Sería políticamente suicida para los diputados de centro y derecha votar a favor de una reforma que no tiene apoyo técnico ni ciudadano. También lo sería para los diputados de gobierno, atrapados en cegueras ideológicas. La reforma es injusta, perjudica a la clase media, sembrará ilusiones de aumentos de pensión y favorece la estatización de nuestros fondos.
En la última encuesta Criteria, en números redondos, el 70% quiere que el 6% de cotización adicional vaya a su cuenta y quiere elegir quién le presta los servicios previsionales. La reforma ofrece lo contrario.
Es injusta porque un 3% de cotización adicional iría a un fondo estatal y no a las cuentas individuales. Con ello los trabajadores pierden la propiedad, la rentabilidad y la heredabilidad de ellas.
Es injusta porque para subir las pensiones de los actuales jubilados, quita cotizaciones y, por tanto, pensión futura a los cotizantes. Por ejemplo, un cotizante promedio joven aportaría al fondo estatal y no obtendría ningún beneficio por no cumplir los requisitos. Mientras tanto, un jubilado, sin aportar al fondo, recibirá $110.000 de mayor pensión a pesar de que ambos tengan 30 años de cotización. David Bravo y Joseph Ramos han calculado que las tasas de reemplazo de los cotizantes van a ser menores que las tasas de reemplazo de los actuales jubilados, lo que profundiza la injusticia.
También es injusta porque los aumentos de pensión que ofrece el fondo solidario a los cotizantes son proporcionalmente menores, mientras más años coticen.
Perjudica a la clase media, que aportará cotizaciones al fondo estatal, pero muchos recibirán poco o nada de este, cuando ese sector es el que más necesita que el aumento de cotizaciones vaya a su cuenta individual. Un ejemplo: un cotizante joven de clase media con un sueldo de $1.500.000 líquido habría aportado $26 millones al fondo solidario en 32 años de cotización y no recibiría nada de él. Si esas cotizaciones hubieran ido a su cuenta individual, en lugar de perder 30 millones, el cotizante, al jubilar, tendría $42 millones en su cuenta.
Sembrará ilusiones de aumentos de pensión que se volverán desilusiones, porque convierte en humo el alza de la PGU, que habría beneficiado al 90%, al condicionarla a un nivel de carga tributaria lejano y pernicioso para el país.
También ofrece ilusiones porque los aumentos de pensión para los pensionados actuales serían acotados: 40% de los hombres y un 50% de las mujeres no recibirían ningún aumento. Un 10% de los hombres y un 21% de las mujeres recibirían incrementos poco significativos, inferiores a $11.000 mensuales. Por tanto, la mayoría no se verá verdaderamente beneficiada.
Favorece la estatización total o parcial de la administración de los fondos, dejándolos al alcance de cualquier gobierno. Eso es peligroso para los trabajadores. Argentina y Bolivia ya recorrieron este camino y los fondos de los trabajadores desaparecieron en manos de políticos inescrupulosos.
La reforma establece un monopolio privado o público para atender el servicio previsional (¿ahora los monopolios serían buenos?) y busca, a través de normas que inhiban la existencia de privados, que no exista un real derecho a elegir administrador ni gestor de inversiones para que todo quede en manos del Estado.
En cinco años un gobierno que quiera controlar los fondos y el mercado de capitales, podría hacerlo. Bastará con que ofrezca la comisión más baja para ganar las licitaciones anuales del stock de fondos y adquirir los afiliados nuevos y antiguos. ¿Qué gestor privado podrá competir con una empresa pública cuyas pérdidas las financia el Estado? Además, los privados no podrán tener vendedores ni podrán publicitar su experiencia.
Un Estado que domine los fondos de pensiones dominará también el mercado de capitales facilitando la politización de la economía, la arbitrariedad, una mala asignación de recursos y poniendo en peligro la democracia y la libertad.
Existe un camino alternativo a la reforma para subir las pensiones de una vez: un 4% a las cuentas individuales propiedad de cada trabajador. No hay espacio en la economía para cotizar por más porcentaje. PGU a $250.000 y abrir la puerta a muchos administradores privados y uno público, cambiando el sistema de comisiones, para incluir un premio o castigo para administradores según la rentabilidad de los fondos. (El Mercurio)
Bernardo Fontaine
