «la resolución firmada (en enero del 2022) por el subsecretario Galli exige y dice que se deben tomar en cuenta los antecedentes médicos y penales de las personas (…) Cuáles son las explicaciones que da este Gobierno, le echa la culpa al gobierno anterior y no asumen sus responsabilidades. Espero que el CDE y la Fiscalía actúen seriamente y se tomen todas las responsabilidades, tanto políticas, como administrativas».
Mientras que el diputado Schalper emplazó al Presidente Gabriel Boric: «Llegó el minuto de suspender las vacaciones para tres cosas; para revocar pensiones de gracia, evaluar las responsabilidades políticas y para instar al CDE a ejercer las acciones civiles y penales para que devuelvan la plata. Son estas tres cosas las que tiene que hacer y las tiene que hacer ahora».
Los diputados también presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional por «los delitos de Prevaricación Administrativa y de Fraude al Fisco».
A la vez que solicitan «disponer el inicio de una investigación para esclarecer los hechos y perseguir responsabilidad penal de quienes tuvieren participación punible» en los mismos.
La acción se suma a lo anunciado ayer por los diputados del Partido Republicano, quien dijeron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que se indague si existe algún ilícito en el cuestionado otorgamiento de pensiones de gracia.
OFICIO AL SERVEL: MILITANCIA DE BENEFICIADOS
La diputada IND- RN, Paula Labra, ofició al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, solicitando que el organismo revele la militancia política que tenían las personas que recibieron pensiones de gracia durante este Gobierno, en el momento en el que les fue concedido el beneficio.
Luego de conocer que Contraloría advirtió que personas beneficiadas acreditaron de manera deficiente su condición de salud, entre otras irregularidades, como requisito para obtener esta pensión vitalicia, la parlamentaria manifestó su intención de despejar cualquier suspicacia política que pueda haber condicionado el proceso de selección de beneficiarios.
«Lamentablemente, este Gobierno comete un exceso de desprolijidades, en cosas tan serias como la entrega de pensiones vitalicias a delincuentes. Es necesario que se transparente, si estos son pagos políticos a la mal llamada ‘primera línea’, en favor a quienes orquestaron los actos delictuales de octubre 2019″, señaló la diputada Labra.
El manejo político de esta crisis, a partir de las pensiones de gracia, ha desatado diversas críticas de parte de la oposición.
Como parte de esto, es que Labra manifestó la necesidad de despejar todas las aristas que correspondan y una de ellas, según su juicio es determinar con certeza si existió o no algún tipo de interés partidista al momento de conceder estos beneficios.
«Al margen que beneficiarios de pensiones de gracia puedan haber incurrido en el delito de fraude al fisco, situación que tendrán que resolver los organismos competentes, creemos necesario despejar cualquier suspicacia respecto al vínculo político que haya existido en relación a este caso», puntualizó la diputada.
El oficio solicita en concreto «indicar de manera estadística y bajo el resguardo de la identidad de los involucrados, según la Ley 19.628 de protección de datos personal cuántos de los 270 beneficiados con pensiones de gracia otorgadas bajo el mandato del Presidente Gabriel Boric, tenían militancia política al momento de ser otorgado el beneficio, señalando partidos políticos correspondientes«. (Emol)
