El sueño de volver a ver ingresos fiscales sobre los US$ 5.000 millones provenientes de la explotación del litio en Chile está cuesta arriba. La cotización del denominado oro blanco acumula una profunda tendencia bajista en lo que va del año. Así lo reflejan los contratos en el mercado spot de China, su principal centro de consumo mundial, donde el boom experimentado durante 2022 parece haber quedado atrás.
Según datos recogidos por la plataforma financiera Investing, la tonelada métrica de carbonato de litio se transó a US$ 21.301 el 22 de septiembre. Si bien el nivel no marca aún el mínimo anual -el 25 de abril se cotizó en US$ 20.890 la tonelada- está muy cerca de igualarlo. El último precio de septiembre es 73% más bajo que el peak de noviembre de 2022, cuando se llegó a cotizar a US$ 80 mil.
Daniel Jimenez, socio director de la consultora especializada iLiMarket, no oculta su sorpresa por la corrección que ha mostrado el precio del litio.
“Para ser franco, yo no esperaba que bajara a este nivel. Pero lo que tampoco es de extrañar es que hay un sentimiento bien malo en China acerca de la economía y del futuro, y toda la cadena de valor, desde los productores de cátodos hasta los de baterías y autos, están todos tratando de bajar inventarios”, explica sobre los cambios que ha tenido en este ejercicio el precio del mineral.
El experto destaca que los precios spot de China “efectivamente reflejan el balance de oferta y demanda”, más allá de que en otros mercados los precios responden a contratos con mayores plazos y estabilidad de precios. Sin embargo, también reconoce que existe “un componente de especulación” en el precio, ya que el gigante asiático “sí tiene un interés en que los precios no sean demasiado altos, pero tampoco muy bajos”.
Sobre las perspectivas futuras, Jimenez cree que “los precios se van a estabilizar, y US$20 mil sigue siendo un muy buen precio, pero Chile ya perdió esta oportunidad, porque aparte de Atacama, no va a producir más litio en los próximos cinco, seis, siete o diez años”.
Si bien apunta a que ello responde al carácter no concesible del mineral en Chile, lo que a su juicio “se debió haber cambiado hace 15 años”, Jimenez también discrepa de la estrategia adoptada por el Ejecutivo para desarrollar la industria del litio en el país.
“Lamentablemente, desarrollar un proyecto nuevo en Chile, más aún con lo que se está proponiendo, nos va a tomar otros 10 años”, afirma, recordando la demora en la definición de los salares que serán protegidos ambientalmente, pero además cuáles serán declarados como estratégicos, lo que, bajo el lineamiento gubernamental, podrán ser explotados en alianzas público-privadas con participación mayoritaria de empresas estatales.
A eso, suma otra definición que, para él, no funcionará: la obligación de usar tecnologías de extracción directa de litio (DLE). “Son una suma de cosas que lo hacen muy complicado. Son tecnologías que no están suficientemente maduras. Entonces, no se puede apostar el desarrollo de una industria en base a eso”, sentencia.
La merma en la cotización tendrá su correlato en las rentas que percibe el Estado por la explotación del litio. Los contratos de arrendamiento de la Corfo, tanto con SQM como con Albemarle, establecen una escala de tasas que gravan las ventas desde un 6,8% cuando el precio es menor a los US$ 4.000 la tonelada métrica, hasta un 40%, cuando está sobre los US$ 10.000.
Eso sí, su efecto en la recaudación del Fisco no incidirá en forma directa, ya que las compañías suscriben contratos de suministro con precios que, si bien en su mayoría están indexados al mercado de corto aplazo, sus ajustes se producen en forma paulatina en el tiempo. Por ejemplo, en su última presentación de resultados del primer semestre, SQM detalló que el 85% de sus contratos siguen las tendencias del mercado spot. En el caso de Albemarle, dicha proporción corresponde al 80%. Requeridas, ambas compañías declinaron comentar las tendencias de precios a Pulso.
El economista de Clapes UC, Hermann González, recordó que los ingresos del litio no están identificados en las finanzas públicas, pero las estimaciones tanto de las empresas, como la Dirección de Presupuestos y el Consejo Fiscal Autónomo, apuntan a que en 2022 se generaron cerca de US$ 5.000 adicionales en recaudación fiscal gracias al litio. En ese sentido, enfatizó que las variaciones en el precio del mineral obligan a mantener la tradición de responsabilidad fiscal de Chile.
“Es un principio básico no comprometer gastos permanentes frente a recursos de los cuales tenemos incertidumbre sobre su persistencia”, remarcó.
En ese sentido, señaló que el tratamiento especial que se le otorga al precio del cobre permite comprometer gastos únicamente en la parte estructural del precio del commodity y obliga a ahorrar los ingresos transitorios que se dan en períodos de precios altos.
“En esa misma lógica, Hacienda hizo una propuesta de ajuste prudencial del litio, el CFA ha hecho comentarios de esa propuesta, en el sentido de hacerla aún más cauta, de ampliar la definición de ingresos que se está considerando, y ampliar también el período que se está considerando para tomar como referencia de largo plazo”, subrayó.
Hermann González también tiene reparos hacia la estrategia nacional del litio. Aunque cree que la baja del precio no será permanente, ya que los factores de largo plazo que no han cambiado, sí ve que “es una señal de alerta” tanto por el lado del gasto fiscal como por el despliegue de la industria.
“Creo que por el afán del gobierno de aumentar el rol del Estado, crear una empresa estatal, que es una cuestión bien ideológica, estamos dejando pasar esta oportunidad, y puede ser que lleguemos demasiado tarde, porque hay países que están avanzando bien rápido”, señala, destacando el caso de Australia, donde el litio sí se puede concesionar. (Pulso)