Once litros de licor artesanal, 70 cargadores de celulares, 72 teléfonos celulares, ocho baterías de celulares, un serrucho, dos grameras, cuatro armas blancas, un taladro inalámbrico y 316 envoltorios de papel cuadriculado con sustancias verdes y blancas. Esto fue lo que Gendarmería requisó desde el módulo 12 del penal Santiago 1, un día después de que imputados de delitos en el contexto del estallido social grabaran un video explicando los motivos de la agresión de la que fue víctima el candidato presidencial Gabriel Boric, durante la tarde del viernes.
El abanderado mantiene una tensa relación con la Coordinadora de Presos del 18-O y también con la denominada Lista del Pueblo que, incluso horas antes de la agresión, subió a sus redes sociales una foto con una crítica directa a Boric. Daniel Jadue, su otrora contendor en la primaria de julio, también le había espetado antes de la elección que “gracias a él tengamos hoy día presos políticos en Chile”.
Pese a esto, el diputado ha intentado dar señales a las familias de estos imputados descartando de plano haber votado para endurecer delitos bajo los cuales algunos de ellos permanecen en prisión preventiva. Ello, en momentos en que busca evitar una fuga de apoyos por el flanco izquierdo de cara a la primera vuelta de noviembre.
A la carta del pacto Apruebo Dignidad (conformado entre el Frente Amplio y el Partido Comunista) no le habría gustado que se llevara a cabo esta diligencia. Así al menos se lo hizo ver el domingo al alcaide del penal Santiago 1, el coronel Óscar Luna, mediante una llamada telefónica. También lo hizo la diputada del mismo bloque Claudia Mix.
Según quienes supieron de esta conversación, Boric le pidió a Luna conocer las razones de las diligencias en que se sacaron elementos prohibidos al interior de las cárceles. El oficial le explicó que se trataba de un procedimiento normal, dado que los internos grabaron un video al interior del penal, a través de un celular, elemento que no está permitido al interior de las cárceles (al menos en el papel).
El llamado molestó y dejó inquietos a los oficiales de Gendarmería, quienes manifestaron que, incluso, esto podría ser una intromisión en labores operativas del personal carcelario. El presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop), comandante Alberto Figueroa, indicó que “me parece impresentable que un diputado pida explicaciones respecto de una situación netamente operativa, que tiene que ver con la labor que todos los días hacemos en las cárceles. Se trató de un registro y allanamiento para pesquisar elementos que están prohibidos”.
Figueroa agregó que “las autoridades deberían preocuparse de que las cárceles estén en orden, que no se vulneren los derechos de la población penal, claro, pero no restringir el ámbito de acción de los funcionarios de Gendarmería”.
El llamado de Boric al alcaide del penal se suma a otra solicitud que el diputado hizo el día que visitó Santiago 1. “Sufrimos una agresión menor, frente a la cual hemos solicitado que no se instaure ningún tipo de sanción, porque lo que se está viviendo al interior de Santiago 1, como en otras cárceles del país, ya es lo suficientemente grave e injusto”, dijo el viernes en un video que subió a redes sociales, en medio de sus intentos frustrados por acercarse al voto más duro de la izquierda.
Al parecer, este requerimiento tuvo efectos, dado que, hasta el momento, no hay sanción al interno en cuestión, identificado como Miguel Sepúlveda Montecinos (40), tras la expresa petición de Boric. El imputado cuenta con un amplio prontuario policial: 23 detenciones previas por delitos como lesiones, amenazas, robo, receptación, secuestro, incendios, entre otros. Está en prisión preventiva desde el 10 de febrero por lanzar objetos en la vía pública en medio de desórdenes públicos en el centro de Santiago.
Consultado Gendarmería por el “telefonazo” de Boric al coronel Luna, señalaron que “no corresponde que como institución nos refiramos. Y respecto del procedimiento, fue un registro y allanamiento que se realizan constantemente a lo largo del país de manera común y extraordinaria cuando se detectan vulneraciones a la normativa vigente o alteraciones del régimen interno”.
La Tercera PM se contactó con el equipo de prensa de Boric, sin embargo, hasta el cierre de esta edición aún no había una respuesta. Lo mismo ocurrió con la diputada Claudia Mix. (La Tercera)
