La crisis que se está viviendo en nuestro país en el Poder Judicial es grave y preocupante. Cada día suman más antecedentes, los últimos al momento de escribir esta columna, nuevos cargos a la Ministra Vivanco por posibles irregularidades en la tramitación de 8 causas por denuncias de relatores y el allanamiento a su domicilio.
Esta crisis ha llevado a que vuelva a ponerse en el tapete una reforma al sistema de nombramiento del Poder Judicial, no solo de los Supremos -quienes hoy están principalmente en cuestionamiento- sino de toda la judicatura. Se trata de una discusión que no es nueva. Existen diversos proyectos de ley en la materia y ya la propia Corte Suprema instó a una reforma hace 10 años atrás, a raíz de escándalos de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Sin embargo, no se trata de un tema que solo se discute en Chile. Si miramos un poco más al norte, en México se acaba de aprobar una reforma muy cuestionada del presidente saliente, Andrés López Obrador, donde se cambia el sistema de selección por votación popular. Con no pocas polémicas en las votaciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la mayoría abrumadora del movimiento gobernante Morena se hizo escuchar.
Tal como han señalado numerosos estudios e instancias internacionales, los mecanismos de selección de jueces y juezas deben velar para que el Poder Judicial goce de independencia e imparcialidad y se base principalmente en la idoneidad, mérito e integridad de las personas, para lo cual la participación ciudadana y publicidad se vuelven elementos clave. Esto, porque como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la independencia judicial tiene un impacto en toda la sociedad”, algo que no podemos dudar luego de los cuestionamientos que hoy se ven a nuestra propia Corte Suprema.
Así, como indica un reciente estudio, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido algunos elementos centrales de la independencia judicial como: el procedimiento para nombrar jueces y las calificaciones que se exigen para realizar dicho nombramiento; las garantías relacionadas con la estabilidad en el cargo; las condiciones que rigen los ascensos, traslados, la suspensión y la cesación de funciones de jueces y juezas; y la independencia efectiva del Poder Judicial frente a la injerencia política. El mismo Comité ha instado a países como Estados Unidos a sustituir su sistema de elección popular por un sistema de nombramientos basados en el mérito y decididos por un órgano independiente.
La reforma llevada a cabo por el Presidente mexicano ha sido muy criticada dado que una elección popular de jueces y juezas no necesariamente se basará en criterios objetivos como la experiencia profesional o la formación académica, la trayectoria profesional y la idoneidad de las candidaturas y, más que “democratizar la justicia”, puede llevar a politizarla y a afectar seriamente su independencia, como ha señalado Human Rights Watch, especialmente en un país donde ya el partido gobernante cuenta con mayoría calificada en el Congreso, si el día de mañana ocurre lo mismo con el Poder Judicial, afectando gravemente la separación de poderes y los controles cruzados.
Un estudio sobre Estados Unidos evidencia que los jueces electos popularmente tienden a decidir de acuerdo con el partido o autoridades (demócratas o republicanas) que los han apoyado o que los apoyarán en la siguiente elección. Si, además, incluimos la variable del crimen organizado que azota México, puede ser un cocktail explosivo.
Esto no impide a que debamos aumentar la participación ciudadana y el escrutinio público a lo largo del proceso de selección judicial. De hecho, es clave que haya mayor rendición de cuentas de quienes participan en éste y las razones por las que apoyan ciertos nombres, no solo en la discusión en el Senado, sino antes, dentro del mismo Poder Judicial. Una rendición de cuentas se ha visto más efectiva para la aplicación de decisiones más racionales y criterios objetivos, por sobre sesgos o influencias indebidas.
Por eso, debemos ser cuidadosos a la hora de realizar cambios relevantes a los mecanismos de selección y no dejarnos llevar por las pasiones que los hechos que se ventilan e investigan actualmente pueden desatar. Un mecanismo inspirado en el “que se vayan todos”, como podría ser la elección popular, puede ser un remedio peor aún que la actual “enfermedad”.
Es de esperar que haya altura de miras en la discusión que se dará y sin calculadora política o electoral de por medio, sino buscando un sistema que vele por los mejores intereses del Estado y fortalezca la independencia, imparcialidad y profesionalismo del Poder Judicial, clave en un Estado de Derecho y más aún en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. (Ex Ante)
María Jaraquemada
