Fue uno de los principales impulsores de la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos. El presidente de las Juventudes Socialistas e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Juan Santana, asegura que esta acción constituye una defensa al legado del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Además, advierte al Ejecutivo: “Lo que no puede pretender este gobierno es que la única mayoría que vale es la que los eligió a ellos y no la que eligió al Congreso, donde son minoría”.
La ministra ha dicho que desde abril el PS está intentando forzar alguna causal para acusarla. ¿Hay un uso político del libelo?
Si ella tuviese certeza de la motivación que tenemos enfrentaría los temas de fondo. Ella no se ha manifestado respecto de la desprolijidad en materia de ejecución presupuestaria ni al retraso de los nombramientos de autoridades que son fundamentales para la implementación de la ley. Solo se ha limitado a responder en función de caricaturas políticas. El gobierno no dimensiona el daño que le ha hecho a la educación pública y por eso lo que se busca es que la ministra cumpla con la ley, y tenemos la convicción de que ella no lo ha estado haciendo.
¿Descartan que sea una decisión electoral?
Esta acusación constitucional está muy lejos de utilizarse como un instrumento electoral y el principal reflejo de eso es que las firmas de la presentación del texto convocan al conjunto de la oposición y no solamente al PS. El PS levanta esta acusación porque es el partido de la expresidenta Bachelet y ella levantó como bandera la defensa y el fortalecimiento de la educación pública y esa es la bandera que vamos a defender. Hay un boicot por parte del Mineduc a la reforma educacional de Bachelet.
La ministra ha dicho que su gestión se basa en el programa que la mayoría de los chilenos respaldó en la última elección.
El gobierno tiene el legítimo derecho a sacar adelante su programa, pero la ministra, como además fue parlamentaria, debe saber que las modificaciones a las leyes deben hacerse a través del Congreso, por las vías institucionales. Pero cuando esas vías no funcionan, lo que no puede hacer es intentar saltarse ese procedimiento democrático e imponer su mirada ideológica por sobre las leyes.
Algunos dicen que esta acusación tiene más sustento que la que destituyó a Provoste, sin embargo, la Contraloría no les dio la razón sobre una eventual vulneración a la ley de la ministra en torno a la implementación del SAE y la gira que hizo por Admisión Justa. ¿No le quita peso jurídico al libelo?
No, porque por algo esta es una herramienta del Congreso. El Congreso no es un tribunal, no es una institución que viene a declarar culpables e inocentes, es una institución que toma una decisión política en función de antecedentes jurídicos. En el caso de la senadora Provoste ella asumió valientemente responsabilidades de funcionarios de una Seremi, mientras que acá la responsabilidad directa es de la propia ministra y eso nos parece de mayor gravedad.
Tampoco les fue bien en el Consejo para la Transparencia respecto del eventual mal uso de datos de apoderados, sin embargo, lo incluyen. ¿No se debilita el libelo?
Lamentablemente, en muchas de estas instituciones existen personas que han tenido un vínculo directo con los sectores que hoy son parte del gobierno. Y cuando esto se produce, se restringe la mirada objetiva que debiesen tener a la hora de emitir juicios.
¿Esa decisión responde a esa vinculación política del presidente del consejo?
La decisión que tomó el Consejo para la Transparencia no es una decisión objetiva.
Ustedes acusan a la ministra de una subejecución en materia de ley SEP. Sin embargo, el periodo presupuestario aún no termina. ¿Cómo puede ser una vulneración si aún faltan meses para el cierre del periodo 2019?
Lo que pasa es que el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) es una fuente de financiamiento que creó el Mineduc a razón justamente de los traspasos a los Servicios Locales de Educación. Entonces su objetivo, entre otras cosas, era que los establecimientos estuvieran en óptimas condiciones cuando se produjera el traspaso, por lo tanto, si estos recursos llegan tarde a las escuelas los únicos afectados son los estudiantes. Y ahí radica el capítulo que contiene las infracciones más graves por parte de la ministra.
¿Sacar a Cubillos resolverá los problemas de la educación?
Lo que está detrás de esta acusación es que ningún ministro puede hacer lo que se le da la gana. Lo que no puede pretender este gobierno es que la única mayoría que valga es la que los eligió a ellos y no la que eligió al Congreso, donde ellos son minoría.
En la DC hay distintas opiniones respecto del libelo. ¿Es esta una prueba para el futuro de la relación con ese partido?
Esta acusación no puede convertirse en una especie de evaluación política de los partidos, pero lo que está en juego es lo que se construyó entre todos durante el gobierno de Bachelet, incluida la DC.
Incluso si la DC logra alinear a sus diputados, desde el PR y el FRVS han transmitido dudas. ¿No es irresponsable impulsar un libelo sin el apoyo necesario?
Toda acusación constitucional trae consigo el necesario desafío de convencer a nuestros colegas. Ninguna acusación se lleva adelante solo porque existan mayorías. Eso sería una irresponsabilidad.
¿No les preocupa que la ministra pueda salir fortalecida?
Esta no es una acusación para desprestigiarla a ella como autoridad política ni un libelo que tenga en consideración que ella pueda salir fortalecida. El objetivo es darle una señal al gobierno de que las leyes se respetan y defender la educación pública.
¿Pero no sería una derrota?
No, la derrota para el PS sería que la agenda del gobierno que tiene un fundamento ideológico muy fuerte detrás se llevara adelante plenamente en el Congreso. Esa sería la derrota. (La Tercera)
