No deberíamos olvidar, a propósito de la génesis de la crisis, que primero fueron los saqueos, el fuego y la destrucción; después vinieron los desfiles y la algarabía. Primero fue la violencia en gran escala; después vino el relato indulgente y legitimador.
Así, los activistas de la devastación y el pillaje se beneficiaron del escudo humano que representaron los manifestantes pacíficos, y del libreto “social” que aportaron, entre otros, los comentaristas desaprensivos de la TV, los académicos que van de revolucionarios por los campus y los parlamentarios que rinden culto a “La Calle”, la nueva diosa. De este modo, la barbarie tuvo música de epopeya y una narración que dio a entender que había un fin noble detrás de los métodos ruines.
Y aquí estamos ahora, al cabo de cuatro meses, frente a los nuevos actos de violencia en Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Concepción, Puerto Montt y otras ciudades, mientras se nos amenaza con un marzo insoportable. La violencia ha sido central desde el principio, y constituye el problema político fundamental que enfrenta el país. Si no se le pone término, todo lo demás está en duda.
La oscura asociación de anarquistas, ultraizquierdistas, elementos del lumpen y bandas del narcotráfico consiguió desfigurar el país que existía en septiembre de 2019. Sostener que en ese entonces vivíamos engañados y que la situación real estaba oculta solo sirve como coartada a las fuerzas político-delictivas. Por cierto que había malestares y reclamos justificados el año pasado, pero Chile no estaba en crisis; hoy sí lo está, y sabemos cómo llegó a este punto.
Los promotores del caos han buscado debilitar al Estado, inhabilitar a las fuerzas policiales y crear espacios en los que no haya Dios ni ley. No quieren que el país recupere la paz ni el orden. Necesitan que el miedo se le meta en el cuerpo a Chile. En los hechos, encarnan una forma de sabotaje a la vida en libertad. No puede haber confusiones al respecto: o el Estado deja el campo libre a los activistas del caos, o impone el respeto a la ley con los medios apropiados. El Gobierno tiene el deber de emplear los recursos que la Constitución y las leyes le entregan para proteger a la comunidad.
¿Habrá plebiscito en abril? Cuesta imaginarlo si se mantienen las actuales condiciones. Precisamente por eso se requiere que los partidos que firmaron el Acuerdo del 15 de noviembre dialoguen ahora mismo respecto de los diversos escenarios que pueden crearse, y sobre la necesidad de dar una respuesta conjunta, que ponga en primer lugar la defensa de la paz interna y la estabilidad institucional.
Puede haber buenos argumentos para votar por una u otra opción, pero el problema es qué hacer hoy para que el Estado de Derecho no quede en una especie de interregno, a la espera de las definiciones del proceso constituyente. La incertidumbre es muy perniciosa para nuestra convivencia. Si además surgen voces como la del alcalde de Valparaíso, que dice que el FA debe aprovechar el proceso para “ir por todo”, hay motivos suficientes para ponerse en guardia. Quienes ocupan cargos de representación deben tener un compromiso inequívoco con los procedimientos democráticos.
Está claro que los encapuchados no quieren ninguna Constitución. Es previsible incluso que, cualquiera que sea el resultado del plebiscito, mantengan su estrategia de “guerra social” (para la cual es probable que hayan recibido financiamiento). En consecuencia, no puede haber contemporización alguna con ellos. No se trata solo de aplicar mano dura, como piden amplios sectores, sino de impulsar también acciones políticas dirigidas a conseguir su aislamiento y neutralización.
Todos los partidos representados en el Congreso tienen la obligación de resguardar el orden constitucional, más allá de que sean partidarios de cambiar esto o aquello. Esa lealtad es incompatible con las ambigüedades frente a la violencia o cualquier iniciativa que afecte las bases del orden democrático. Es obvio que no puede haber parlamentarios que tengan un pie en el Congreso y el otro en la sedición.
Habría sido mejor que el debate constitucional no se produjera en un contexto de crisis, en el que se han acumulado demasiados factores de tensión, pero, en fin, ese fue el compromiso de casi todos los partidos, ratificado luego con una reforma constitucional, y corresponde respetarlo.
Sin embargo, los alineamientos en torno al Apruebo o el Rechazo no deberían impedir el diálogo acerca de las instituciones que corresponde salvaguardar en cualquier situación, gane una u otra opción. Esto implica reafirmar los consensos que, a lo largo de 30 años, permitieron aprobar numerosas reformas constitucionales por amplia mayoría en el Congreso y que, consiguientemente, no pueden lanzarse por la borda. El país no debe caminar a ciegas.
Se requiere un acuerdo transversal que trascienda las opciones del plebiscito y que establezca un consenso republicano para cambiar lo que sea necesario y proteger lo que merece ser conservado, ya sea por la vía de un texto nuevo o mediante otras reformas al texto actual. Lo esencial es reforzar los cimientos del edificio democrático. Esa es la condición absoluta para que Chile supere las dificultades y vuelva a progresar.
Sergio Muñoz Riveros
