Luego del estallido social del 18 de octubre del año pasado, las amenazas de muerte a través de redes sociales e internet en contra de autoridades se han tomado el debate público. Han sido varios los casos en que los propios amenazados lo han hecho público, exponiendo los mensajes en su contra y pidiendo una investigación para dar con el autor.
De hecho, hubo un caso icónico sobre este tema. En julio la PDI detuvo al autor de amenazas en contra del Presidente Sebastián Piñera.
Se trataba de un extranjero de 20 años, quien envió un correo electrónico a un sitio web de Presidencia en contra del Mandatario y su familia. Luego de su detención, la policía constató que estaba con su visa vencida, por lo que posteriormente fue expulsado del país.
Ese es solo un ejemplo de los casos que le ha tocado indagar a la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano de la PDI. En lo que va del año, esta sección de la policía acumula 45 investigaciones por amenazas de muerte en contra de autoridades a través de redes sociales o internet.
El jefe del Cibercrimen Metropolitano, subprefecto Luis Orellana, asegura que la cifra representa un alza importante respecto del mismo periodo del año pasado.
“A igual periodo sí han aumentado. Contra autoridades, a esta fecha, el año pasado teníamos por redes sociales entre seis a siete investigaciones y ahora tenemos 45”, dice el detective.
Las amenazas son varias. Nueve han sido en contra de Piñera y su familia, ya sea por redes sociales o a través de una página web de Presidencia.
A los amedrentamientos en contra del mandatario se suma un largo listado de diputados, senadores, alcaldes o intendentes.
Por ejemplo la PDI también investiga los mensajes recibidos en contra de los diputados Diego Schalper (RN), Matías Walker (DC), Sebastián Keitel (Evópoli), Álvaro Carter (independiente) y Harry Jürgensen (RN).
A ellos se agregan las amenazas en contra de los senadores Juan Pablo Letelier (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD), Alejandro Navarro (PRO) e Iván Moreira (UDI).
La PDI también está detrás de los autores de los mensajes en contra de los alcaldes Daniel Jadue (Recoleta) y Luis Pezoa (San José de Maipo). E incluso de los amedrentamientos en contra de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, el intendente Metropolitano, Felipe Guevara, y también a jueces.
De todas las investigaciones que han iniciado este año, en 30 han tenido resultados, 11 siguen en curso y cuatro no registran resultados hasta el momento.
Esto ha llevado a que logren detener a seis personas. El resto, a pesar de que han sido identificados por la PDI, han quedado apercibidos por decisión del Ministerio Público.
En un solo caso, el que tiene que ver con las amenazas en contra de Siches, la policía identificó al responsable, se cursó la orden de detención, pero el imputado está en calidad de prófugo.
En ese caso, explica Orellana, se pudo dar con un “grupo organizado que realiza estas amenazas y usa las redes sociales para cometer estos delitos«.
Orellana explica que cuando se habla del delito de amenazas, se habla de amenazas de muerte, ya sea en contra de la autoridad, de su familia o del lugar en donde vive.
“La motivación de amenazar a una autoridad siempre surge a raíz de una noticia o un hecho contingente, en el cual existe una opinión entregada por la autoridad de la cual el autor del delito está en contra. La idea es amedrentarlo como una forma de rechazo a lo que están diciendo y también como un mecanismo para cambiar la opinión de la autoridad”, afirma el subprefecto.
El jefe de Cibercrimen también releva otro elemento. Quienes cometen estos delitos creen que están dando una opinión.
“Han aumentado porque la gente piensa que haciendo estas amenazas están dando su opinión cuando en realidad esto es un delito. Ellos no se miden y piensan que las redes sociales y el anonimato que les da internet les da derecho a mandar estos mensajes y no tienen conciencia que se trata de un delito. Un crimen virtual, es un crimen real”, sostiene.
El subprefecto agrega que cuando se le toma declaración a estas personas, muchos de ellos mencionan que estaban “descargando su ira” en su perfil y que desconocían que eso podría constituir un delito.
Orellana también comenta que el contexto actual, con pandemia de por medio, ha incrementado la cantidad de estos delitos cibernéticos.
“La pandemia provocó un aumento en el uso de la tecnología y principalmente de internet. Esto generó que los ciberdelincuentes se aprovechan de esta situación para delinquir”, dice el detective.
Esto, agrega, lo han visto traducido en un alza en los fraudes digitales, las estafas, el uso de softwares maliciosos, el fenómeno del Zoombombing —cuando hackers u otro tipo de personas ingresan a las videoconferencias sin autorización— y también del grooming. (La Tercera)
