A una semana de las elecciones la presión de la atmósfera política tiende a subir. Las fuerzas políticas buscan conquistar a un electorado esquivo, mientras los pronósticos anticipan un vuelco del escenario de repercusiones insospechadas.
Desde los inicios de la filosofía se ha sostenido que los regímenes políticos tienden a decaer con el paso del tiempo. Los griegos establecieron, incluso, la secuencia de la transformación de una forma de gobierno en otra en un círculo sin fin. La democracia tiende a caer en la demagogia (populismo diríamos hoy), y este abre paso al autoritarismo cuando no a la dictadura.
Los sistemas requieren una renovación periódica para subsistir. Maquiavelo afirma “que es más claro que la luz que si (las repúblicas) no se renuevan no perduran”, y afirma que no debieran pasar más de diez años sin una reforma sustantiva que traiga a la memoria los principios originales del orden político, como la libertad, el gobierno popular, el imperio de la ley y la probidad pública.
Entre nosotros el último cambio de envergadura fue la introducción del sistema proporcional de elecciones el 2015, y anteriormente la reforma constitucional que puso término a los enclaves autoritarios el 2005. La protesta ciudadana del 2019 aceleró los tiempos, de por sí actualmente más vertiginosos.
Por eso resulta alarmante la indiferencia con que las personas observan el actual proceso constituyente, como si hubieran abdicado de su responsabilidad con el país.
Algunos intelectuales dogmáticos y políticos demagogos percibiendo el desinterés de la gente, están llamando a anular el voto cuestionando la legitimidad del actual proceso “secuestrado por la clase política”.
El grupo de expertos ha hecho un trabajo importante en poco tiempo. El borrador pasa cualquier prueba democrática. No es perfecto, pero sirve para enmarcar la discusión. Mantiene un equilibrio entre una visión liberal y otra de inspiración social. La propuesta recoge parte significativa de los avances que se vienen planteando en la academia desde hace años, y de las reivindicaciones de la ciudadanía.
Por ejemplo, además de la noción de Estado social y democrático de derecho, resulta revelador que se promueva transversalmente que los tratados de derechos humanos formen parte integrante del nuevo texto constitucional, y que los delitos más graves que atentan contra esas garantías sean imprescriptibles y no puedan ser amnistiados. Quedaría así bien resuelto un tema que fue motivo de áspera controversia durante la transición, incluso en los estrados judiciales.
Los focos de la prensa se han centrado en la controversia sobre la forma en que se consagra el derecho a la salud, estableciendo que los ciudadanos puedan elegir entre un régimen público y otro privado.
El punto de desencuentro no se refiere a la existencia de prestadores privados (clínicas y consultorios) junto a los del Estado, entendiendo que entre ellos debe existir más de un vaso comunicante, como quedó de manifiesto durante la pandemia.
El nudo gordiano está en el destino que debieran tener las cotizaciones obligatorias de salud, es decir, el 7% del ingreso que se nos descuenta para cubrir las prestaciones de salud, que hoy puede ir a FONASA o a una ISAPRE.
Como este no es un tema de índole constitucional propiamente tal, bastaría zanjar el asunto estableciendo en la Constitución que la forma de administrar esos fondos se hará conforme a la ley, dejando a los Poderes Colegisladores para ir resolviendo el tema según vaya evolucionando la sociedad. En un Estado social debe hacerse recurriendo a criterios de eficiencia y solidaridad.
Hay otros temas sustantivos que el borrador trata en forma demasiado sucinta. Ello ocurre, por ejemplo, con el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos. Dejada de lado la idea de la plurinacionalidad, no debería ser difícil concordar un enunciado más enjundioso siguiendo el Convenio 169 de la OIT, que según los diversos sectores políticos pasaría a formar parte de la nueva Carta Fundamental. Se trataría de explicitar el contenido de normas ya existentes.
Igual minimalismo se advierte en el acápite del Medio Ambiente, pero si uno revisa las indicaciones presentadas se advierte la voluntad de los expertos por desarrollar más la protección de la biodiversidad, y el derecho a vivir en un ambiente sano y saludable. Han tomado nota que esta es una de las demandas más sentidas por la ciudadanía, afligida por la contaminación y la crisis hídrica. En lo referente al uso de las aguas debería reforzarse lo resuelto recientemente en la reforma al Código de Aguas.
No ocurre lo mismo, sin embargo, con el capítulo sobre la descentralización política y administrativa. De su lectura se advierte que ningún sector tiene una propuesta coherente para dar vida, efectivamente, a un Estado unitario en que los gobiernos regionales y locales gocen de un conjunto significativo de atribuciones, como sucede por ejemplo en Francia o Portugal. Hay aquí un talón de Aquiles, que no se puede atribuir a los expertos, sino a la carencia de un consenso suficiente sobre la materia en la sociedad.
Donde los expertos echaron a volar la creatividad generando diversas instituciones llamadas a intervenir en la conducción de un área vital del Estado, es en el capítulo referido al Poder Judicial.
Aceptada la división entre la función jurisdiccional propia de la Corte Suprema en cuanto máxima instancia para fijar el sentido del derecho, por una parte, y el gobierno del Poder Judicial propiamente tal, por otra, la fórmula elaborada contempla la existencia de varios Consejos para conducir al personal de la Magistratura y para administrar su presupuesto, cuyas esferas de competencia no quedan del todo bien delimitadas. Además, habría un Consejo Coordinador cuya función sería armonizar a los diferentes órganos de dirección, pero sin un mando jerárquico claro.
Ahora bien, el cuadro actual puede cambiar bruscamente después del 7 de mayo si aumenta significativamente la representación de Republicanos y Partido de la Gente. ¿Elegirán los 2/5 de los Consejeros más uno (21), suficiente para bloquear las decisiones? Tal vez no, pero si logran un peso importante pueden crear un clima de confrontación que haga descarrilar el proceso, sobre todo si su votación nacional alcanza, o incluso sobrepasa a la de Chile Vamos. Otro factor será el peso relativo de Apruebo Dignidad y el Socialismo Dignidad, que no será de fácil percepción porque concurrió en listas separadas.
Otra hipótesis negativa, aunque improbable, es que las fuerzas políticas que respaldan al actual gobierno eligieran menos de 2/5 más uno, o sea 20 consejeros. Eso provocaría un desequilibrio que amenazaría el resultado del plebiscito de salida.
Todo parece indicar que el Consejo electo tendrá una composición bien diferente al Grupo de Expertos. Sólo queda esperar lo que dirán las urnas y sacar las consecuencias políticas de su veredicto. ¿Cómo reaccionarán el Gobierno y Chile Vamos: confirmarán el curso seguido por los expertos o se dejarán por el torbellino? (El Líbero)
José Antonio Viera Gallo
