Esta semana el gobierno, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), acudió a la Corte Suprema para impugnar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, favorable al proyecto minero-portuario Dominga. Mientras, el comité de ministros se inhabilitó por completo de participar en una próxima sesión que resuelva el futuro de este proyecto, luego de haber rechazado esta inversión en 2023.
Esta fue una de las controversias que abordó la primera mujer en liderar la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, en entrevista con “Mirada Líbero”. Además, la exministra de Energía se refirió a los principales retos económicos del país y los nudos críticos de la reforma de pensiones.
-¿Cómo se siente tras la elección unánime que la convirtió en presidenta de la CPC?
-Muy contenta con el peso de la responsabilidad, de representar al mundo empresarial, al sector privado, que creo que es el motor de crecimiento económico, así que con mucho entusiasmo de estar en las discusiones, en los debates, en el diseño de políticas públicas. Y también de cómo vamos mejorando la percepción del mundo empresarial y todo lo que hace para el desarrollo y el progreso de los países.
-La percepción ciudadana del mundo empresarial en Chile no siempre ha sido buena. ¿Cómo va a enfrentar eso?
-El tema de la percepción pasa por conocer lo mucho que hacen las empresas, lo mucho que inciden en el devenir del progreso de los países. Y uno de los ejes, sin lugar a dudas, es poder visibilizar ese trabajo, sobre todo en muchos temas que permiten dar soluciones privadas a problemas públicos (…). Y, desde el punto de vista de diseño de políticas públicas, el desafío es permanente. Estamos en un país que está creciendo muy poco y cuyas perspectivas no son muy buenas tampoco. Hablar de un crecimiento de un 1,8% o 2% en los próximos 10 años es completamente insuficiente para un país que quiere progresar y salir y abrazar el desarrollo, donde el empleo todavía no logra recuperarse a los niveles pre pandemia, etc.
-El 2025 es un año que estará marcado por lo electoral. ¿Cómo se puede aportar en materia política y económica?
-Es una oportunidad, porque viene toda una discusión de agendas programáticas, en la cual nosotros como mundo empresarial queremos tener una voz y poner sobre la mesa medidas, propuestas de lo que creemos es necesario, justamente para reimpulsar el crecimiento y la actividad económica. Entonces, lo veo como una oportunidad de plantear ideas, de que quien llegue al gobierno, llegue con ese impulso, con esas buenas propuestas.
-Estamos cerrando el año y ya comienzan a a parecer los balances. ¿Qué nota le pondría a la gestión económica del gobierno? ¿Y en específico al ministro Mario Marcel?
-La nota la ponen los indicadores económicos… Estamos llegando a niveles en medio de esta administración de crecimiento económico que son muy bajos en términos históricos. Sí se valora que se ha podido contener la inflación, que fue una herencia del Covid, de los retiros de fondos y de la inyección de recursos públicos, pero pudo haber sido mejor, estamos con una escalada también de deuda pública que no es menor. Entonces, yo diría que el balance del punto de vista económico no es tan positivo, lo que no quiere decir que yo no valore el trabajo que ha hecho el ministro Marcel, particularmente ahora, que está trabajando por una propuesta de tributaria de cara a la atracción de inversiones.
PROYECTO DOMINGA
-Hablemos del caso Dominga. Esta semana el gobierno apeló a la Corte Suprema para impugnar el fallo del Primer Tribunal Ambiental. Por otra parte, el comité de ministros se inhabilitó de participar en una próxima sesión. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpreta?
–Esto ha sido una historia de ires y venires que no le hacen bien al país en cuanto a las señales de cómo funciona su institucionalidad y cómo los proyectos se analizan desde el punto de vista técnico y objetivo. Parte de lo que hoy día se está tramitando en materia de permisos tiene que ver con eliminar esos espacios de decisiones más bien políticas e ideológicas por sobre el análisis rigurosamente técnico. Este es un proyecto que lleva 10 años, que ha tenido distintas instancias, ha tenido resoluciones favorables desde los distintos servicios, ha podido mitigar los eventuales impactos en sus estudios y que ha tenido fallos a su favor del mundo del Poder Judicial. Entonces, perseverar por una razón ideológica, en tratar de dilatar y que este proyecto no se realice, es una mala señal, más allá del proyecto mismo, que por cierto yo creo que tiene una incidencia muy importante para la región.
-Pero, ¿qué señal manda el gobierno con esta decisión?
-Basta ver el fallo del Tribunal Ambiental. Lo que dijo ahí es que se actuó básicamente en forma ilegal, que no se inhabilitaron quienes debían hacerlo, y bueno, que ahora recurran nuevamente a instancias judiciales es legítimo, están en su derecho, pero creo que seguimos dilatando una decisión que técnicamente pareciera no condecirse con la acción política que se está llevando a cabo.
-El Tribunal Ambiental de Antofagasta decía que los ministros habían infringido “el principio de imparcialidad”. Y ahora el gobierno impugna ese fallo… ¿hay un tema ideológico, los ministros están vulnerando el principio de imparcialidad?
-Están en su derecho de impugnar el fallo, pero el fallo del Tribunal Ambiental fue categórico, y lo que está diciendo ahí es grave, de la actuación del Ejecutivo. Por lo tanto, creo que hoy día lo que uno esperaría es enmendar el rumbo, mirar objetivamente el proyecto, ver las medidas que se han presentado y evaluarlo en su mérito, no por posiciones anteriores ideológicas o políticas. Y esa es la señal que uno le da a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. No corresponde que por otras motivaciones uno no permita que estos proyectos se desarrollen, proyectos que van a agregar valor al país, que tienen una incidencia en el empleo de la región, y que por lo tanto debiéramos alegrarnos de que haya proyectos de inversión que quieren desarrollarse en nuestro territorio”.
-¿Y qué pasa con la inversión y el impacto económico?
-Hemos llegado al consenso de que tenemos un sistema complejo de permisos, es engorroso (…) estamos muy entrampados en un sistema donde sacar adelante un proyecto de inversión es una tarea titánica, larga en tiempo, costosa en recursos. Y cuando vemos estos promedios como se han ido alargando, los plazos de un estudio ambiental, cómo han aumentado los costos, lo que no estamos viendo es cuántos proyectos se han dejado de hacer producto de esa dificultad que tenemos en sacar los permisos. Estamos con la inversión cayendo, con un crecimiento aletargado y eso genera mucha frustración. El crecimiento económico es mucho más que un indicador, es reflejo de las oportunidades que entrega el país para tener empleos de calidad, con buenos salarios, con oportunidades de emprendimiento.
REFORMA DE PENSIONES
-Usted es la primera mujer en ocupar este cargo en la CPC justamente cuando el tema mujer se está discutiendo en la reforma de pensiones. ¿Cómo se resuelve la brecha? ¿Cómo se iguala el monto de retiro entre hombres y mujeres con los mismos ahorro?
-El tema de pensiones lleva mucho tiempo discutiéndose, particularmente la necesidad de aumentar los ahorros, y eso pasa por un aumento de la tasa de cotización que vaya a cuentas individuales. Eso es bueno para las pensiones, eso es bueno para los mercados capitales, es bueno para los recursos disponibles al momento de jubilar. Por lo tanto, creo que eso es una materia en la que ojalá uno pudiera avanzar. Ahora, dicho eso, no hay que desconocer el impacto que tuvo la PGU. Cambió enormemente el escenario, particularmente para las personas de ingresos más bajos. Y eso se ha demorado en reconocerlo el mundo político.
-¿Y respecto al mecanismo para resolver el tema de las mujeres?
-Yo valoro que se han ido identificando qué son las cosas que tenemos que resolver. Una, como decía, es aumentar los ahorros de las personas. La segunda es algo que podemos querer solucionar y la pregunta es con qué instrumento. Se ha planteado este 0,5% a partir de las cotizaciones de los trabajadores, que es una opción en la medida que sea acotado, esté bien dirigido, pero hay otras. Yo personalmente creo que hay otras opciones que podrían incluso ser mejores, como la que planteó el senador Galilea sobre el seguro de invalidez y sobrevivencia (…). Por último, también está este tema del préstamo, que lo que busca es premiar mayor densidad de cotización, algo que yo creo que también es positivo. Pero depende mucho cómo se definen los bordes de ese préstamo (…). Ahí hay un espacio en donde sin duda puede alcanzarse un acuerdo, pero hay que trabajarlo un poco más y ese es el mensaje que yo he tratado de pasar. Es verdad que tenemos una fecha, pero es más importante cerrar bien las propuestas.
-Evelyn Matthei hizo una advertencia sobre esta reforma y dijo que “varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas“. ¿Está de acuerdo con estas declaraciones?
-Va en la misma linea. Acá siempre hablamos de la distribución del 6% pero el proyecto tiene otros componentes. Uno de ellos es el tema de la licitación, que la propia Evelyn Matthei lo levanta y que yo comparto. La verdad es que el tema de la licitación es una propuesta que tiene muchos riesgos, que tiene el riesgo primero de ser una medida expropiatoria que termine en tribunales internacionales, pero aparte de eso, es un modelo que te lleva a competir solo por comisiones, donde además la ministra vuelve a plantear la idea de que haya inversores un ente estatal, es decir, que terminemos todos donde hay menos comisión, administrado por el Estado y sin mayor énfasis en lo que es todo el equipo de inversiones, la rentabilidad, los servicios que se prestan, la infraestructura, etc. El tema de la licitación hay que revisarlo, me parece que no es una buena idea. Si lo que se busca es aumentar la competencia de la industria, hay mecanismos mejores para eso.
-¿Podría afectar esta irrupción de Matthei en la posibilidad de concretar un acuerdo en torno a esta reforma?
-No, yo no creo que sea por esta intervención. Creo que más bien es poner paños fríos de que acá, si bien hay un compromiso de cerrar un acuerdo en enero, hay que tomarse el tiempo que sea necesario para dar las garantías de que esas soluciones que se están proponiendo sean las mejores posibles. Me preocupan más otras declaraciones que han salido del oficialismo en que vuelven a replantear la idea de un ente estatal o de que sí o sí hay que destruir la industria, como si ese fuera un objetivo en sí mismo y se nos olvida que lo importante son las personas, son sus pensiones, no consignas que son de largo aliento y que no son las que debieran motivar esta reforma, no nos olvidemos cuál es nuestro objetivo final. (El Líbero)
