En sus dos primeras semanas, el Gobierno ha tomado decisiones emblemáticas, particularmente para su coalición madre, Apruebo Dignidad. Retirar querellas, no extender el estado de excepción en La Araucanía, suma urgencia al proyecto de amnistía/indulto a los “presos de la revuelta”. Y, la más gravosa de todas por la connotación pública de un crimen que marcó un antes y un después en la escalada de violencia en la zona, y porque fue precedida por 20 días de huelga de hambre, Gendarmería dio salida dominical a los hermanos Tralcal, condenados a 18 años de cárcel por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay.
También es una decisión política, por su evidente simbolismo, oficializar de facto, desde un patio de La Moneda, el cambio de nombre de una región por el de Wallmapu, anunciar un manual para los medios de comunicación y referirse a la existencia de “presos políticos”.
Sería ingenuo, entonces, pensar que a la ministra Izkia Siches se le salió una desafortunada declaración el jueves en Icare: “Ustedes han visto la mirada que hay hacia el sistema judicial chileno. Si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen, y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada”.
No es una opinión más. Su autora no es una chilena cualquiera. Y el lugar y la audiencia, desde luego, no son casuales. La declaración tiene un trasfondo y está construida para generar un efecto. Primero, expone ejemplos que empatizan con quienes se han sentido maltratados por alguna institución del Estado y lo atribuyen a su condición social o al lugar donde viven. Luego, da por sentado que las policías, la fiscalía y el sistema judicial discriminan y, por tanto, se justifica la desconfianza en esas instituciones. Y cierra con el plato fuerte: una versión georreferenciada y racista de la lucha de clases.
Como le recordó el exministro de Justicia Carlos Maldonado el mismo día en Twitter: “Es necesario que la ministra Siches entienda el rol de Estado del Ministerio del Interior”. Porque es delicado que ponga en duda la igualdad ante la ley y señale con tanta normalidad que, por regla general, el sistema de justicia actúa desde la arbitrariedad.
Si esa es la percepción del Gobierno, entonces la ministra del Interior debió señalar en ese momento qué hará el Ejecutivo para que nuestras instituciones recuperen prestigio y legitimidad, o qué decisiones tomará para impedir discriminaciones y asegurar el Estado de Derecho, el debido proceso y la justa defensa de los imputados. Y, lo central para Interior, cuál será el camino para garantizar la seguridad de todos los chilenos e impedir la impunidad, en todas las comunas, con imputados y víctimas rubios, pelirrojos y morenos; hombres y mujeres; chilenos, indígenas o extranjeros; se apelliden como se apelliden. Convengamos que en quince días las cosas parecen dirigirse en sentido contrario.
Lo trascendente de la afirmación de la ministra Siches y lo que más empatía probablemente generó en la base electoral del Gobierno (que, por lo que estamos viendo, cuidan celosamente en cada una de sus decisiones) es la triple segregación que se despacha en 10 segundos.
Así las cosas, y en representación del Gobierno de Chile, la ministra notificó al país, frente a los anfitriones y la audiencia de uno de los foros empresariales más influyentes, en qué comuna viven los chilenos malos, de qué color es su pelo, y que pueden, también, ser identificados por sus “apellidos”.
No es bueno para el país que el Gobierno haga suya la lucha de clases. Al contrario, entre la sucesión de símbolos, nos ha faltado hasta ahora un gesto que represente su voluntad de hacer todo lo posible por encontrarnos en un solo Chile. (El Mercurio)
Isabel Plá
